En noviembre próximo se cumplirán 30 años desde que un comando especial militar entró y asesinó a los sacerdotes que dirigían la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La búsqueda de justicia y reparación por este crimen ha enfrentado múltiples obstáculos, en especial, desde el Estado salvadoreño. Pero, todo este tiempo, la sociedad civil y abogados con experiencia internacional han persistido en la causa.
En España, la historia es diferente. Después de 10 años de luchar sin descanso contra la impunidad, los fiscales de ese país y un grupo de abogados particulares han conseguido llevar el llamado Caso Ellacuría hasta el final de la fase de instrucción. Es decir, las dos partes han tenido la oportunidad de acumular información, pruebas, testimonios y todo el material que permita sostener sus argumentos hasta la siguiente fase: las vistas, es decir, las audiencias.
Se le conoce Caso Ellacuría por el jesuita Ignacio Ellacuría, una de las víctimas. Las otra son Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López, todos sacerdotes jesuitas españoles. También son víctimas Joaquín López y López, jesuita salvadoreño, más Elba y Celina Ramos -madre e hija-, que murieron en el mismo acto criminal.
El único imputado que ha llegado hasta esta etapa es Inocente Montano, excoronel del Ejército salvadoreño y exviceministro de Defensa durante la guerra civil de los ochenta. Montano se sentará en el banquillo de los acusados a finales de este año, enfrentando cargos por ayudar en la planificación del asesinato de los cinco sacerdotes jesuitas españoles. La fiscalía pide una pena de 30 años en la cárcel por cada una de las víctimas de origen español: en total, 150 años. La acusación particular pide aplicarle también la pena por el jesuita salvadoreño y las dos empleadas asesinadas, por tanto, piden ampliar a 240 años. Los delitos que se le imputan a Montano están sustentados por el principio de justicia universal.
El mayor impulso que tuvo la causa en los tribunales españoles fue por el esmero que pusieron los letrados Almudena Bernabéu y Manuel Ollé, quienes lograron que se abriera en la Audiencia Nacional de España. El reconocido juez Eloy Velasco fue quien dio trámite al caso. Bernabéu ahora dirige el Guernica Group y Ollé es catedrático de la Universidad Complutense.
Sin embargo, aunque el caso trascendió a escala internacional desde los tiempos de la guerra, no ha sido posible que los altos mandos respondan por sus acciones, a pesar que hay pruebas que los incriminan. El periódico español EL MUNDO publicó un “acta del asesinato”, que consigna que los altos mandos del Ejército sí planificaron y mandaron a ejecutar la matanza.
Imagen del documento que EL MUNDO obtuvo y publicó en 2009.
De hecho, EL MUNDO reportó que estarán entre los 23 testigos convocados para la vista oral, por ser quienes revelaron al público, en 2009, la existencia del “acta del asesinato”. En ese documento, el autor reproduce una conversación que ocurrió en noviembre de 2009 entre Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor del Ejército, y Montano. Ahí hablan directamente de “la eliminación” de Ellacuría “sin dejar testigos”. Este acta quedó como parte de las pruebas que se admitieron para el proceso, de ahí que el exsubdirector de EL MUNDO, Antonio Rubio, esté citado para el evento con Montano. También irán Bernabéu y Ollé.
La muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles y uno salvadoreño marcó un punto de inflexión en la guerra salvadoreña: la comunidad internacional reaccionó contundente y era cada vez más difícil esconder las atrocidades que había cometido la Fuerza Armada.
Bernabéu ha sido insistente en que el expresidente Alfredo Cristiani (1988-1992) debe enfrentar también la justicia. Medios internacionales revelaron también un audio en el que Cristiani admite que sí tenía conocimiento de que los altos mandos militares buscaban el momento de acabar con Ellacuría. Según Bernabéu, conocer de la preparación de este crimen puede acarrear consecuencias penales para el expresidente salvadoreño.
Ellacuría fungía como rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) cuando fue asesinado la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Esa noche, los autores de la matanza también acabaron con la vida de los colegas de Ellacuría y con dos colaboradoras con lujo de barbarie, con las características que asemejan a una ejecución.
El exrector universitario había sido crítico de la violencia ejercida por los militares y también criticó la beligerancia de la guerrilla. De hecho, Ellacuría abogó por una solución negociada entre las partes y sus posturas eran incómodas para quienes buscaban mantener los métodos de la guerra para resolver el conflicto.
En El Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA continúa empujando el caso para dirimirlo en la justicia savladoreña. Sin embargo, no ha sido posible que los altos mandos señalados comparezcan o respondan por las acusaciones que enfrentan.
