Los Relatores Especiales de Libertad de Expresión han emitido una Declaración Conjunta sobre los desafíos en la materia para los próximos diez años, como seguimiento a los mandatos intergubernamentales vigentes durante las últimas dos décadas, que han servido para interpretar las garantías que desde los Derechos Humanos se le brinda a la libertad de expresión y orientar a los sectores directamente vinculados: periodistas, empresarios, medios de comunicación, académicos, organizaciones de la sociedad civil y profesionales del derecho.
Tales pronunciamientos han sido decisivos para dar a la libertad de expresión bases normativas que destacan su importancia para el desarrollo sostenible, y la democracia. Incluye la promoción, defensa de los demás derechos y acciones para enfrentar la incitación a la violencia, el terrorismo y la propaganda.
El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se declaran alarmados por lo que consideran persistencia de la violencia y la persecución contra periodistas, activistas del derecho a la información, personas defensoras de derechos humanos, entre otros, por ejercer su derecho a la libertad de expresión; así como también por el hecho de que aún persiste la impunidad de los asesinatos y los ataques.
En la Declaración Conjunta del Vigésimo Aniversario: Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década se reconoce el acceso y el uso de Internet como un derecho humano, considerado esencial para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Los relatores establecen como desafíos la protección de la libertad de expresión en aquellas leyes que puedan impactar en el contenido en línea. También llaman a los Estados a no imponer bloqueos en la red de Internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones y a brindar condiciones para que el acceso a Internet sea universal y asequible.
El control que ejercen empresas privadas sobre las redes sociales y plataformas de búsqueda sobre las comunicaciones es una amenaza para la libertad de expresión. Por eso la Declaración llama a que se apliquen formas de rendición de cuentas, que incluyan mecanismos de supervisión para abordar reglas privadas de moderación de contenidos que podrían contrariar la libertad de expresión como derecho de toda persona.
Una referencia directa está contenida en la necesidad de medidas de regulación sobre los modelos de negocios de ciertas empresas dedicadas a la tecnología digital, que dependen de modelos publicitarios que estimulan la viralización de contenidos, engaños, desinformación y expresiones de odio.
Otro desafío es la búsqueda de soluciones basadas en los derechos humanos para enfrentar los efectos de la desinformación, las falsificaciones tecnológicas profundas "Deep fakes", de manera transparente, creíble y orientada, con pleno respeto de los estándares internacionales en materia de legalidad. Se alienta la adopción de medidas inmediatas y significativas para proteger la seguridad de los periodistas y otras personas que sean atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad de dichos ataques.
Asuntos como este último es necesario que sean abordados con urgencia en El Salvador. La serie de ataques a periodistas en redes sociales, que incluyen expresiones de violencia verbal, y física como desear abusos sexuales o el asesinato de mujeres periodistas o defensoras de derechos humanos muestran la gravedad de la situación; ser indiferente es ser cómplice.
