Ante el debate sobre la “injusticia” del incremento aprobado por el Consejo Nacional del Consejo Mínimo (CNSM), el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas , aseguró que la última palabra para la aprobación del aumento la tiene la Ministra de Trabajo, Sandra Guevara y no el presidente Salvador Sánchez Cerén.
“De acuerdo a la normativa jurídica, un acuerdo del Consejo Nacional del Salario Mínimo es elevado al despacho de la Ministra de Trabajo y la ministra tiene dos prerrogativas: uno es la de sancionar, aceptar lo actuado por el CNSM, y una segunda es la de observar”, sentenció.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario afirmó que la representación laboral al interior del Consejo Nacional de Salario Mínimo tiene un “contubernio” con el sector empresarial más “retrogrado” que carece del interés de beneficiar a la población trabajadora del país.
Según la valoración de Chicas, está cuestionada la legitimidad respecto a la representación de estos trabajadores. “¿Qué es lo que aprueba el Consejo Nacional del Salario Mínimo? “¦un pírrico incremento” cuestionó durante una entrevista televisiva.
Según Chicas no se esperaban “grandezas” para el sector trabajador porque la situación del país “no da para tanto”, pero si se esperaba “acercarse a la justicia social que representa la cobertura de la canasta básica de alimentos o sea, al menos el derecho de comer”.
Respecto al aumento del salario mínimo el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos (PDDH), David Morales, es un agravio a la justicia laboral. Enfatizó en que la decisión debe ser revisada para que el aumento sea significativo, digno y justo.
Morales señaló que el aumento al salario mínimo “es tan pequeño que, evidentemente, es contrario a la justicia laboral y a las obligaciones en materia de Derechos Humanos, no satisface en lo mínimo los estándares de derechos humanos de la población trabajadora".
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), que aglutina diversas organizaciones se pronunció ante la decisión tomada el pasado uno de junio aseverando que el aumento gradual constituye una ofensa para la clase trabajadora salvadoreña y contradice lo establecido en el artículo 38 de la Constitución de la República, según el cual el salario mínimo debe responder al “costo de la vida” y debe ser suficiente para “satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural”.
El colectivo rechazó el “miserable aumento” aprobado a la vez que condenaron la actitud de los representantes del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo por traicionar los intereses de la clase trabajadora. La MPJL, solicitaron al mandatario Salvador Sánchez Cerén, que rechace el acuerdo de aumento aprobado.
El pasado primero de junio los sectores patronal y laboral del CNSM emitieron acuerdo mediante el cual aprobaron un aumento al salario mínimo gradual para tres años del 13.5% para comercio y servicios y del 15% para los otros subsectores.
