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martes, 03 de agosto del 2021

¡Sálvese quien pueda!

“Los flujos migratorios contemporáneos en la región […] se han visto influenciados por diversos factores que han cambiado la dinámica de los mismos. Los nuevos modelos de producción, así como las desigualdades socioeconómicas, la violencia e inseguridad y las amenazas naturales provocadas por el cambio climático han incrementado la movilidad humana desde y hacia la región”. Esa es la primera gran conclusión del informe elaborado por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) mediante el cual se conocieron, en julio del 2019, los “hallazgos” en materia de migración y desplazamiento dentro de su entorno territorial. Meses después, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó “Tras los pasos del migrante”; este documento revela las “perspectivas y experiencias” de las poblaciones guatemalteca, hondureña y salvadoreña en Estados Unidos.

Ambos estudios fueron elaborados cuando aún no había incursionado en sus países de origen la COVID-19. En ese entorno prepandémico, del segundo de estos trabajos vale la pena rescatar algunos aspectos tales como la motivación de las personas para abandonar sus tierras. El  74 % alegan “razones  económicas”; a la hora de especificar resulta que las chapinas alcanzan el 87 %, las catrachas el 75 y las guanacas el 68. Pero estas últimas, en un 54 %, sostienen que su riesgosa huida es culpa del “desempleo” y se colocan con ese argumento por encima de las nacidas en los países vecinos. En conjunto, el 35 % de quienes optaron por largarse de sus terruños arguyen como motivo para ello la falta de trabajo o los muy bajos salarios.

¿Por qué hablar de huida y no, como se acostumbra, de desplazamiento forzado? Pues porque en las realidades observadas, son sinónimos. La primera, según el diccionario ‒conocido coloquial y acertadamente como “tumbaburros”‒ significa “acción de huir” y huir entraña “alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro”; el desplazamiento forzado ocurre, tal como lo precisó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1984, cuando personas o grupos de personas son “obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos”.

Y el hambre obliga a mucha, a muchísima gente de los países examinados a cruzar sus fronteras patrias pues quién no le teme a este cuando acecha o se instala en las familias, sin distinguir sexo o edad. El hambre no solo es también un peligro para el desarrollo humano digno de las personas; también es una flagrante y múltiple violación de sus derechos. Desde su aprobación en la Conferencia Mundial de la Alimentación el 16 de noviembre de 1974, quedó establecido en la Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición que “hombres, mujeres y niños” ‒sin excepción‒ “tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales”.

Así, pues, este mal estructural que ha imperado en nuestro “triángulo norte” es causa de huida o desplazamiento forzado. Llámele como mejor le parezca. Pero también lo es su par: la violencia, la inseguridad… La sangre derramada históricamente, sobre todo por sus mayorías populares forzadas a desplazarse dentro o fuera de sus países no para evitar la muerte lenta producto de la pobreza, sino para salvarse de su muy probable muerte violenta. O, a fin de cuentas, de ambas.

En 2018, cuando se realizó la encuesta base utilizada para la publicación del BID, El Salvador superaba a Guatemala y Honduras en los dos principales indicadores considerados; también al promedio de los tres países juntos. Al preguntar sobre “el hecho de violencia que en particular lo impulsó a tomar la decisión de migrar”, el 48 % de la población salvadoreña respondió “las pandillas” y el 15 “las amenazas”.

Con la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo, casi inmediatamente y de “sopapo” se redujeron las muertes violentas intencionales; eso se ha mantenido a lo largo de su administración, salvo lo ocurrido excepcionalmente en un par de ocasiones cuando se dispararon como un probable mensaje de las estructuras criminales en cuanto a su existencia y control territorial real. No obstante lo valioso de la notable reducción de asesinatos, como pasó en algún momento durante las gestiones de Mauricio Funes y Francisco Flores, el actual “logro” gubernamental tiene bien plantados ante sí ‒al igual que en el caso de sus mencionados antecesores‒ signos de interrogación en lo relativo a cómo se consiguió, cuánto durará y lo qué luego nos esperará.

Los datos y las conclusiones de los documentos citados retratan, ya se apuntó, una realidad previa a la llegada de la COVID-19 a los tres países. Ya con esta encima, la situación del nuestro no pinta nada bien pues ‒según diversas fuentes‒ este será el más impactado en su economía por la pandemia en el 2020. Su conducción pinta peor. Es hora de abrir los ojos ante lo que está ocurriendo y lo que se nos viene encima. No vaya a ser y terminemos de nuevo “llorando sobre la leche derramada”.

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