Por Alonso Rosales – Observador Internacional
La estrategia de Estados Unidos de interceptar y destruir embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico comienza a generar cuestionamientos sobre su eficacia, sus consecuencias jurídicas y, sobre todo, su capacidad real para golpear a las estructuras que controlan el negocio de las drogas.
En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, el exfuncionario estadounidense para América Latina, Nicholson, cuestionó abiertamente la utilización de la fuerza letal contra las tripulaciones de embarcaciones sospechosas y sostuvo que convertir estos operativos en ejecuciones sin un proceso judicial puede terminar debilitando, en lugar de fortalecer, la lucha contra los grandes carteles.
“Matando gente no es la manera de solucionar el problema del narcotráfico”, planteó Nicholson al ser consultado sobre lo que recomendaría al presidente estadounidense si estuviera nuevamente al frente de la política exterior de Washington para América Latina.
Su principal argumento es estratégico: eliminar a los tripulantes de una lancha no significa desmantelar la organización criminal que está detrás del cargamento.
La inteligencia perdida
Para Nicholson, uno de los mayores errores de este tipo de operaciones es que Estados Unidos puede estar eliminando una fuente potencial de información que permitiría llegar hasta los verdaderos responsables del tráfico de drogas.
Si la tripulación es detenida, interrogada y procesada judicialmente, puede proporcionar información sobre rutas, contactos, intermediarios, centros de distribución, sistemas de comunicación y, eventualmente, conducir a los principales dirigentes de las organizaciones criminales.
Pero si los tripulantes mueren durante una operación militar, esa posibilidad desaparece.
El problema, según su planteamiento, es que los miembros de una tripulación ocupan una posición relativamente baja dentro de la estructura del narcotráfico. Son reemplazables y, en muchos casos, personas procedentes de sectores pobres que encuentran en el transporte de drogas una fuente rápida de ingresos.
“Esa gente se puede reemplazar fácilmente”, sostuvo Nicholson.
El razonamiento apunta directamente hacia una de las dificultades históricas de la llamada guerra contra las drogas: golpear a los eslabones más débiles no necesariamente afecta a quienes controlan y financian el negocio.
La cocaína sigue llegando
Otro elemento señalado por Nicholson es el resultado que estas operaciones producen en el mercado estadounidense.
Si la destrucción de embarcaciones estuviera provocando un golpe significativo al narcotráfico, uno de los indicadores debería ser una reducción sustancial de la disponibilidad de drogas o un aumento considerable de su precio.
Sin embargo, el exfuncionario sostiene que el precio de la cocaína y de otros estupefacientes en Estados Unidos no ha experimentado una reducción que demuestre que estas operaciones estén modificando sustancialmente el mercado.
Esto plantea una pregunta central: ¿qué sentido tiene destruir una lancha si la droga continúa llegando y los carteles mantienen intacta su capacidad de reemplazar a los operadores que pierden?
Para el ciudadano estadounidense, explica Nicholson, el objetivo debería ser mucho más concreto: reducir el flujo de cocaína, fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
Pero para los países latinoamericanos existe otra prioridad igualmente importante: reducir la violencia provocada por los carteles y las organizaciones criminales.
Y, desde esta perspectiva, la eliminación de tripulantes tampoco parece resolver el problema de fondo.
Del operativo militar a la investigación criminal
Nicholson propone cambiar el centro de gravedad de la estrategia antidrogas.
En lugar de concentrar los esfuerzos exclusivamente en la destrucción de embarcaciones, Estados Unidos debería destinar mayores recursos a inteligencia, investigación financiera, cooperación policial y judicial y seguimiento de las redes criminales.
El objetivo debería ser identificar a quienes financian las operaciones, controlan las rutas, manejan los cargamentos y reciben las ganancias.
“Hay que investigar redes del narcotráfico, detener, arrestar los capos del narcotráfico”, sostuvo.
Esto implica una estrategia considerablemente más compleja que una operación militar.
Significa seguir el dinero, identificar empresas utilizadas para lavar capitales, interceptar comunicaciones dentro del marco legal, fortalecer las unidades de inteligencia y mejorar el intercambio de información entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos.
Corrupción y falta de oportunidades
El exfuncionario también coloca sobre la mesa uno de los problemas más difíciles de combatir: la corrupción y la falta de oportunidades económicas.
La lucha contra los carteles, según su planteamiento, no puede limitarse a policías, militares y operaciones de interdicción.
También requiere combatir la corrupción dentro de las instituciones encargadas de perseguir al narcotráfico, establecer mecanismos de control y confianza para los cuerpos policiales y crear alternativas económicas y educativas para las personas que terminan incorporándose a las organizaciones criminales.
La pobreza, la falta de empleo y la ausencia de oportunidades no explican por sí solas el crecimiento del narcotráfico, pero crean un terreno fértil para que las organizaciones criminales recluten jóvenes y trabajadores dispuestos a asumir enormes riesgos a cambio de dinero.
Por ello, Nicholson plantea que la respuesta debe comenzar también con una estructura social y educativa capaz de ofrecer alternativas reales.
Colombia, un caso en disputa
En su análisis, Nicholson reconoce que Colombia ha registrado avances importantes durante los últimos años en la lucha contra las estructuras del narcotráfico, aunque expresó críticas hacia el desempeño durante la administración de Gustavo Petro.
Su expectativa, señaló, es que los esfuerzos contra las organizaciones criminales vuelvan a fortalecerse.
El caso colombiano demuestra precisamente la complejidad del fenómeno: décadas de operaciones militares, cooperación internacional, extradiciones, programas sociales y persecución de carteles no han conseguido eliminar completamente el negocio de la droga.
El narcotráfico ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse. Cuando cae una organización, aparecen otras; cuando una ruta es bloqueada, surgen nuevas; cuando un grupo pierde a sus operadores, los reemplaza.
¿Qué debería aconsejar Nicholson a Washington?
Si hoy volviera a ocupar un puesto de responsabilidad en el Departamento de Estado para América Latina, su recomendación al presidente estadounidense sería clara: no abandonar la lucha contra el narcotráfico, sino cambiar el método.
Más inteligencia y menos operaciones destinadas exclusivamente a eliminar tripulaciones. Más investigaciones contra las estructuras financieras y los dirigentes de los carteles. Más cooperación con los países latinoamericanos. Más controles contra la corrupción y mayores oportunidades para quienes viven en comunidades donde las organizaciones criminales se convierten en una alternativa económica.
La discusión, por tanto, no se reduce a si Estados Unidos tiene capacidad para destruir una lancha sospechosa.
La verdadera pregunta es si esas operaciones están consiguiendo desmantelar el negocio del narcotráfico, reducir el consumo y el flujo de drogas hacia Estados Unidos y disminuir la violencia en América Latina.
Y el planteamiento de Nicholson deja una advertencia de fondo: una guerra contra las drogas que elimina a los operadores de menor rango, pero no alcanza a los capos, las redes financieras y las estructuras de corrupción, corre el riesgo de convertirse en una guerra interminable contra objetivos reemplazables.
