El proceso de elección del procurador o procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ha culminado; y en la Asamblea Legislativa, la subcomisión que se conformó para entrevistar a los aspirantes terminó las el proceso y entregaron a la Comisión Política su informe.
El acuerdo al que se llegó es que el miércoles próximo cada grupo parlamentario presente cinco propuestas de aspirantes a ocupar el cargo.
Pero el procedimiento que utilizó el Palacio Legislativo, similar a la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha sido cuestionado por 13 organizaciones conformadas en la Mesa por el derecho a Defender los Derechos Humanos en El Salvador.
Con base a un comunicado que hicieron público, lamentan que el proceso de elección no haya hecho público el establecimiento de ningún baremo de criterios estandarizados para valorar y evaluar las candidaturas. Por ejemplo: Las preguntas sobre temas de relevancia en materia de Derechos Humanos no se realizaron sobre los retos y desafíos que implican de cara a responder a los compromisos con tratados y convenios internacionales, sino sobre las posturas y opiniones personales de las personas postulantes.
A criterio de dichas organizaciones, parece que la trasmisión de las entrevistas y la realización de las mismas de forma pública generó una expectativa de avance en materia de criterios democráticos y de garantía de Estado de Derecho en el resultado del informe que presentó la subcomisión. No obstante, el informe presentado solamente muestra un resumen de los currículos de los candidatos y candidatas, lo que resulta insuficiente para tomar una decisión basada en criterios de idoneidad por conocimientos y experiencia y además de legitimidad moral y ética para ocupar tal cargo.
Entre los 24 aspirantes, está la actual procuradora, Raquel Guevara de Caballero, que busca su reelección. Cabe mencionar que a los trece días de haber tomado posesión, lo primero que hizo fue beneficiar a su hijastra a la que, de tener una plaza de $1,200, le aprobó un incremento de $1,800; y por si fuera poco, a los seis meses le dio otro aumento de $100.
Los procesos de elección de funcionarios segundo grado por parte del Palacio Legislativo han sido cuestionados. Por ejemplo, cuando nombraron a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral a finales de julio, algunos fueron puestos fueron observados por sus vínculos políticos, como el caso de Guillermo Wellman, quien fue asesor del grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
También, fue criticado el nombramiento de Noel Orellana, exgerente de Operaciones Legislativas de la Asamblea. Tiene expedientes pendientes en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica en 2015. Incluso Orellana donó $26,000 al Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el 2006.
Es más, a este personaje le atribuyen los delitos de supresión, obstrucción y ocultación de documentos.
Es probable, luego de culminado el proceso de la subcomisión, que en la sesión plenaria de la próxima semana, se elija al o a la procuradora de los Derechos Humanos para el período 2019-2022.
