A días que concluya la tercera prorroga otorgada por la corte suprema a la asamblea legislativa para que ésta produzca una Ley de Reconciliación Nacional (acabando la impunidad para aquellos que ejecutaron, financiaron y por supuesto, planearon los delitos que de lesa humanidad, se cometieron durante el conflicto armado de los ochenta contra la población civil ejecutada por agentes del estado salvadoreño), valdría reflexionar: ¿a quienes representan estos llamados Padres de la Patria?
Y es que al atisbar el texto de su propuesta, nos encontramos con algunas interesantes medidas que los miembros de la asamblea proponen para zanjar el tema.
Por ejemplo, proponen los diputados que el ministerio de educación instituya dentro de los planes escolares, el tema de la reconciliación con el propósito de hermanar a la población, lo que resulta loable hasta reparar en quienes constituirán el concejo que desde el sistema educativo trazarán los planes para lograr este propósito: dos de sus miembros deberán ser firmantes de los acuerdos de paz, lo que producirá sin duda una lectura arbitraria del conflicto, que acentúe el hecho de que por ejemplo, se concluyó gracias a la negociación que las partes enfrentadas realizaran, lectura que es parcial y no hace énfasis en las causales del mismo, como estas no fue abordadas en la negociación, y como este olvido inciden en la inseguridad social e impunidad jurídica imperantes en nuestro país.
Otro crudo ejemplo del propósito de asegurar el esquema de impunidad dominante en el país, lo son las condiciones admitidas por los criminales de guerra – para quienes los partidos políticos el manejo ha sido “pedir permiso”- garantizado también en éste nuevo proyecto, en el cual cada criminal solo tendrá que pedir perdón, para limpiar su pasado y de paso, reforzar la justicia de clase practicada en nuestro país, mientras las victimas siguen, aguardando ésa justicia.
Y es que parte de la problemática sí reside en la ausencia de memoria histórica, y que los nacidos luego de la guerra sencillamente carecen, reforzado por un modelo educativo que la niega, favoreciendo la construcción de una sociedad sin memoria, pasado, y por supuesto, sin identidad, asegurando la impunidad.
Es decir, el secuestro de sindicalistas y su ulterior desaparición, el asesinato de maestros y sacerdotes, o la tortura arbitraria de personas en aquellos días, son todos hechos olvidados por la población que fueron ejecutadas por los indiciados en el Informe de la Comisión de la Verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras entidades, abordando en investigaciones por separado, y llegando a las mismas conclusiones, señalando al estado salvadoreño como principal violador de derechos humanos durante aquel conflicto, aún impune.
Entonces el olvido propuesto desde la asamblea es su mejor garantía para la impunidad, por lo que es ahí, en el sistema educativo donde el énfasis debe acusar, prohibiendo olvidar, garantizando la reparación desde la institucionalidad, y asegurando la reprensión punitiva y ejemplarizante para los responsables, lo que más temprano que tarde, legitimará al estado, impidiendo la repetición de estas políticas y prácticas.
