Por Alonso Rosales | Analista internacional
El nuevo sismo que volvió a sacudir a Colombia este miércoles 26 de agosto debería servir como una llamada de atención al Gobierno de Abelardo de la Espriella: la prioridad de un Estado no puede ser únicamente construir más cárceles; debe ser proteger, reconstruir y devolver un hogar digno a quienes lo han perdido todo.
El movimiento telúrico de este miércoles tuvo una magnitud de 5,1, según la actualización del Servicio Geológico Colombiano, ocurrió a las 11:45 de la mañana y tuvo epicentro en Los Santos, Santander, a 149 kilómetros de profundidad. El temblor fue sentido con fuerza en Bogotá, Bucaramanga y otras zonas del país, provocando evacuaciones preventivas. Hasta los primeros reportes disponibles no se habían informado víctimas ni daños graves por este nuevo movimiento.
Pero el verdadero problema está más allá del sismo de hoy.
Colombia todavía intenta levantarse del devastador terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 muertos, decenas de miles de viviendas destruidas y más de 160.000 afectadas, de acuerdo con los balances difundidos por las autoridades y organismos de atención.
En ese escenario, el Gobierno debería preguntarse qué necesita hoy una familia colombiana que duerme en un albergue, bajo un plástico o en una vivienda que puede convertirse en una trampa ante otro terremoto.
La respuesta no es complicada: necesita techo, agua potable, alimentos, atención médica, escuelas, empleo, seguridad y la posibilidad de reconstruir su vida.
La seguridad ciudadana es indispensable. Colombia necesita enfrentar al crimen organizado, recuperar el control de las cárceles y evitar que los delincuentes continúen operando desde los centros penitenciarios. El Gobierno de De la Espriella ha planteado mega cárceles, buques cárcel y una política de mano dura, incluso tomando como referencia algunas medidas aplicadas en El Salvador.
Pero una política de seguridad no puede convertirse en la única política de Estado.
Una cárcel encierra a un delincuente; una vivienda reconstruye una familia.
Si existen recursos públicos para levantar enormes complejos penitenciarios, también debe existir capacidad financiera y política para acelerar la construcción de viviendas para los damnificados.
Colombia debería crear un gran Plan Nacional de Reconstrucción de Vivienda, transparente y con participación directa de las comunidades. El Gobierno podría utilizar el modelo del antiguo FOREC, aplicado después del terremoto de 1999, pero corrigiendo sus errores y garantizando que los damnificados tengan voz en las decisiones. Aquel mecanismo permitió coordinar al Estado, sector privado, universidades y organizaciones sociales para acelerar la reconstrucción.
La emergencia actual exige además una política que vaya más allá de entregar subsidios temporales. El Gobierno ya anunció ayudas económicas, subsidios de arriendo, materiales de construcción y apoyo técnico para damnificados.
Pero la pregunta fundamental es: ¿cuándo volverán esas familias a tener una casa propia y segura?
Ese debería ser uno de los grandes indicadores del Gobierno.
Cada peso destinado a reconstruir una vivienda significa también recuperar una familia, un barrio y una comunidad. Y cada escuela reconstruida significa evitar que los niños damnificados pierdan todavía más meses de educación. Cada centro de salud recuperado representa una inversión directa en la vida de la población.
Colombia necesita seguridad, sí. Pero seguridad también significa que una familia pueda dormir tranquila dentro de una vivienda que no se va a caer sobre ella.
El nuevo temblor de este miércoles vuelve a demostrar que el país no puede esperar a que ocurra otra tragedia para actuar.
De la Espriella tiene ante sí una oportunidad histórica: demostrar que la mano firme del Estado no solamente sirve para perseguir delincuentes, sino también para levantar casas, reconstruir pueblos y devolver esperanza a quienes lo perdieron todo.
La gente no está pidiendo discursos.
Está pidiendo un techo.
Y hoy, antes que otra mega cárcel, Colombia necesita reconstruir los hogares de sus damnificados.
