Desde Ginebra, Juan Gasparini.
«Mas del 90% del equipamiento militar de Nicaragua proviene de Rusia y los consejeros militares rusos refuerzan las capacidades de control social y represión del poder … formando las fuerzas de seguridad y de información, tarea anteriormente cumplida por Cuba», afirmó Manuel Orozco, especialista de Nicaragua del «Dialogo interamericano», un centro de reflexión basado en Washington, represión desatada en 2017 por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. (1)
«Nosotros hablamos de represión transnacional, es decir acoso y ataques perpetrados contra los exilados y sus familias que han quedado en el país. El régimen espía de múltiples maneras. Nos quitan el acceso a la seguridad, a la jubilación y a los documentos de identidad, y nuestros diplomas no son más reconocidos», explica Claudia Pineda, nicaragüense exilada en Costa Rica. Un millón de los 7 millones de nicaragüenses se han refugiado desde 2018. (2)
Se agrega que Costa Rica es «el primer país de acogida de la diáspora, la policía estima que los servicios de contraespionaje nicaragüense han participado en atentados contra opositores al régimen, como el reciente asesinato del opositor Roberto Samcam, en San Jose», conocido critico del sandinismo … «La copresidencia agrega a la crueldad un sentido comercial. Los bienes de los exilados han sido confiscados, cedidos a fieles del régimen o alquilados a policías». (3)
La ONU ha identificado «al menos 355 muertos …considerando que su cantidad está sub-evaluada, con una población paralizada por el miedo, consciente por la ausencia de justicia… Una nueva modalidad de arrestación ha tomado forma: familias enteras han desaparecido en detenciones masivas. Conocemos 2 casos, el del pastor evangélico Rudy Palacios, detenido con 4 de sus próximos el 17 de julio y el de Mauricio Petri, detenido con su mujer e hijo». (4)
Estos 2 últimos casos han sido revelados por Claudia Pineda, portavoz de la ONG «Monitoreo azul y blanco». Precisó que «la esposa de Mauricio Petri fue liberada en dia de la arrestación, los demás han desaparecidos». Añadió que «Mauricio murió un mes mas tarde. Su cuerpo fue entregado a su mujer, sin que ella reciba ninguna explicación. Ella no sabe nada de su hijo, todavía desaparecido… 442 nicaragüenses han sido expulsados del pais, desojados de su nacionalidad». (5)
Al tiempo, un grupo de 3 expertos independientes mandatados por la ONU, acaba de testimoniar ante la Asamblea General en Nueva York, aportando las pruebas que el gobierno de Nicaragua ha «desmantelado sistemáticamente el Estado de derecho y las instituciones democráticas», basándose «en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos», revelando «una política deliberada del Estado para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho», cometiendo en algunos casos «crímenes de lesa humanidad».(6)
Estos expertos «también señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad. El aislamiento del gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad … Es una señal de alerta de que la represión en el país a alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado». (7)
A su vez exhortaron a la «comunidad internacional a «no limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas -acciones legales, enjuiciamientos y sanciones colectivas- para exigir responsabilidades al gobierno y a los perpetradores individuales. El valor de las víctimas y la persistencia de quienes documentan su sufrimiento demuestran que el cambio sigue siendo posible». (8)
Concretamente propusieron en consecuencia, «a los Estados Miembros adoptar medidas decisivas, entre ellas fortalecer los mecanismos de protección y asilo para las personas nicaragüense en el exilio y promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención para reducir los casos de apátrida de 1961». (9)
Coincidentemente 8 ex-presidentes de Costa Rica, condenaron «la estrategia deliberada, acumulativa y recurrente de la dictadura Ortega y Murillo dirigida a intimidar, amenazar y apremiar a la disidencia de ese régimen allí donde se encuentre. El asesinato del opositor Roberto Samcam, acaecido hace pocos meses en San José, así como el de Rodolfo Rojas Cordero en Honduras y los atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica, forman parte de esta trágica circunstancia». (10)
Denunciaron «múltiples acciones de supresión de la disidencia por medio de la privación arbitraria de la libertad, la supresión de la nacionalidad, la confiscación de bienes, la denegación de documentos del registro civil, expulsiones forzadas y todo tipo de otros vejámenes contra la población opositora que se encuentra, dentro y fuera de Nicaragua, en una situación de extrema vulnerabilidad».(11)
«Preocupados y profundamente consternados por el contenido del informe que ratifica la naturaleza dictatorial y funesta del régimen imperante en Nicaragua» pedimos «a la comunidad internacional y especialmente al gobierno de Costa Rica que apoyen dicho informe y sus recomendaciones» (12)
“En particular, y dado el riesgo que los actos hostiles de dicha dictadura imponen a la población nacional, hacemos nuestro llamado a implementar medidas integrales para la protección de personas nicaragüenses en condición de exilio y refugio en nuestro país. Asimismo apoyamos la conveniencia de responsabilizar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por su renuencia por su renuencia a someterse a los instrumentos de rendición de cuenta al que lo obliga el Derecho Internacional».(13)
(1,2,3,4,5) «El País», Madrid, 17 de octubre de 2025.
(6,7,8,9). Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Nueva York, 30 de octubre de 2025.
(10,11,12,13) Declaración de los expresidentes y la expresidenta de Costa Rica, 30 de octubre de 2025. Firmaron: Oscar Arias Sánchez, Abel Pacheco de la Espriella, Rafael Angel Calderon Fournier, Laura Chinchilla Miranda, Jose María Figueres, Luis Guillermo Solís Rivera, Miguel Angel Rodriguez Echeverría y Carlos Alvarado Quesada.
