El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oscar Alberto López Jerez, aseguró a medios locales que lo que se pretende con la declaración de reserva en los documentos probatorios de investigaciones por corrupción es garantizar el uso responsable de la información contable y de los funcionarios investigados.
“Si un funcionario resulta sin pruebas de enriquecimiento ilícito, sería irresponsable entregar documentos contables o financieros de él“, explicó.
López Jerez fue uno de los ocho magistrados que votaron a favor de “˜reservar”™ la información de las investigaciones que realiza la Sección de Probidad sobre casos de corrupción.
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No obstante, aseguró los informes siguen siendo públicos y lo que se declaró como información reservada fueron únicamente los documentos de prueba mientras dure la auditoría.
“De los informes sí se dará publicidad y entrega a cualquiera que lo solicite, sea a favor o en contra del funcionario”, añadió el magistrado.
Por su parte, el magistrado Rodolfo González, uno de los siete que votaron en contra de la decisión de reservar dicha información, aseguró que el argumento de querer defender el honor de los investigados “no le parece suficiente alegato” para declarar dicha información como inaccesible al público.
Este miércoles, el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, también lamentó la decisión pues aseguró que va en contra del interés público.
“Respetamos las sentencias judiciales y los procesos. Sin embargo, por el principio de interés público que tiene este tipo de casos, lo pertinente sería que los medios de comunicación, opinión pública internacional y sobre todo la población, deben de conocer de esto”, lamentó.
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Probidad investiga a más de 60 funcionarios y exfuncionarios por supuestas anomalías en sus declaraciones patrimoniales. Algunos nombres que figuran en la lista son el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, la actual diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, así como el vicepresidente de la República Oscar Ortiz y el mismo presidente, Salvador Sánchez Cerén, entre otros.
De igual modo, recientemente se conoció que también se inició una investigación en contra de 11 personas vinculadas al partido ARENA por presuntos pagos de sobresueldos durante administraciones pasadas.
