Promesas de justicia

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La Asamblea Legislativa salvadoreña apuró el trámite de un proyecto que denominó “Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional”. Han pasado casi tres décadas desde la firma del Acuerdo final de paz y, ahora, en medio de las carreras y del caos la legislatura aprobó un marco legislativo sin estudios analíticos y sin la participación de las víctimas, para hacer lo que el Estado ha tenido como tarea desde hace 30 años.

Es importante que la voluntad política se alinee con los intereses y los derechos de las víctimas –al fin y al cabo, estos hacen parte del interés público. Para que esta nueva promesa de verdad, justicia y reparación cuente con legitimidad, no es suficiente hablar de víctimas o por las víctimas; es necesario, sobre todo, motivar un proceso vigoroso de consulta y participación con ellas.

La normativa aprobada contiene un complejo andamiaje que promete verdad, justicia y reparación.  El problema es que la verdad, la justicia y la reparación no se consiguen a golpe de promesas sino mediante acciones y compromisos sustentados. Las aspiraciones normativas son inútiles si el diseño y las reglas previstas no gozan de adecuación funcional para conseguir los fines que se predican, lo cual debe incluir las correspondientes asignaciones presupuestales.

Además, las promesas vacías del pasado pesan en contra de la nueva iteración oficial de verdad, justicia y reparación. La fórmula de justicia transicional que hoy se presenta como descubrimiento tiene una larga historia en el país. El proceso de paz salvadoreño representó uno de los primeros intentos en el mundo por incorporar la promoción de la justicia como uno de elemento básico para orientar el tránsito hacia la paz; con ese fin se promovieron, entre otras, la Comisión de la Verdad para El Salvador o la Comisión ad hoc para la depuración de las fuerzas militares.

Sin embargo, los resultados de esos mecanismos no fueron asimilados oficialmente y, por lo tanto, no fueron aprovechados ni por el poder público ni por la sociedad. Buena parte de las recomendaciones formuladas por esos mecanismos de justicia transicional fueron ignoradas debido a la debilidad estatal o la desidia institucional. También jugó la oposición activa de sectores poderosos que vieron –y siguen viendo afectados sus intereses por los procesos de esclarecimiento de la verdad y de establecimiento de responsabilidades por las atrocidades cometidas. 

Del dicho al hecho, se extraviaron las esperanzas que se le transmitieron a las víctimas y a la sociedad. Las buenas intenciones anunciadas en el marco del proceso de paz se diluyeron:  la justicia quedó secuestrada, suspendida.   

Las víctimas han demandado activamente respuesta a sus reclamos desde ese momento, pero la institucionalidad no ha dado señales de vida.  La Comisión de la Verdad determinó en 1993 que la sanción de los crímenes descritos en su informe era un imperativo moral, pero entendió que la justicia tendría que postergarse porque el poder judicial no reunía condiciones mínimas de objetividad e imparcialidad (Informe de la CV, p. 185). Tres décadas más tarde, ese imperativo moral perdura y se torna en un imperativo legal con serias consecuencias para la legitimidad del Estado de derecho en El Salvador.  Las víctimas de los crímenes cometidos siguen esperando la prometida pero extraviada justicia.

Durante las décadas que han transcurrido desde la firma de la paz, la esperanza de las víctimas y la confianza pública han sido pisoteadas.  Ahora que se nombra tanto a las víctimas es hora de partir de un ejercicio consciente que asuma la complejidad de la tarea de dar respuesta a la postergada promesa.  De las carreras solo queda el cansancio.  Si no hay un abordaje de fondo a los problemas planteados, la Asamblea Legislativa puede aprobar todos los marcos normativos que quiera pero la justicia que demandan las víctimas seguirá secuestrada por intereses políticos y particulares; en consecuencia, las víctimas seguirán negadas.  

(*) Michael Reed Hurtado es colombiano, Director de operaciones del Guernica Centre for International Justice

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Michael Reed Hurtado
Michael Reed Hurtado
Experto en DDHH
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