Por Alonso Rosales
El debate sobre la seguridad en el Perú ha vuelto a colocar a las Fuerzas Armadas en el centro de la discusión política. La presidenta Keiko Fujimori ha planteado ampliar el papel de los militares en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, mientras el país enfrenta una realidad que ya no puede explicarse únicamente por el crecimiento de los robos o los asaltos callejeros.
El problema es mucho más profundo.
La extorsión, el sicariato, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el control territorial forman parte de un entramado criminal que ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse. Y cuando el Estado presiona una actividad, las organizaciones criminales trasladan sus recursos hacia otra.
Ese es precisamente el desafío que enfrenta Lima y, en general, el Perú.
Las cifras oficiales muestran la magnitud de la transformación. De acuerdo con el reporte estadístico interinstitucional elaborado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la tasa de denuncias por extorsión pasó de 11,5 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 77,8 en 2025. Es decir, en seis años se multiplicó por más de seis.
Otra estadística permite dimensionar todavía mejor el fenómeno. Según información del Sistema Integrado de Denuncias Policiales, las denuncias por extorsión pasaron de 4.415 en 2021 a 24.245 entre enero y noviembre de 2025, un incremento del 449 %.
No estamos, por tanto, ante un problema coyuntural.
La extorsión dejó de ser un delito marginal
La extorsión se ha convertido en uno de los mecanismos mediante los cuales las organizaciones criminales financian sus operaciones. Los objetivos ya no son únicamente grandes empresarios o personas con elevados ingresos. Comerciantes, transportistas, pequeños empresarios, trabajadores independientes e incluso vendedores informales pueden convertirse en víctimas.
El fenómeno tiene además una característica que dificulta enormemente la respuesta policial: una gran parte de las extorsiones se ejecuta mediante teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería y redes sociales.
Esto significa que el delincuente no necesita estar físicamente frente a su víctima.
Puede encontrarse en otro distrito, en otra ciudad o incluso dentro de un establecimiento penitenciario y continuar dirigiendo operaciones criminales.
El Estado enfrenta así una organización mucho más flexible que las estructuras delincuenciales tradicionales.
¿Las Fuerzas Armadas son la solución?
La respuesta debe ser cuidadosa.
Las Fuerzas Armadas pueden contribuir a recuperar el control territorial en determinadas circunstancias. Su presencia puede liberar efectivos policiales, reforzar determinados puntos estratégicos y colaborar en operaciones específicas contra organizaciones de gran capacidad.
Pero convertir la presencia militar en el eje central de la política de seguridad sería confundir una herramienta con una estrategia.
Los militares están preparados fundamentalmente para enfrentar amenazas de naturaleza militar. La investigación criminal, la recopilación de pruebas, la inteligencia policial, la identificación de estructuras financieras, la persecución de redes de lavado de dinero y la presentación de casos sólidos ante los fiscales y jueces requieren capacidades diferentes.
El propio debate regional demuestra que la militarización no garantiza por sí misma una solución permanente. Un análisis reciente sobre América Latina advierte que países como Ecuador, México, Perú y El Salvador han incrementado la participación militar en seguridad pública, mientras persisten interrogantes sobre abusos, derechos humanos y sostenibilidad de los resultados.
El problema es que una organización criminal no desaparece porque vea soldados en una esquina.
Se adapta.
Puede abandonar una zona, cambiar de método, utilizar nuevas tecnologías, trasladar sus operaciones a otra ciudad o recurrir a intermediarios.
Por eso, el verdadero objetivo no debería ser simplemente aumentar el número de personas uniformadas en las calles, sino desarticular la estructura económica del crimen.
El crimen organizado funciona como una empresa clandestina
Una banda moderna necesita dinero, comunicaciones, armas, transporte, información, abogados, testaferros, operadores financieros y, en algunos casos, corrupción dentro de instituciones públicas.
Ahí está uno de los puntos más delicados del problema.
