¿Sabía usted que unos ciudadanos solicitaron a la Sala de lo Constitucional decretar exhibición personal de sus parientes desaparecidos de manera forzada por el ejército salvadoreño en enero de 1932 cuando tenían 65, 48 y 45 años? ¿Sabía que ellos fueron capturados en Nahuizalco, Sonsonate, y nunca más se supo de su paradero? ¿Sabía que eran parte de los pueblos originarios en ese municipio y que uno había sido electo alcalde pero nunca pudo asumir el cargo? ¿Sabía que sus familiares, por miedo, no denunciaron los hechos entonces ni durante el conflicto político y bélico en las décadas de 1970 y 1980? ¿Sabía que tampoco lo hicieron en la posguerra y solo se animaron cuando la justicia constitucional comenzó a liberarse de sus secuestradores?
¿Sabía usted que el susodicho Tribunal consideró que esa solicitud no procedía como habeas corpus y la registró como amparo por presuntas violaciones a la protección jurisdiccional de los derechos a la verdad y a las medidas de no repetición, a la integridad personal, a la identidad cultural del pueblo indígena al que pertenecían las víctimas y al de ubicar sus restos para sepultarlos con dignidad y respeto? ¿Sabía que esa Sala ha sostenido que en casos de graves violaciones de derechos fundamentales, las víctimas directas y sus familiares deben conocer ‒independientemente del tiempo transcurrido‒ autores, fechas, lugares de perpetración, cómo y por qué ocurrieron? ¿Sabía que además reconoció que reconstruir y determinar atrocidades pasadas es medida para su no repetición, pues la sociedad también es titular del derecho a conocer la verdad y mantener viva la memoria colectiva como piedra fundamental para evitar nuevas vulneraciones?
¿Sabía usted que el obrero Leopoldo Fernando Soto Crespo, de 49 años de edad, fue la primera persona que el Socorro Jurídico Cristiano reportó como detenida desaparecida? ¿Sabía que dicho hecho ocurrió el 23 de marzo de 1966, luego de que agentes de la extinta Policía Nacional lo detuvieron cerca de la Maestranza del Ejército? ¿Sabía que desde esa fecha hasta el 15 de octubre de 1979 el Socorro, creado en 1975 para acompañar víctimas de violaciones de derechos humanos, ya contabilizaba 214 casos similares? ¿Sabía que después del golpe de Estado consumado ese 15 de octubre, la cifra de víctimas directas se disparó hasta alcanzar las 719 al finalizar mayo de 1981? ¿Sabía que esa cantidad acumulada durante diecinueve meses y medio representó más del triple de las desapariciones forzadas ocurridas a lo largo de los trece años precedentes?
¿Sabía usted que el monseñor Óscar Romero rechazó la seguridad personal que le ofreció el general y presidente Carlos Humberto Romero a inicios de 1978, pues consideraba más importante la seguridad y la tranquilidad de 108 sufrientes familias que buscaban a sus desaparecidos?
¿Sabía usted que la Comisión de la Verdad reportó casi 1000 desapariciones forzadas de personas cuyas denuncias recibió directamente y que el ejército gubernamental es responsable por 419 de esos hechos, los aparatos militarizados de “seguridad” por 194, los grupos paramilitares por 170, la guerrilla por 105 y los escuadrones de la muerte por 82? ¿Sabía que dicha Comisión registró casi 3400 desapariciones forzadas mediante fuentes indirectas de las cuales 1103 se atribuyen a la Fuerza Armada de El Salvador ‒la de “una historia gloriosa”, según su actual jefe supremo‒ y 858 a los cuerpos represivos, 827 a “hombres de civil”, 309 a la insurgencia, 212 a los paramilitares y 63 a los escuadrones?
¿Sabía usted que hace cuatro décadas, en enero de 1981, nació en la capital costarricense la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM)? ¿Sabía que en ese evento se declaró como Semana internacional del detenido desaparecido la última de mayo? ¿Sabía que esta no se conmemora oficialmente en El Salvador, pese a todos los “méritos” hechos para ello?
¿Sabía usted que después de la guerra continuaron las desapariciones forzadas de personas en el país, ya no por razones políticas sino por políticas públicas irracionales? ¿Sabía del incremento de las mismas durante los últimos meses? ¿Sabía que el ministro de Justicia y Seguridad pidió a los padres de familia de las víctimas directas “responsabilidad en la información” subida a las redes sociales, porque “están fregando a sus hijos […] por el mal ejemplo”? ¿Sabía que hace unos días el presidente de la legislatura “celestial” llamó “organizaciones satélites del FMLN” a personas que denunciaban ese aumento de las desapariciones?
¿Sabía usted que Julio Cortázar demandó “mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que ya se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido” y exigió “seguir considerando como vivos a los que acaso no lo están, pero que tenemos la obligación de reclamar, uno por uno, hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear”?
¿Sabía usted que cualquiera puede ser víctima de ese flagelo? Si no sabía todo lo anterior, ahora ya lo sabe. Cuídese, pues ni las autoridades pasadas lo hicieron ni las presentes lo hacen. Todas, a su manera siempre burda, se han “zafado” negando tan terrible realidad o culpando a las víctimas.
