Abarca lo político, lo tecnológico, y lo comunicacional. Consiste en la convergencia tecnológica del predominio de internet, las redes sociales, las aplicaciones; la concentración excesiva de medios nacionales, los intentos de recuperar el control de los medios por parte de los Estados, la persistencia de obsesiones por controlar y vigilar contenidos de parte del poder político.
Este contexto vario pinto refleja además la conversión de medios en actores políticos ante la recurrente demanda de que el ciudadano sea defendido frente al poder de los medios; dentro de estos, los que siendo públicos se dedican a la propaganda, y un interesante surgimiento: los políticos o sus adeptos que cada día luchan por incidir en la opinión pública, mediante actitudes propias del sensacionalismo que tanto se critica a algunos medios.
Resultado de este panorama es el predominio de las redes digitales en las campañas proselitistas, teñido de la lógica del todo vale. Como resultado, no hay contextualización, contraste de datos, diversidad de fuentes y verificación. ¿Y las audiencias? La mayoría se conforma con subirse al tren de la conexión digital, sin opción de recibir contenidos útiles para la toma de decisiones; lo cual no es su responsabilidad.
Como ha dicho Omar Rincón, en este escenario tiene validez preguntarse cómo construir soberanía comunicacional; porque es necesario contar con opciones para que la libertad de expresión sea una plataforma amplia que incluya la diversidad y pluralidad de ideas, donde los Estados y sus ciudadanos cuenten con políticas públicas definidas y orientadas hacia la soberanía comunicacional.
Lo que se observa en muchos países de la región es que se ha reducido las fuentes informativas, se han estandarizado hasta los formatos de entretenimiento (revistas matutinas, programas de concursos, por ejemplo); el debilitamiento de la calidad de la información, y para los periodistas, la precarización laboral. Un asunto fundamental es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y los sistemas de redes digitales y telecomunicaciones. Su relevancia está determinada por el fenómeno de que existen nuevos actores, más medios, pero menos diversidad y sí mayor concentración de la propiedad. Eso ocurre en México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil.
De eso ya ha fijado postura la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al proponer ejes concretos de actuación: pluralidad de voces, diversidad de voces, no discriminación. El enfoque es práctico: para que haya pluralidad de voces deben tomarse acciones antimonopólicas; existiría diversidad de voces mediante la inclusión social, y no habrá discriminación cuando sean adoptadas medidas de acceso en condiciones de igualdad en los procesos de asignación de frecuencias.
Es difícil en el sistema de medios tradicionales, y mucho más en el escenario actual de conglomerados de telecomunicaciones que no están sujetos a políticas de los Estados, y que más bien establecen sus reglas de juego destinadas a consolidar la concentración. La soberanía de la comunicación es medular para pensar en que exista una real democracia, principalmente en América Latina, región que según diversos estudios es la de mayor concentración de medios del mundo.
La democratización de medios no solo es el acceso a estos, incluye los modos como se concentran en pocas manos. Un fenómeno atado al predominio de la propiedad privada, el movimiento de las fuerzas del mercado, y los compromisos de la propiedad con el poder político, signos comunes en la región.
Este escenario pone en perspectiva la necesidad de actualizar las regulaciones obsoletas para actuar a la misma velocidad de la industria.
