Por Alessia Genoves
Joven de 24 de años de edad, dejó a sus tres hijos en la orfandad materna. Desapareció, y su paradero no ha sido esclarecido, después de los 40 años que su familia reportó los hechos. Patricia Emelie Cuéllar Sandoval era su nombre, y no fue vista después de llevar a sus hijos a una guardería de la capital, a la que asistían con regularidad, hasta el miércoles 28 de julio de 1982.
A la desaparición de Emilie sucede la de su padre, Mauricio Cuéllar Cuéllar, y la de su empleada doméstica, Julia Orbelina Pérez, apenas un día después de la desaparición de Patricia. A éstos casos le preceden denuncias por la persecución y el acoso, por parte de las autoridades de seguridad pública; por lo que son señalados por los familiares de las víctimas, como los principales autores de su los hechos.
Las denuncias se han prolongado durante más de cuatro décadas. El representante legal, Benjamín Cuéllar, primo y sobrino de las víctimas, testifica que las denuncias iniciaron con un recurso de Hábeas Corpus; y que las investigaciones se prolongaron durante la Guerra Civil de la década de los 80`s, en los tribunales salvadoreños, sin rendir resultados
La #CIDH presenta caso de #ElSalvador ante la @CorteIDH por desaparición forzada durante el conflicto armado. 👉🏾 https://t.co/oqZASYsFaQ pic.twitter.com/KklydntWlP
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 27, 2022
Sin embargo, Benjamín Cuéllar aseguró agotar las instancias legales, hasta tramitar la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por la “inacción” de la justicia salvadoreña, Los requerimientos trascendieron hasta el Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH), reiterando al Estado salvadireño la demanda por garantizar “la verdad, la justicia y la reparación”, en favor de las víctimas.
“Esperemos que finalice éste proceso, con la satisfacción para las víctimas: de sus demandas; para las reparaciones de la búsqueda de los restos humanos de sus familiares, Y de una recomendación que, para mí es realmente importante, de lograr que el Estado Salvadoreño, ya que ésta es la primera vez que la Corte recomienda algo así, que el Estado salvadoreño sea parte de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas”, manifestó, a ContraPunto, Benjamín Cuéllar.
Desaparición
“Subversivos” es el calificativo con el que la Policía Nacional definió a Patricia Cuéllar, después de que fueran “allanadas y saqueadas por elementos combinados de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada de El Salvador”, el 5 de julio de 1980. El apelativo fue compartido por los representantes de la institución Socorro Jurídico Cristiano.
La “persecución” que denunció Patricia se prolongó hasta dos años posteriores. Su desaparición fue reportada apenas un día después de que denunció el acoso y las amenazas que recibió por parte de agentes estatales, el martes 27 de julio de 1982.
Desapareció después de llevar a sus hijos a la guardería. Mauricio Cuéllar se responsabilizó de la asistencia de sus nietos, tras recibir la llamada de la guardería. Los infantes no habían sido llevados a casa sino hasta ser recogidos, a las 7;30 PM, de ese día. En adelante, Mauricio consultó a sus parientes sobre el paradero de su hija, sin recibir respuestas.
El padre de Patricia, y su empleada doméstica, Julia Pérez, habrían sido secuestrados y desaparecidos, a la madrugada siguiente. La casa tendría “señales evidentes de cateo”, según lo relata el Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), de la Universidad Centroamericana (UCA), José Simeón Cañas, en los años posteriores.
La UCA, además, detalla que Mauricio representaba a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), con el cargo de gerente general. Y menciona que la agrupación empresarial “había convocado a una conferencia de prensa que se celebraría la mañana del jueves 29 de julio y sería presidida por la víctima. Sobre la señora Julia Orbelina Pérez, se presume que habría sido sacada violentamente de esa casa entre la noche anterior y la fatídica madrugada del 29 de julio”.
Denuncias
Transcurrida la desaparición de Patricia, Mauricio y Julia, “fue presentado un recurso de exhibición personal, conocido como Habeas Corpus; y, ¡bueno!, sin resultados. Se inició las investigaciones, a través de un tribunal, también sin resultados”, lamentó Benjamín Cuéllar.
Sus desapariciones formarían parte del recuento oficial de víctimas de la Guerra Civil. Después de la Firma de los Acuerdos de Paz, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enumeró, de forma oficial, un saldo de mayor a los 15 mil reportes de desapariciones forzadas, y mayor a las 75 mil personas asesinadas, a mano de las Fuerzas Armadas (FAES) y de las organizaciones combatientes que integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La CIDH sometió el 14/5/2022 ante la Corte IDH el caso de Patricia Emilie Cuéllar, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, respecto de El Salvador por la desaparición forzada de las tres víctimas y la falta de investigación pronta, seria e imparcial. https://t.co/5Bw1ifAbG7
— Benjamín Cuéllar (@BenjamnCullar2) May 27, 2022
La Fiscalía General de la República (FGR) sería, hasta el año 2003, la institución a la que acudiría el representante de las víctimas “para que se investigara” el suceso. “Frente a la inacción de ésta, presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2004”, añadió.
El CIDH emitió su Informe de Fondo, hasta el año 2020. Recomendó al Estado salvadoreño el resarcimiento de las afectaciones de las víctimas. Los requerimientos, entre otras cosas, reiteraron los principios de la justicia transicional: “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”:
- Medidas de reparación materiales e inmateriales para los familiares de las víctimas.
- Iniciar la búsqueda de las víctimas en concertación con sus familiares, activando los mecanismos de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador.
- Disponer medidas de atención en salud física y mental para los familiares de forma concertada, teniendo en cuenta el especial impacto que tuvo la desaparición en los hijos e hijas de las víctimas.
- Investigar los hechos de desaparición forzada de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con aplicación de perspectiva de género y teniendo en cuenta la persecución del Estado contra la organización Socorro Jurídico Cristiano en el conflicto armado, con el fin de identificar las personas responsables e imponer las sanciones correspondientes,
- Adoptar medidas de no repetición, incluyendo aquellas de carácter legislativo con el fin de (i) desarrollar una política de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, (ii) regular la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada (iii) convertirse en parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
“Nosotros, los familiares de Patricia Emilie; de Mauricio y de Julia Orbelina, a través de su representación, que la ejerce éste servidor, el año pasado sí queríamos que se enviara el caso, a la Corte-IDH, debido a la trayectoria de incumplimientos de sus obligaciones y de compromisos internacionales, en materia de derechos humanos, por parte del Estado salvadoreño”, manifestó Cuéllar.
Benjamín Cuéllar
Vale la pena destacar que Benjamín Cuéllar ha compartido su lucha legal con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), llegando a presidirla como el director., y formando parte de ella durante 22 años. El abogado y politólogo ahora representa a la organización de Víctimas Demandantes (VIDAS), una “agrupación de familiares y víctimas de graves violaciones a los DDHH que exigen verdad, justicia y reparación”, según se define.
VIDAS, además, ha acompañado a la Comisión de Justicia y Seguridad de la Asamblea Legislativa, para la discusión y formulación de una “Ley para la Dignificación de todas las Víctimas de antes y durante el Conflicto Armado Salvadoreño”, que contempla, entre otra cosas, la aplicación de los principios de justicia transicional: “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
