El último día de septiembre tiene como límite el Ejecutivo para presentar ante la Asamblea el Presupuesto General de la Nación para 2021. A partir de ese momento se abre el debate político en torno a su aprobación y está planteada una doble oportunidad: primero aprobar un instrumento para contribuir a la reactivación de la actividad económica y segundo un medio para comenzar a superar la confrontación estéril.
Es muy claro, el problema presupuestario, no se puede reducir a cuánto se va aumentar el presupuesto; en este instrumento fiscal se deben dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿A quién se asignaran los principales montos? ¿Cómo se va a financiar lo que se va a gastar? y ¿Cómo se va a administrar el monto asignado?
Un escenario optimista sería que al terminar el año el presupuesto 2021 esté aprobado, se conozca cuál será el monto de ingresos que recibirá el país y se sepa cuáles serán los gastos totales a realizar en 2021. El escenario pesimista es: No hay presupuesto aprobado, para el 31 de diciembre de 2020 y se aplica el Art. 38 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera que dice que si comienza el año sin que se apruebe la ley del presupuesto, se seguirá aplicando el del año anterior.
Se debe aprobar el presupuesto y la inconstitucionalidad se debe evitar a toda costa. El presupuesto debe cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, entre sus ingresos, egresos y fuentes de financiamiento, no debe incluir estimaciones de ingreso mayores a las reales y, a la vez, debe contemplar todos los gastos que por ley deben incluirse.
El presupuesto debe ser diseñado a efecto de administrar la emergencia. El Ministerio de Hacienda tiene dos retos: primero convertir al Presupuesto de la Nación en un instrumento de reactivación económica y segundo cubrir el alto endeudamiento que asumió para contener los efectos negativos de la pandemia y reducir paulatinamente los pagos que se harán desde el Presupuesto al servicio de la deuda y con eso poder liberar más recursos para inversión.
El presupuesto debe asignar recursos para la prestación de servicios públicos esenciales para el bienestar de la población como la educación, la salud, la seguridad, la justicia. En particular el Ministerio de Educación deberá contar como mínimo con un aumento de fondos para destinarlos a inversión y poder atender necesidades tecnológicas,y para mejorar la infraestructura escolar.
Es importante aumentar el gasto en sectores de la economía cuya actividad sea indispensable para crear empleos, como potenciar la producción agrícola, apoyo a la pequeña y mediana empresa. el presupuesto debe favorecer la evolución favorable de variables macroeconómicas como el crecimiento y el empleo por medio de la inversión pública, entendida como un factor dinamizador de la actividad económica. La economía de la pandemia tiene en estos renglones unos campos oportunos para generar riqueza, poder adquisitivo que se convierta en consumo.
Vamos de mal en peor, si el proceso de aprobación del presupuesto, se convierte en otra oportunidad perdida y reina la politiquería. El Presupuesto General de la Nación es el instrumento por excelencia para empezar a salir de la crisis y mejorar la situación de la población, no lo echemos a perder La sociedad civil debe organizarse en una mesa fiscal amplia y representativa que aporte a un debate fiscal de altura donde se incorporen las organizaciones sociales, la academia, y se propongan medidas para una reforma fiscal progresiva.
