La mascare de El Mozote, arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas cometidas entre 1975 y 1989 son algunos de los casos que han resurgido y buscan justicia después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993.
La Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional el pasado 13 de julio, defensores de derechos humanos y víctimas de la guerra es “una luz en medio de la impunidad” que ha reinado en los crímenes cometidos durante el conflicto armado que afectó 12 años a El Salvador.
El primer caso en judicializarse después de esa acción fue el de la masacre de El Mozote, cometida en 1980 en Morazán, en la que murieron más de 1.000 campesinos; la demanda de reabrir el caso fue hecha el 17 de agosto por abogados y familiares de las víctimas.
La respuesta a esa petición fue favorable, pues el juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Alberto Guzmán, ordenó el viernes 30 de septiembre reabrir debidamente la acción judicial de la masacre de unos 1.000 campesinos indefensos por tropas del Ejército en una operación antiguerrillera. Las exhumaciones de El Mozote han dado inicio y están a cargo de un equipo forense argentino que trabaja en el caso desde 1990.
Otras denuncias que han sido interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) ante la Fiscalía General de la República (FGR) son el caso de Rafael Segura, cometido en 1983, quien fue capturado y torturado por cuerpos seguridad; la desaparición forzada de María Florentina Escobar cometida el 20 de octubre de 1980 en Ciudad Arce; el asesinato de la profesora María Cristina Gómez, quien pertenecía a ANDES 21, crimen cometido en abril de 1989.
Además denunciaron la desaparición forzada del doctor Alejandro Mira Zetino en mayo de 1983 y el asesinato de Roberto Antonio Miranda López en la masacre del 30 de julio de 1975. Al interponer la denuncia, Silvia Cuéllar, abogada del IDHUCA, aseguró que las acciones son parte de los esfuerzos legales para buscar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la guerra. Además aseguró que los casos denunciados cumplen con los requisitos para ser investigados.
El último caso, que podría tomar realce en el contexto de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y por la resolución de la CSJ que ampara a las víctimas, es el de la masacre de más de 300 campesinos de El Calabozo, ocurrida en San Esteban Catarina, San Vicente, entre el 17 y el 22 agosto de 1982.
Ante el caso de El Calabozo, Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, aseguró que la resolución de la Sala es “un camino hacia la verdad y la justicia de las víctimas de El Calabozo” sobre todo por la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Por su parte, Ovidio Mauricio, representante de Tutela Legal “María Julia Hernández”, señaló que si bien sin la Amnistía existe una esperanza de justicia para las víctimas de la guerra “Es difícil la investigacion de estos casos por el tipo de procesos que deben seguirse, la falta de voluntad o las limitaciones institucionales juegan en contra”, aseguró.
Asimismo aseguró que es necesario actuar con rapidez en los casos de la guerra, debido a que existe una amenaza en contra de la justicia y es “que no se logre en estos próximos dos años avanzar (en las investigaciones) y que al cambio de una Sala (CSJ) quieran darle vuelta a la sentencia y poner freno otra vez a la búsqueda de justicia”, ante la posibilidad de este escenario instó a las organizaciones de derechos humanos a estar vigilantes y garantizar el derecho de las víctimas.
Por otro lado, la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, aseguró que el rol de la entidad será el de acompañar a las víctimas para que cese la impunidad en los casos ocurridos durante la guerra.
