Por Redacción ContraPunto
En 2025, El Salvador vivió una de las etapas más intensas de deportaciones desde los Estados Unidos en su historia reciente. Según informes de seguimiento de vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) recopilados por organizaciones independientes, el país recibió 175 vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos, cifra que representa un incremento del 46 % respecto a los 120 vuelos registrados en 2024.
¿Cuántas personas en total?
Si bien las estadísticas oficiales no desglosan cuántas personas viajan en cada vuelo hacia El Salvador, estimaciones basadas en promedios regionales sitúan el número de deportados en miles de personas durante 2025. Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería y análisis periodísticos señalan que al menos 10,000 salvadoreños fueron repatriados desde Estados Unidos solo hasta octubre de 2025.
En perspectiva, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) documentó que en 2024 más de 14,000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, lo que indica que la tendencia de retornos forzosos ha seguido siendo significativa en 2025, aunque con variaciones en la dinámica de detenciones y vuelos.
Comparación con 2024: un incremento notable
El salto de 120 vuelos en 2024 a 175 en 2025 refleja una intensificación de las operaciones de deportación aérea, especialmente bajo políticas de control migratorio más estrictas impulsadas por la administración estadounidense durante ese año electoral.
Aunque algunos datos muestran que el total de deportaciones de salvadoreños podría ser menor en determinados periodos del año comparado con 2024 —especialmente en detenciones fronterizas—, la creciente frecuencia de vuelos sugiere que la forma de deportación ha cambiado, con mayor protagonismo de operaciones aéreas, incluso cuando los encuentros y detenciones no necesariamente suben en proporción directa.
Posturas enfrentadas: derechos humanos vs. políticas migratorias
Organismos de derechos humanos y promigrantes
Varias organizaciones internacionales han alertado sobre el impacto humanitario y jurídico de estas deportaciones:
- Human Rights First y otros observadores han denunciado que la política estadounidense ha derivado en traslados irregulares y ejecuciones de vuelos sin transparencia ni garantías de debido proceso, afectando no solo a salvadoreños sino también a migrantes de terceros países que fueron enviados a El Salvador.
- Amnistía Internacional destacó la expulsión de 238 venezolanos en marzo de 2025 pese a una orden judicial que prohibía su retirada, calificándola como un “grave desprecio por las obligaciones de derechos humanos de los Estados Unidos” y señalando la cooperación con la política de seguridad interna salvadoreña como preocupante.
- Grupos promigrantes en Estados Unidos, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la National Immigrant Law Center (NILC), han documentado casos de deportaciones que se produjeron aun cuando migrantes todavía estaban en procesos de asilo o sin antecedentes penales sólidos, argumentando que estas acciones violan el derecho internacional de protección de refugiados.
Estas organizaciones sostienen que campañas de deportación masiva, sin evaluaciones individuales rigurosas, ponen en riesgo vidas y agravan las vulnerabilidades de familias ya fragmentadas por la migración forzada.
Gobierno de Estados Unidos
Desde Washington, la administración destacó que las deportaciones forman parte de su agenda de control migratorio y seguridad fronteriza, argumentando que se busca devolver al país a personas con órdenes de expulsión finalizadas o con vínculos comprobados a delitos graves. La política incluye acuerdos bilaterales para facilitar vuelos de deportación y mecanismos de tercer país seguro, que permiten enviar a migrantes a países distintos de sus naciones de origen bajo ciertas condiciones.
Funcionarios han defendido estas medidas como necesarias para gestionar flujos migratorios, reducir la presión sobre el sistema de asilo y priorizar la seguridad nacional, aunque estas justificaciones han sido amplamente cuestionadas por defensores de derechos humanos por la falta de transparencia en su aplicación.
Gobierno de El Salvador
El gobierno salvadoreño, encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha mantenido una postura de cooperación con Washington en materia migratoria, presentando el proceso de recepción de deportados como parte de una alianza para combatir el crimen organizado y la migración irregular.
Bukele ha enfatizado que su administración no devolverá a personas que son plenamente deportadas por error administrativo, y ha llegado a rechazar solicitudes de retorno formuladas por autoridades estadounidenses, afirmando la soberanía del país para decidir sobre estos casos.
Al mismo tiempo, el gobierno salvadoreño ha promocionado su enfoque de “mano dura” contra las pandillas y ha defendido la incarceración de individuos deportados con supuestos vínculos delictivos como parte de su política de seguridad ciudadana.
