Por Alessia Genoves
“Extremismo e intolerancia” son algunos de los motivos que culminaron en los secuestros y asesinatos de las más de 72 mil víctimas mortales por regímenes militares y combatientes. Ésta conclusión la sostienen víctimas de familiares asesinados en las vísperas de la Guerra Civil de El Salvador; y reiterada por representantes de la organización Vidas Víctimas Demandantes
Roque Antonio Dalton García, el poeta universal de El Salvador, figura entre las numerosas víctimas de ataquew mortales perpetrados por organizaciones representadas con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Tras 47 años de su asesinato, su caso ha sido procesado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), tras apelaciones por resoluciones arbitrarias del sistema judicial salvadoreño, que alegaban que el caso había prescrito.
“Satisfacción y esperanza en que se va a tener justicia” fueron las sensaciones que el periodista e hijo del poeta, Juan José Dalton, compartió a la prensa. “En casi 10 años de que la CIDH haya admitido el caso de denegación de justicia, por parte del Estado salvadoreño, en el caso de Roque Dalton y Armando Arteaga”, añadió.
En los procesos resolutivos, Vidas enumera “4 casos que están en la Comisión humanos o que han pasado por el sistema interamericano de derechos humanos después de que El Salvador por años en verdad no ha habido pronta y cumplida física”, según lo detalló su representante a la prensa, Benjamín Cuéllar. Además del proceso de Roque Dalton, se suma el caso del asesinato del rector de la Universidad de El Salvador (UES) Félix Antonio Augusto Ulloa (1980) y el de la desaparición forzada de los estudiantes de la institución, Francisco Ventura y José Mejía.
Patricia Cuéllar, Mauricio Cuéllar (padre) y Julia Orbelina Pérez, también fueron las víctimas secuestros y desapariciones forzadas, perpetradas por agentes de la seguridad nacional, Fueron vistos por última vez en el mes de julio de 1982; y hasta la fecha, los perpetradores no han recibido justicia. Sin embargo, el caso ha trascendido hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH), por la negligencia del sistema judicial, en efectuar las investigaciones y los procesos judiciales pertinentes.
“Esta es la historia de este país: la intolerancia a quien piensa distinto, el pensamiento único que se tiene que imponer sobre el pensamiento propio. y si no muerte al que piensa diferente. Eso pasó por el lado de los gobiernos de la época, y por el lado de la izquierda”, valoró Benjamín Cuéllar, sobre los procesos judiciales, y sus avances.
Roque Dalton
El asesinato de Roque Dalton fue perpetrado del 10 de mayo del año 1975; y sus autores materiales no han confrontado la justicia. La muerte del poeta fue el “error más grave, más difícil” que confrontaron directivos de agrupaciones guerrilleras, identificadas con el FMLN, según lo reafirmó uno de sus representantes, Joaquín Villalobos. El confeso es identificado como el principal autor material del asesinato, por el informe de la Comisión de la Verdad.
“Fue una decisión de la dirección de esa época de 1975 que son, tendría que hacer una precisión, pero por ahorita me recuerdo de Alejandro Rivas Mira, Jorge Meléndez, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval (Lito) y otro compañero de seudónimo Mateo y yo. Probablemente se me ha quedado un par de nombres más”, detalló Villalobos a la pregunta de Juan José Dalton, de si el asesinato del poeta salvadoreño “fue una decisión colectiva”
De acuerdo con el periodista, las pruebas presentadas al órgano de justicia y a la CIDH se han sustentado “no solo por los testigos” que cuentan a su disposición, “sino que por documentación, que fue escrita por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); y, específicamente cuando ya estaba al mando de el ERP el ex comandante Joaquín Villalobos”
En el caso del poeta también se ventila la desaparición de su correligionario, Armando Arteaga. Juan José sostiene que las pruebas confirmarían que los hechos de sangre “fueron rencillas políticas o sea mi padre tenía diferencias contra la parte que dirigía Joaquín Villalobos que era una izquierda extremista; y, mi padre tenía una posición más política”, según lo detalló a la prensa.
Es necesario detallar que Juan José Dalton refiere sus hallazgos a un período de más de “47 y 48 años”; es decir, desde la muerte de su padre y el momento en el que su madre, Aída Cañas, interpuso denuncias desde la desaparición del poeta. Y, de acuerdo con la resolución de la CIDH, la familia habría agotado las instancias judiciales correspondientes, desde la apelación a la resolución por el sobreseimiento del caso, en el que la Cámara Tercera de lo Penal Sección Centro alegó que el hecho habría prescrito.
Sin embargo,las investigaciones fiscales procedieron al hallazgo de numerosos vestigios en los que se habría reconocido el paradero del poeta Dalton. Según lo detalla, los posibles lugares de sus restos eran “el caserío Milagro de la Roca, inmueble El Chaparral, La Coyotera, Finca Colombia, todos ubicados en el cantón Primavera del municipio de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad”.
