Por Alonso Rosales
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un endurecimiento de la política de seguridad de su Gobierno al señalar que todas las estructuras criminales que operan en el país serán tratadas bajo una misma categoría: la de grupos “terroristas”.
Durante un Consejo de Seguridad realizado en Barranquilla, el mandatario sostuvo que fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando forman parte de una misma estructura criminal y, por tanto, deben recibir una respuesta integral por parte del Estado.
“Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal, pase lo que pase”, afirmó De la Espriella, en un mensaje que marca una ruptura con los enfoques diferenciados utilizados anteriormente frente a las distintas organizaciones armadas y criminales.
El nuevo enfoque contempla una mayor coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, además de la creación de cuerpos élite y de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. El Gobierno también pretende intensificar el seguimiento de las finanzas de las organizaciones criminales mediante la colaboración con entidades bancarias y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Un discurso cada vez más cercano a Washington
La nueva política de seguridad de De la Espriella ocurre en un contexto de creciente acercamiento entre Bogotá y Washington. Desde su llegada al poder, el mandatario colombiano ha estrechado sus relaciones con la administración del presidente Donald Trump y anunció la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en la región.
Washington, por su parte, ha manifestado su disposición a respaldar al Gobierno colombiano mediante tecnología, cooperación militar y operaciones coordinadas para combatir a las organizaciones que Estados Unidos califica como narcoterroristas.
En ese escenario, el discurso de De la Espriella parece seguir cada vez más claramente el guion de seguridad impulsado desde Estados Unidos: identificar al crimen organizado y al narcotráfico como una amenaza terrorista y responder mediante una mayor militarización, inteligencia financiera, cooperación internacional y operaciones conjuntas.
La cuestión de fondo será determinar hasta dónde llegará esta estrategia y cuáles serán sus efectos sobre los derechos civiles, el tratamiento judicial de los diferentes grupos criminales y las comunidades afectadas por la violencia.
Barranquilla y su área metropolitana serán utilizadas como un “laboratorio” de esta política, según anunció el presidente, con mayor presencia policial, inteligencia y coordinación institucional.
El giro representa uno de los primeros grandes pasos de la nueva administración en materia de seguridad y confirma que la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales será uno de los ejes centrales de su Gobierno.
