Por: Benjamín Cuéllar
“Estamos cansados de venir a los funerales, de hacer discursos semana tras semana”. Palabras de Desmond Tutu, arzobispo anglicano emérito recién fallecido en su natal Sudáfrica y premio nobel de la paz en 1984; grandioso luchador contra la brutal opresión ejercida allá por la minoría blanca. En sintonía con esas palabras acusadoras monseñor Óscar Romero, santo desde el 14 de octubre del 2018, señaló que a él le tocaba “ir recogiendo atropellos, cadáveres y todo eso que va dejando la persecución de la Iglesia”. A casi trece mil kilómetros de distancia, sus pueblos figuran entre los que –tanto los obispos Romero y Casaldáliga como los teólogos jesuitas Sobrino y Ellacuría− calificaron como “crucificados”.
El segundo de ese par de curas –también mártir− definió a las poblaciones en tal condición como aquellas colectividades que, “siendo la mayoría de la humanidad”, se encuentran en esa situación debido “a un ordenamiento social promovido y sostenido por una minoría que ejerce su dominio en función de un conjunto de factores, los cuales […] deben estimarse como pecado”. Y el pecado debe ser denunciado con fuerza, sino nos convertimos en protectores de los pecadores; por tanto, también en pecadores.
El magnicidio de Romero, infamia pecaminosa tanto por haber ocurrido como por haberse impedido hasta hoy que la verdad plena y la justicia serena prevalezcan, ocurrió en la víspera de una guerra también escandalosa. Arrebatarle la vida a nuestro buen pastor fue una afrenta al pueblo de Dios que, dentro y fuera de El Salvador, aún sigue denunciándose. Pero tuvimos la suerte de que su sucesor, don Arturo Rivera y Damas, continuó poniendo el dedo en la llaga purulenta de las injusticias sociales y las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad. Ese fue el punto de partida y la base de su búsqueda incansable de la paz, mediante un diálogo no solo entre los victimarios para terminar de combatir entre sí sino con participación real de sus víctimas, que ansiaban salir de esa tribulación para vivir con dignidad.
“Riverón”, como le decían, falleció el 26 de noviembre de 1994. Con la entrañable María Julia Hernández, directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador fundada por él, estábamos en Panamá participando en un evento que ella abandonó inmediatamente para regresar a honrar a su jefe; jefe que seis días antes de morir, durante su última homilía, estuvo a la altura de su antecesor. “Aquí –afirmó firme entonces− tuvimos una Comisión de la Verdad, un Grupo Conjunto que indagó los grupos irregulares armados, y no se hizo caso a la verdad. Nosotros tememos a la verdad y por eso es que falla nuestro proceso de paz, porque donde no hay verdad y hay mentira, ahí la paz se tambalea. Reino de verdad y de vida: esto quiere decir que debemos trabajar para que realmente entre nosotros impere la verdad, impere el respeto a la vida. Porque, aunque haya pasado el conflicto, se sigue matando a la gente y eso no es conforme al plan de Dios”.
¡Cuánta razón y cuánta falta nos hacen esos dos prelados! No se trata de su presencia física sino de sus legados; esos que la jerarquía católica, a lo largo de la posguerra, no ha querido retomar. Se siguen contando por montones las víctimas directas e indirectas de la inseguridad y la violencia; también por montones se cuentan, entre las mayorías populares, las que o no tienen trabajo o si tienen uno precario deben hacer “magia” para sobrevivir con sus familias. Por eso, no para la gente de huir del país. Karen y Eduardo Guerrero Toledo estaban a punto de emprender esa riesgosa aventura, pero el tiempo no les alcanzó; antes desaparecieron por la fuerza y les quitaron la vida. Igual destino fatal tuvo Allison Renderos, joven campeona regional de lucha olímpica, hace casi una década.
Ante estas tragedias pasadas y presentes no se valen los populismos luego de culpar oficialmente de lo ocurrido a Karen, a Eduardo y a su progenitora. A las víctimas fatales, sin ofrecer evidencias, por “andar en malos pasos”; a Ivette Toledo, por “no saber en qué pasos andaban su hija y su hijo”. Esta madre doliente –una de tantas, de muchas− habría preferido tenerles con vida fuera del país, lejos de ella, que un velatorio y la sepultura de sus restos humanos con recursos provenientes de la “generosidad” presidencial. Bien dijo alguien: “No se trata de filantropía sino de justicia”. Tampoco a los “sumos sacerdotes” se les debe admitir la tremenda tibieza que anida en sus corazones. Igual, no se vale. “Si eres neutral en situaciones de injusticia –aseguró Tutu− has elegido el lado del opresor”. ¡Ojo!