La resolución del proceso haría notar la “ineficacia de los recursos internos para satisfacer las demandas de las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación, así como el evidente desacato oficial ante las decisiones, recomendaciones y sentencias de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño”
Pese a ello, el proceso fue tramitado ante la CIDH, hasta su conclusión. En su resolución, la institución declaró admisible la petición de las víctimas dolientes, los familiares del poeta salvadoreño. Queda patente en el “INFORME No. 379/21 de la PETICIÓN 1530-11”, de la institución. Y concluyó, entre otras cosas que los hechos atentaban en contra de las Garantías Judiciales (art. 8) y de la Protección Personal (art. 25), reglamentados en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
Félix Ulloa
Félix Antonio Augusto Ulloa fue el padre del actual vicepresidente de El Salvador, Félix Ullóa. Fue un connotado académico, y el rector de la UES, hasta el año 1980.
Reconocimientos como el Premio Alternativo de la Paz distinguen al académico, quien se desempeñó como Rector durante los años 1979 y 1980, no sin antes destacarse como Jefe de Planificación, Director de la Escuela de Ingeniería Industrial (1969), y como Decano de la FIA (1970). Reconocimientos posmortem también lo identifican, como el Doctorado Honoris Causa que entregó la UES en el 25 aniversario de su magnicidio.
Sin embargo, el ingeniero fue asesinado el 28 de octubre de 1980, ”Luego de dirigirse a una sucursal bancaria ubicada cerca del recinto universitario, la presunta víctima y su chofer sufrieron un ataque armado. El chofer falleció en el instante, mientras que la presunta víctima quedó gravemente herida, por lo que fue trasladada a una clínica, donde falleció en la madrugada del siguiente día. La parte peticionaria indica que el ataque fue parte de un operativo militar”, indica la CIDH, en su cronología de acontecimientos..
Según lo detalla Benjamín Cuéllar, al ingeniero lo asesinaron “un día antes de que viajar a Europa”, Le iban a “nombrar al presidente de la Unión de Universidad Mundial de Universidades”, pero “lo asesinaron en frente de la universidad”, añade.
Pero las diligencias judiciales en la FGR no tendrían lugar sino hasta el 29 de octubre de 2010, para esclarecer los motivos de los hechos, individualizar a los responsables y someterlos a la justicia, La respuesta de la institución fue negativa, por lo que las víctimas demandantes del caso reiteraron sus demandas al “Archivo Central de la Brigada Especial de Seguridad Militar, al Archivo General del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; a la Sala de lo Constitucional, a la Sala de lo Penal y al Centro de Documentación Judicial”, hasta recibir respuestas.
Y aunque el proceso fue trasladado, por la FGR, a la “Unidad para la Investigación de Delitos del Conflicto Armado Interno, a efectos de que se acumule y siga con dicha investigación bajo la referencia 31-GIDCAI-2018”, la familia Ulloa había iniciado sus peticiones ante la CIDH, desde el año 2010, hasta agotar las instancias.
Sin embargo, trascurridos 12 años del requerimiento, la CIDH declaró admisible las peticiones de la familia doliente. Valoró que los hechos atentaban en contra de la vida (art. 4 ); la Integridad Personal (art. 5); las Garantías Judiciales (art. 8) y de la Protección Personal (art. 25), reglamentados en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
Francisco Ventura y José Mejía
Estudiantes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UES eran Francisco Arnulfo Venturas Reyes y José Humberto Mejía. Según lo destaca la CIDH, “ambos fueron detenidos en una puerta de la Embajada de los Estados Unidos por miembros de la Guardia Nacional y por militares estadounidenses que custodiaban la representación diplomática”.
Las familias dolientes también añaden que los estudiantes fueron secuestrados por elementos de seguridad. Añade que fueron llevados a un “estacionamiento, donde permanecieron unos minutos bajo la vigilancia de los militares salvadoreños; y que poco después ambos jóvenes fueron entregados a unos hombres que vestían pantalón color verde olivo, tipo militar, y camisas de civil. Fueron introducidos al maletero de un vehículo particular en el estacionamiento, y esa fue la última vez que fueron vistos”.
Sus diligencias de búsqueda habrían inicido por Santos René Ventura Reyes, hermano de Francisco, desde el 22 de enero de 1980, “incluida la presentación de un recurso de exhibición persona”.
Sin embargo, las acusaciones sobre presuntos miembros de la embajada estadounidense no rindieron mayores pericias, De hecho, fue el el Director de la Agencia de Comunicaciones Internacionales y el Jefe de Seguridad quién les manifestó que los estudiantes “fueron los miembros de la Guardia Nacional que custodiaban la Embajada quienes introdujeron a los estudiantes al patio para efectos de registro y los mantuvieron en dicho lugar; y que poco después estos fueron llevados fuera de la embajada en un vehículo particular por agentes del mismo cuerpo de seguridad”
El caso fue envuelto en controversias, cuando miembros de seguridad que habían sido señalados negaron las acusaciones. En su lugar, la “Corte Suprema de Justicia remitió una certificación al Juez Segundo de lo Penal para que se instruyera un proceso encaminado a averiguar el paradero de los jóvenes desaparecidos”, hasta que el Procurador General de Pobres fue asesinado por un comando militar y escuadrón de la muerte, detalla al CIDH
El caso fue procesado ante la CIDH, una vez fue admitida su demanda, según se hace patente en el “INFORME No. 349/21 de la PETICIÓN 1557-11”. En su resolución, la institución informa que los hechos atentaban en contra de la vida (art. 4 ); la Integridad Personal (art. 5); las Garantías Judiciales (art. 8) y de la Protección Personal (art. 25), reglamentados en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
