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martes, 11 de mayo del 2021

Refundación nacional, una tarea impostergable; contexto en 1er año de Bukele

El Salvador vive, un nuevo momentum de su historia, la duración y perdurabilidad de este, dependerá, de si esta vez, los cambios, aún en ciernes, resuelven las condiciones de miseria, abandono y precariedad diaria en que viven las mayorías populares y los sectores de clases medias bajas, empobrecidas por el modelo económico imperante y agravadas por los efectos de la pandemia del COVID 19; dependerá también, de si se construyen nuevos pilares de progreso y desarrollo (leyes, políticas públicas e instituciones), que den solución de continuidad, a los muchos, históricos y estructurales, problemas sin resolver.

Ahora bien, estamos en los albores de cumplir los 200 años, al menos oficial y formalmente, de vida independiente; y en la República de El Salvador, sus ciudadanos, se debaten ante los desequilibrios estructurales de: pobreza; desigualdad; marginación; falta de oportunidades para el desarrollo individual y familiar; deterioro ambiental; falta de confianza en las instituciones del estado, en la política y en los políticos, por la corrupción y la ineficacia.

La crisis del COVID 19 genera impactos directos en la economía real, reduce la demanda y oferta de bienes y servicios, caen las exportaciones, se incrementa el costo financiero de las operaciones por el incremento del riesgo, también, provoca la caída de las remesas de los salvadoreños en el exterior, afectados grandemente en este momento. Esta conjunción de factores, se traslada a las finanzas de las familias con la caída de ingresos derivado de la pérdida del empleo o por la reducción de la jornada laboral y la baja de salarios; por la falta de transferencias del exterior; o, por la caída de las actividades económicas de los trabajadores cuentapropistas y profesionales independientes. En suma, familias sin o con menos ingresos, con capacidad de compra disminuida.

Las empresas, en general, excepto las esenciales, dejaron de producir por la cuarentena obligatoria, y se verán disminuidas en sus operaciones por la caída o interrupción de pedidos, la pérdida de espacios de mercados, o por las restricciones post COVID 19, por lo que se verán obligadas a reducir su actividad productiva con los efectos directos sobre el empleo y las familias trabajadoras.

El Estado, se ve afectado en las finanzas públicas, ya que, mientras se incrementa la demanda de recursos financieros para hacer frente a la crisis y a las obligaciones ordinarias, se genera, una caída de los ingresos fiscales debido al cierre de operación de la economía, y se ve obligado a salir a la búsqueda de endeudamiento. Para unas finanzas del país que ya estaban comprometidas.

En las medidas paliativas a la crisis, se puede pasar del actual nivel de 70 por ciento a un 85 o 90 por ciento de endeudamiento público, esto en dependencia de cuanto sea la caía del PIB; ese, es el impacto de los tres mil millones de dólares, de endeudamiento que la Asamblea Legislativa ha autorizado al Órgano Ejecutivo para que gestione ante diferentes fuentes. Fiscalmente, las cosas ya eran complicadas, ahora serán, críticas.

Con datos para 2018, de la Encuesta de Hogares –EHPM-, el país tiene una Población ocupada de cerca de 2.8 millones de personas. Esta ocupación, se concentra mayoritariamente en 4 ramas de actividad económica: comercio, hoteles y restaurantes (31.5%); industria manufacturera (15.1%); Agricultura y ganadería (15.8%); y, servicios comunales, sociales y de salud (6.4%). Las personas ocupadas en las dos primeras ramas de la economía, verán afectada su situación laboral y de ingresos ya que, mientras la COVID 19 no tenga cura, no podrá regresarse a una operación plena de esos negocios. La nueva realidad, apuntala las actividades económicas en las ramas agropecuarias, de alimentación y de los servicios de salud, educación, seguridad y en general la economía del cuidado.

Estimaciones diversas señalan que el Producto Interno Bruto –PIB-, del país, será negativo en 2020, hasta cerca del 7 por ciento, eso es cerca de dos mil millones de dólares menos, generados en la economía nacional, respecto de 2019. Con su efecto perverso, en la economía de los hogares, de las empresas y de las finanzas públicas. La diferencia es que, mientras las empresas dejarán de ganar, las familias se precarizarán, y el Estado, se endeudará aún más.