No basta con capturar al sicario que aprieta el gatillo si quien ordenó el asesinato permanece libre.
No basta con detener al cobrador de una extorsión si el dinero continúa llegando al jefe de la organización.
No basta con decomisar droga si las estructuras financieras que permiten lavar las ganancias permanecen intactas.
Y tampoco basta con construir cárceles si desde esas mismas cárceles los criminales pueden continuar coordinando operaciones.
El Perú ya ha tenido que reforzar las requisas penitenciarias. El INPE informó que entre julio y diciembre de 2025 realizó cerca de 4.100 requisas y trasladó a unos 450 internos considerados peligrosos, además de aplicar medidas para impedir las comunicaciones de los presos con el exterior.
Esto demuestra que el problema penitenciario es parte de la seguridad nacional.
Una cárcel sin control efectivo puede convertirse en una extensión territorial de la organización criminal.
Construir más cárceles tampoco resuelve el problema
En América Latina existe una tendencia a responder a las crisis de seguridad anunciando nuevas prisiones, ampliaciones penitenciarias y regímenes especiales.
Pero una cárcel solamente funciona como instrumento de seguridad cuando está acompañada de controles rigurosos.
Si un preso puede utilizar un teléfono celular para ordenar una extorsión, coordinar un secuestro o movilizar dinero, el problema no es solamente la infraestructura penitenciaria.
Es la infiltración de la organización criminal dentro del sistema.
Por eso resulta fundamental investigar también a los funcionarios penitenciarios, policías, abogados, intermediarios y otros servidores públicos que puedan facilitar las operaciones de las bandas.
El crimen organizado prospera cuando encuentra funcionarios dispuestos a colaborar.
Y aquí aparece una verdad incómoda: la corrupción estatal puede ser más peligrosa que la falta de recursos.
Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica: cuatro realidades distintas
La experiencia latinoamericana demuestra que no existe una fórmula única.
Ecuador ha recurrido con fuerza a los militares ante el crecimiento de las organizaciones criminales y la violencia. Perú también ha ampliado progresivamente la participación militar en determinadas tareas de seguridad. Chile enfrenta una presión creciente por el crimen organizado y ha reforzado sus capacidades de seguridad, pero mantiene un debate institucional sobre hasta dónde debe llegar el papel de las Fuerzas Armadas.
Costa Rica ofrece otra perspectiva.
El país no tiene ejército y, pese a enfrentar un deterioro de sus indicadores de seguridad y una creciente penetración del narcotráfico, su respuesta necesariamente debe apoyarse en las instituciones civiles, la policía, la inteligencia, la cooperación internacional y la persecución financiera.
La lección regional no es que uno de estos modelos sea perfecto.
La lección es que ningún país puede resolver el crimen organizado únicamente con más policías, más soldados o más cárceles.
Se necesita una política integral.
El peligro de las cuotas de capturas
Hay otro asunto que debe ser observado con especial cuidado: la presión política o institucional para presentar resultados rápidos mediante cifras de capturas.
Detener personas es una acción visible.
Desmantelar una organización criminal es mucho más complejo.
Un gobierno puede anunciar cientos o miles de detenidos y, sin embargo, no haber golpeado seriamente a las estructuras que financian el crimen.
Peor aún sería establecer, explícita o implícitamente, cuotas de detenciones.
La seguridad no puede convertirse en una competencia estadística.
Una persona inocente detenida injustamente no es un “resultado”.
Es un fracaso del Estado.
La lucha contra el crimen exige pruebas, investigación, fiscales preparados, jueces independientes y procedimientos respetuosos del debido proceso.
El Estado de derecho no puede ser considerado un obstáculo para combatir a los delincuentes. Al contrario: es una de las principales armas del Estado democrático contra el crimen organizado.
La respuesta debe ser integral
Perú necesita una estrategia que combine varias instituciones.
Primero, una policía fortalecida y especializada en investigación criminal.
Segundo, inteligencia financiera capaz de seguir el dinero de las organizaciones criminales.
