En México es innegable que existe una amenaza generalizada que atenta contra el ejercicio del periodismo libre, y que ha colocado al país como uno de los lugares más peligrosos para practicar esta profesión a nivel mundial. Apenas el pasado diez de febrero, se confirmó el homicidio de la reportera veracruzana Anabel Flores Salazar, quien había sido secuestrada un día antes en el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, se trata del tercer periodista mexicano asesinado a causa de su labor en lo que va del presente año. Su homicidio fue precedido por los de Marcos Hernández y Reinel Martínez, el 21 y 22 de enero pasado, respectivamente. Las implicaciones de este escenario no son menores ya que las intimidaciones y agresiones contra el periodismo comprometen la consolidación democrática del país. Además, el panorama no es alentador si tomamos en cuenta los escasos resultados de los mecanismos de protección existentes y los continuos problemas de inseguridad e impunidad en todo el país.
El deterioro de la libertad de prensa
De acuerdo al índice de Libertad de Prensa 2015, México se encuentra en el lugar 148 de 180 países y se ubicó como el peor país de América Latina para ejercer el periodismo, seguido por Venezuela, Colombia, Guatemala y Honduras. México se ha mantenido entre los países peor posicionados de acuerdo a este indicador desde 2005, cuando el país se ubicó por primera vez entre los últimos lugares de la clasificación (ver gráfica 1). Las presiones hacia los medios de comunicación y periodistas son variadas y van desde negocios con agendas políticas, anunciantes en busca de una cobertura positiva, hasta intereses gubernamentales que buscan manipular o censurar el contenido de distintos medios. No obstante, hoy en día la mayor amenaza hacia los periodistas se ha dado por la violencia relacionada al crimen organizado, y la corrupción en las propias instituciones gubernamentales.
Por un lado, los criminales buscan silenciar los reportajes y notas para ocultar sus actividades ilegales y llamar la menor atención posible por parte del gobierno. Por el otro, las autoridades ““entre las cuales se encuentran policías, secretarios, legisladores y gobernadores”“ buscan evitar que sus vicios, errores e incluso sus delitos salgan a la luz y se vuelvan fuente del escrutinio público. Por ello no es casualidad que en el 66% de los casos detallados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el principal sospechoso sea el crimen organizado, seguido por autoridades civiles con un 11% y miembros de las fuerzas armadas con un 9%. Además, en los casos que el CPJ ha logrado confirmar que la labor periodística fue el principal motivo del asesinato, el 77% de los periodistas asesinados se dedicaba a cubrir temas relacionados con el crimen, 29% con la corrupción y 23% con la política. En este caso es evidente que la problemática de inseguridad que atañe específicamente a los periodistas se inserta en un escenario de violencia y que, de no atenderse, amenaza a la libertad de prensa en todo el país.
Perspectiva estatal
Si bien la situación nacional es grave, la mirada a las cifras estatales demuestra “focos rojos” en dónde el número de homicidios de periodistas es considerablemente mayor al resto de los estados. De acuerdo a los registros de CPJ, entre 2006 y 2015 cuatro de cada diez asesinatos confirmados de periodistas han ocurrido en Oaxaca y Veracruz (ver gráfica). Es importante aclarar que la categoría de asesinatos “confirmados” se refiere a aquellos casos en donde la evidencia demuestra que el motivo del crimen estuvo directamente relacionado al hecho de que estos individuos se desempeñaban como periodistas.
La magnitud de la amenaza contra el periodismo en Veracruz es innegable si consideramos que durante la administración del gobernador Javier Duarte, el número de periodistas asesinados y desaparecidos asciende a 18 y, tan solo en 2015, se registraron 66 agresiones contra la prensa. Lo más preocupante es que los poderes fácticos locales son la principal fuente de las amenazas, desapariciones y homicidios. Basta recordar el caso de José Moisés Sánchez, quien presuntamente fue asesinado por el alcalde del municipio de Medellín debido a que se dedicaba a denunciar la corrupción de autoridades municipales y las deficiencias de los servicios públicos en el estado. Sin embargo, a pesar de la extensión de estos delitos, las autoridades locales han sido incapaces de esclarecer los crímenes y el grado de participación de alcaldes, policías y otros gobernantes en los mismos. Esto ha mantenido el ciclo de impunidad que prevalece en la entidad.
La respuesta insuficiente del Estado
Como demuestran las cifras anteriores, la amenaza hacia la prensa y el periodismo mexicano es una realidad y, desafortunadamente, el Estado ha sido incapaz de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de esta profesión. Hasta el momento, los resultados de la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ““que contempla mecanismos de colaboración entre la Federación y los estados para asegurar medidas de prevención y protección”“ han sido magros. Entre estos mecanismos destaca el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México creado en junio de 2012. Este mecanismo ha sido poco eficiente ya que ha estado caracterizado por una falta de respaldo político, financiero y un gran desinterés en activar las herramientas para prevenir las agresiones hacia periodistas y defensores. Uno de los instrumentos del mecanismo se refiere a la dotación de botones de pánico que envían una alerta a las autoridades para agilizar su respuesta ante la amenaza de los periodistas. No obstante, en la mayoría de los casos que se han usado, dichos botones han fallado. En este sentido, el mecanismo establecido por la Ley se ha quedado corto, y los sistemas de alerta y de auxilio han sido incapaces de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, y la integridad y vida de quienes lo ejercen.
Por último, a pesar de la reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar delitos cometidos en contra de periodistas, y de la obligación directa de las procuradurías locales para resolver los crímenes, 91% de los homicidios continúan impunes. Si bien el diseño de estos mecanismos es el adecuado, muchas veces sus alcances han sido sobredimensionados. Las posibilidades de los mismos para lograr incidir de forma significativa en la problemática son limitados por una carencia de recursos humanos y económicos que los hagan operables y, porque no han ido acompañados de otras acciones encaminadas a combatir los problemas de inseguridad e impunidad que caracterizan a la totalidad del país.
El ejercicio libre y seguro del periodismo es un elemento indispensable para la existencia de una democracia. La labor periodística es un pilar que condiciona la calidad de la participación política debido a que fortalece el vínculo entre gobernantes y ciudadanos. En un país como México en el cual los canales institucionales de acceso a información pública son incipientes y limitados, la labor periodística se vuelve esencial para colocar en la discusión pública una serie de temas ignorados por la agenda gubernamental y los medios tradicionales. El gran riesgo de la situación actual es que, si no se corrige, cada vez habrá menos condiciones para la existencia de un periodismo libre en el país y, por lo tanto, la posibilidad de construir un auténtico Estado democrático.
(*) Autores: Carlos De la Rosa, Roberto Gómez, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael Vega
Coordinadora: Mariana Meza
Editor: Patricio Toussaint