Habrá que realizar la actividad económica sin perder de vista, que si perdemos el control sobre la enfermedad del COVID 19, deberemos regresas a medidas de cuarentena domiciliar, parcial o total, esto será así hasta que se cuente con una vacuna. Lo que debe quedar preparado y en condiciones de atención óptimas, es el sistema de salud, este no puede regresar a los niveles de precariedad anterior, por la falta de inversión oportuna.

Una conclusión inmediata es, que el panorama socioeconómico del país y su gente es grave. Y el horizonte no presenta mejoras a corto plazo. Como señala el economista Jeffrey Sachs, “para los países pobres, crisis significa indigencia”.

Que agenda debe ser la plataforma para dar el salto a una nueva normalidad progresista.

Lo primero es replantear el rol del Estado frente a la sociedad y el mercado, una nueva generación de políticas públicas que asuman de frente y resuelvan los problemas de las mayorías, que se institucionalice lo que Bukele les ha dicho a los dirigentes sindicales: hambre cero; salud universal; protección social a lo largo del ciclo de la vida, incluye seguridad social y pensiones dignas; educación para el desarrollo humano; seguridad ciudadana. Y, combate frontal a la corrupción.

Reorganizar el ingreso y gasto público, mediante una reforma fiscal que asegure que paguen más lo que más tienen, que se cierren los espacios a la evasión y se combata drásticamente la corrupción; que el gasto se focalice, que haya un enfoque espacial de impactos por dólar invertido, que se reduzcan las unidades de gasto, se reforme el papel de los municipios, y se potencien los servicios públicos.

Es vital, fortalecer el papel del Estado, para que sea, vector del Desarrollo Humano, y se adopten las mejores prácticas de gobierno, que se defina una línea de acción para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se forje un espacio de encuentro popular para asegurar los cambios para el bienestar de las mayorías.

Una nueva economía, que se soporte y desarrolle en los preceptos constitucionales relativos al Orden Económico, establecidos en los artículos del 101 al 120 de la Constitución de la República, de tal forma que prevalezca el interés social por sobre el ánimo corporativo de lucro. Que permita la recuperación y preservación de los recursos naturales; y, estimule el desarrollo de la economía social solidaria. Una economía que, genere riqueza, en beneficio de todos los salvadoreños.

Hacer de las empresas privadas, entes sujetos del escrutinio público, a fin de que, si hacen negocios en la sociedad, rindan cuentas sobre su conducta de responsabilidad, conforme los lineamientos de la OCDE y a los principios sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas.

Empoderamiento ciudadano, esto es participación activa y organización popular, retomar el espacio hoy ocupado por las fundaciones.

Organización de los trabajadores, para que se potencie el desarrollo de la productividad en las fábricas y se adopten las mejores prácticas de trabajo decente, seguridad y salud en el trabajo, con sindicatos fuertes y convenciones colectivas.

Pero, como salimos de la actual pesadilla.

Particularmente creo, como lo he dicho en otros escritos, que Bukele es la resultante, a una situación de hastío de la gente que está convencida del ya no más, simplemente eso. Eso explica, en parte, su popularidad y su discurso de la antipolítica.

Es preciso, buscar las formas de incidir en su proyecto político, entre más se acerque al pueblo, más confirmará la necesidad de cambio, el pueblo tiene esa capacidad transformativa. La vivió ya Romero en su ejercicio pastoral.

Ahora bien, se plantea el reto de articular ideas y propuestas progresistas, que se expongan a Bukele y los suyos, ellos son hoy, la fuerza que se declara comprometida con los cambios, hay que comprometerlos con un programa mínimo que haga trascender a El Salvador del atraso cuasi feudal al El Salvador post COVID 19, el país de la nueva normalidad progresista, el de la sonrisa, el que recuperó la esperanza robada y mancillada. Pero, se requiere salir de la comodidad, romper con el evasivo “ni con unos, ni con otros”.

En la coyuntura actual, no se puede ser espectador, hay que posicionarse y comprometerse, por ti, por tus hijos, por los tuyos…lucha por un país mejor.

Francisco Martínez
Francisco Martínez
Columnista y Analista de ContraPunto. Consultor en temas sociolaborales, ex dirigente sindical, ex militante insurgente. Con experiencia en capacitación y organización popular, formación en finanzas corporativas, gestión de recursos humanos

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