Tercero, fiscales especializados con recursos tecnológicos y protección.
Cuarto, jueces capaces de procesar casos complejos sin presiones políticas.
Quinto, control efectivo de las cárceles.
Sexto, tecnología para combatir las extorsiones digitales y telefónicas.
Séptimo, cooperación internacional, especialmente para enfrentar organizaciones que operan simultáneamente en varios países.
Octavo, control de armas y municiones.
Noveno, recuperación de territorios donde el Estado tiene una presencia débil.
Y décimo, una política social que reduzca las condiciones que permiten a las organizaciones criminales reclutar jóvenes.
Porque el crimen organizado no solamente compra armas.
También compra lealtades.
Compra silencio.
Compra información.
Y, cuando encuentra instituciones débiles, puede comprar funcionarios.
La verdadera batalla es por el control del Estado
La crisis peruana debe ser entendida desde una perspectiva mucho más amplia.
El crimen organizado no pretende solamente ganar dinero. Busca controlar espacios donde el Estado es débil.
Controla barrios, mercados, rutas de transporte, cárceles y economías clandestinas.
Cuando una organización criminal consigue que un comerciante pague semanalmente una extorsión, está estableciendo una especie de impuesto ilegal.
Cuando controla una ruta de narcotráfico, está creando un territorio económico.
Cuando consigue funcionarios corruptos, está penetrando al propio Estado.
Y cuando logra que los ciudadanos tengan miedo de denunciar, consigue algo todavía más peligroso: la ausencia de información.
Por eso, recuperar la seguridad significa recuperar también la confianza de la ciudadanía.
No hay que escoger entre seguridad y Estado de derecho
El Perú tiene derecho a defenderse.
Tiene derecho a utilizar a sus Fuerzas Armadas cuando la situación lo requiera dentro del marco constitucional.
Tiene derecho a perseguir a las organizaciones criminales con toda la fuerza de la ley.
Pero precisamente porque el Estado está obligado a proteger a los ciudadanos, también tiene la responsabilidad de no convertir a inocentes en víctimas de una política de seguridad apresurada.
La lucha contra el crimen no puede transformarse en una carrera por mostrar resultados inmediatos.
Las estadísticas de 2025 muestran que la extorsión alcanzó niveles extraordinariamente elevados. Sin embargo, también existen señales de que determinadas medidas de presión estatal pueden producir reducciones temporales: las denuncias pasaron de 6.896 en el tercer trimestre de 2025 a 5.494 en el cuarto trimestre.
La pregunta, por tanto, no es solamente si bajan las denuncias durante unos meses.
La pregunta verdaderamente importante es si el Estado puede desmantelar las organizaciones que producen esas denuncias.
Ahí estará la prueba del gobierno de Keiko Fujimori.
Sacar a los militares a las calles puede generar una sensación inmediata de mayor control. Puede ser útil en determinadas zonas y situaciones. Pero si detrás de esas calles continúan funcionando redes financieras, teléfonos desde las cárceles, corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y estructuras de sicariato, el problema simplemente cambiará de forma.
El crimen organizado es adaptable.
El Estado también debe serlo.
La seguridad del Perú no se resolverá únicamente con soldados, policías o cárceles. Se resolverá cuando las instituciones tengan capacidad para investigar, prevenir, capturar con pruebas, juzgar con independencia, recuperar el dinero del crimen y controlar las prisiones.
La lucha contra el crimen organizado debe ser firme, pero también inteligente. Debe ser contundente, pero dentro de la ley. Porque cuando el Estado abandona el Estado de derecho para combatir al delincuente, corre el riesgo de ganar una batalla y perder la democracia.
La verdadera victoria no será contabilizar más capturados.
Será conseguir que las organizaciones criminales dejen de tener capacidad para extorsionar, secuestrar, traficar drogas, asesinar, corromper funcionarios y controlar territorios.
Ese es el desafío real del Perú.
