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domingo, 26 de septiembre del 2021

Síntomas Reservados

"Durante el año se han multiplicado actos que no abonan al ejercicio de la libertad de expresión, como la narrativa de desprestigio, acoso fiscal, intercepción de comunicaciones, seguimiento a periodistas", asegura Dominguez.

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El decreto legislativo número 380, publicado en el tomo 223 del Diario Oficial número 109 del 16 de junio de 1969 le confiere vida legal al Día del Periodista de El Salvador, a partir del 31 de julio de cada año.

En los considerandos, los legisladores plantean en el decreto “que en la actualidad el periodismo salvadoreño ha contribuido con su labor seria y orientadora a la solución adecuada de nuestros problemas”; además de recordar el papel del prócer José Matías Delgado en la publicación del primer periódico del país, el Semanario Político Mercantil, el 31 de julio de 1824.

Más allá de la sinceridad del lenguaje legislativo, en ese momento el país vivía una compleja situación político social. En 1967 hubo varias huelgas en fábricas como IUSA, ACERO, de obreros ferroviarios, descargadores de los puertos de Acajutla y Cutuco.

Un año después el magisterio nacional proclamó una huelga general. 1967 y 1968 además fueron años de crisis social derivada del proceso de integración contenido en el Mercado Común Centroamericano, cuyo fracaso provocó la guerra entre El Salvador y Honduras de julio de 1969. (No, no fue por el resultado de la eliminatoria al Mundial de México 1970).

Desde 1932 hasta 1979 el país fue gobernado por militares. En los años setenta hubo una especie de guerra sucia contra medios de comunicación por parte del gobierno, alentada por sectores radicales que buscaban imponer su verdad.

La Crónica del Pueblo, El Independiente, el semanario Orientación, la emisora YSAX, la imprenta de la UCA, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy son algunos medios o expresiones de difusión del pensamiento contra las que hubo atentados dinamiteros, tiroteos, amenazas, asesinato de periodistas o colaboradores. Algunos sobrevivieron mediante el exilio.

Ahora esa página está cerrada, dirá alguien. Hay plena libertad de expresión y no ocurren hechos como esos. La hostilidad contra algunos medios de comunicación y periodistas se acerca peligrosamente a ese nivel.

La descalificación al trabajo periodístico es una constante practicada por el gobierno, que ha sido registrada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ningún momento es aceptable tolerar, o avalar malas prácticas periodísticas, alejadas del componente ético; hay una diferencia entre esto y fomentar, hacer apología a la violencia con velocidad viral, porque los contenidos no son del agrado propio.

En una audiencia sobre libertad de expresión en el país en diciembre de 2020 en la CIDH, la representación estatal no respondió muchas preguntas sobre asuntos medulares, como libertad de expresión, rendición de cuentas, acoso, amenazas contra medios llamados “incómodos” y sujetos que reclaman transparencia en la gestión gubernamental.

Durante el año se han multiplicado actos que no abonan al ejercicio de la libertad de expresión, como la narrativa de desprestigio, acoso fiscal, intercepción de comunicaciones, seguimiento a periodistas. (práctica que se remonta al gobierno anterior).

En el trabajo cotidiano, periodistas que cubren la Asamblea Legislativa denuncian seguimiento en sus desplazamientos en ese órgano estatal por agentes policiales. Se impide el acceso a funcionarios mediante límites de preguntas en conferencias o establecer temas únicos; la prioridad para formular preguntas es para los medios estatales o controlados por este.

En aquella audiencia el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, expresó con claridad una posición aún vigente: los gobiernos no pueden actuar como tribunales ad hoc de la prensa, para establecer qué medios son acertados en su trabajo, porque «estos son síntomas reservados para regímenes autoritarios».

Esto porque los estados son los primeros obligados a promover un ambiente favorable a la libertad de expresión.

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Carlos Domínguez
Periodista salvadoreño; defensor de los derechos humanos. Colaborador y columnista de ContraPunto
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