Por Alessia Genoves
Estados Unidos sanciona a funcionarios salvadoreños, por presunta corrupción. El dato ha sido divulgado por el Departamento del Tesoro y refiere sanciones contra del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro Ramírez y del el titular del Ministerio de Trabajo (Minstrab), Rolando Castro. Sin embargo, éste último ha negado acusaciones, y sostiene que son casos imaginados.
Conan y Rolando Castro son acusados de cometer hechos presuntamente asociados a la corrupción. Éstos señalamientos los reitera el Departamento del Tesoro de anterior acusaciones entabladas por el Departamento de Estado, conforme las prescripciones de la Ley Global Magnitsky. El primero es acusado de “obstruir la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia”; y el segundo, acusado de “actos de corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal”.
Rolando Castro, por su parte, ha negado las acusaciones. También responsabiliza de la supuesta dispersión de “calumnias y casos imaginados” al periodista Douglas Farah y a Héctor Silva Ávalos, último que tendría proceso judiciales por delitos como el de narcotráfico y lavado de dinero y activos, durante la administración del ex-presidente Mauricio Funes (2009-2014).
Acusaciones
Conan y Rolando Castro han sido, al mismo tiempo, acusados por los mismos supuestos de corrupción en la Lista Engels, divulgada en julio del año 2021. En esa ocasión, El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó también a otros 19 funcionarios y ex-funcionarios públicos salvadoreños, algunos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de los partidos ARENA y el FMLN.
“Socavar los procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa, obstrucción de investigaciones de corrupción relacionadas con la emisión de contratos gubernamentales, soborno y extorsión”, son algunas de las motivaciones del Departamento de Estado, para acusar y sancionar a los señalados. Además los Castro, fueron también acusados la jefa del gabinete presidencial, Carolina Recinos; el ex-director de Seguridad, Rogelio Rivas; y el ex-titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker.
EEUU, desde el departamento del Tesoro, reitera las acusaciones en contra de los Castro. Conan Castro, por su parte, se señalado de “obstruir las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su cargo para obtener ganancias financieras personales”.
Rolando Castro también sería denunciado “actos de corrupción y de malversación de fondos públicos para su beneficio personal”. Indica que el ministro de Trabajo habría “influido en los sindicatos para aliados con el Minstrab”, para “recibir un procesamiento acelerado de credenciales”. Sostiene que los beneficiados recibieron beneficios como viajes internacionales, y lo no aliados, hostigamiento.
El Departamento del Tesoro, en consecuencia someterá a los acusados “de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o son cómplices o han participado directa o indirectamente en, la corrupción (…)”.
Castro denuncia
Rolando Castro niega las acusaciones del Departamento de Estado. Asimismo, responsabiliza a los periodistas Silva Ávalos y Douglas Farah de establecer una “agenda para recibir sus mejores pagas” y dispersar acusaciones que, según él, serían falsas.
De Ávalos, Castros se referiría que “construye las historias de quién le ofrece más dinero”. De Farah, señalaría que “es uno de los principales lobísticas del Partido Demócrata en EEUU”. Además, se refiere a ellos como “charlatanes y delincuentes que ensucian la imagen de la gente a cambio de pago, son mercenarios que se hacen pasar por periodistas”.
Ávalos, quien desde luego ha sido procesado por corrupción, también se refiere al gobierno salvadoreño de cometer también presuntos hechos de corrupción. En última instancia, se referido a los funcionarios en la revista Infobae, con titulares como “El oscuro gabinete de seguridad de Nayib Bukele, plagado de denuncias de corrupción, tortura y lavado de dinero”; y la nota “Quien es Conna Castro, el cerebro jurídico de Nayib Bukele al que Estados Unidos acaba de sancionar”.
40 funcionarios de 9 diferentes países, entre los que se enumeran Conan y Rolando Castro, también han sido denunciados por el Departamento del Tesoro, en el mismo informe publicado durante la primera semana de diciembre. “Los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos dependen de las deficiencias del sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Sin embargo, los acusados salvadoreños aún no han sido procesados por el sistema judicial salvadoreño. Ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Corte de Cuentas de la República (CCR) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han divulgado públicamente indicios de corrupción en contra de Conan y Rolando Castro. No han sido procesados, y las acusaciones no pueden comprobarse si no se someten a los instrumentos de ley nacionales.
