Organizaciones civiles presentaron, este lunes, un recurso legal conocido como “Amicus Curiae (Amigos de la Corte)” para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les permita intervenir en el proceso legal en contra los cuatro exmilitares que han sido capturados por estar, supuestamente, involucrados en el asesinato de sacerdotes jesuitas en 1989.
Las organizaciones que presentaron el recurso legal son la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Pro-Búsqueda y la organización radicada en Washington, Estados Unidos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
“Con este escrito, las organizaciones que estamos aquí representadas queremos dar aportes para que la CSJ pueda tomar la mejor decisión basadas en estándares internacionales y al derecho nacional e internacional en los próximos días”, dijo Leonor Arteaga, de DPLF.
Según FESPAD, el recurso legal Amigos de la Corte es una figura procesal que admite que un tercero, ajeno al proceso, pueda intervenir con la finalidad de presentar al juzgador la información necesaria y trascendente para la resolución de un caso cuando este sea de interés público.
Arteaga mencionó que el Caso Jesuita es un caso histórico donde están en juego los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaborados. Señaló que es necesari0o que la impunidad que ha rondado estas muertes sea superada.
El asesinato de los seis curas de la Compañía de Jesús y dos de sus colaboradoras sucedió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y fue perpetrado, según la Comisión de la Verdad, por militares de la Fuerza Armada salvadoreña.
“Esperamos que la Corte de, a la mayor brevedad, una decisión que sea favorable a la extradición de estos militares y que de esta manera combata a la impunidad y colabore con la justicia española”, explicó Arteaga.
Los detenidos el pasado cinco de febrero y que están a la espera de la respuesta si serán o no extraditados son: el exsargento Tomás Zárpate Castillo, excoronel Alfredo Benavides Moreno, exsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, y Ángel Pérez Vásquez.
Las organizaciones firmantes sostienen que la CSJ debe conceder la extradición solicitada, con el fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por El Salvador para juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales; de igual manera para cumplir con las obligaciones en materia de cooperación interestatal para superar la impunidad.
Asimismo instaron a las autoridades policiales para que continúe con la búsqueda de los exmilitares que están prófugos y están siendo solicitados por la justicia española.
