La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) promovió un recurso ante un tribunal internacional para dar su aporte en medio del proceso de elaboración del proyecto de ley de reconciliación que tienen los diputados y que ha sido criticado por su parecido con la Ley de Amnistía General (1993), una normativa que ya no se puede aplicar en el país.
En un comunicado, la PDDH informó que ha enviado un recurso llamado amicus curiae y que funciona como la intervención de un tercer participante en un proceso jurídico en el que, originalmente, no estaba involucrado. Con mayor detalle, se trata de un escrito que la titular de la procuraduría envió al secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Pablo Saavedra.
“Se está a la espera que el contenido del amicus curiae sea conocido en el próximo período de sesiones de la Corte IDH que se desarrollará del 26 de agosto al 13 de septiembre de 2019″, señaló el comunicado de la Procuraduría.
Este recurso lo enviaron en relación con las medidas provisionales que pidieron el trámite de medidas provisionales solicitadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Tutela Legal María Julia Hernández, en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia sobre las masacres en El Mozote y lugares aledaños.
Tanto el CEJIL como Tutela Legal solicitaron a la Corte IDH que estableciera medidas provisionales a las autoridades de gobierno salvadoreñas, frente a la discusión y posible aprobación de la ley de reconciliación que se está formulando en la Asamblea Legislativa. Este proyecto busca crear un marco legal para juzgar los crímenes de guerra civil salvadoreña y procurar la reparación de las víctimas. Pero las organizaciones que representan a estas víctimas, y aquellas que en general abogan por los derechos humanos, critican que la versión actual de esa ley de reconciliación volverá en extremo difícil llevar los casos a tribunales, identificar responsables y sancionarlos.
Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas que visitó el país, llamó a este anteproyecto de ley una “amnistía de facto”, por la manera en que se estaba preparando su aprobación.
Frente a este panorama, solicitaron a la Corte IDH establecer medidas provisionales, mismas que este tribunal internacional dictó el 28 de mayo de este año. Estas medidas están relacionadas con el cumplimiento de la sentencia que en 2012 la Corte IDH impuso al Estado salvadoreño, responsabilizándolo por la masacre en El Mozote y sitios aledaños (1981). Parte de la resolución de 2012 establece que el gobierno no volverá a aprobar una ley que impida la investigación y la justicia de crímenes cometidos durante la guerra, por ejemplo.
Así, en sus medidas provisionales, la Corte IDH ordenó suspender la discusión del anteproyecto de ley de reconciliación y además enviar información acerca de este proceso, entre otras disposiciones. Pero el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, explicó que no están dispuestos a cumplir con la suspensión del proceso para discutir esa ley, pues deben atenerse al plazo que estableció la Sala de lo Constitucional para tener ese marco legal: 13 de julio. Además, enfatizó que la atribución del parlamento para legislar es soberana.
Desde la semana pasada, no hay información desde la Asamblea sobre la discusión de esta ley.
La PDDH indicó que el amicus curiae que presentó Caballero “tiene por finalidad que la Corte IDH cuente con mayores elementos para informar su pronunciamiento”. Parte del contenido de este recurso habla sobre “el intento de aprobación expedita de una nueva Ley de Amnistía y su posible impacto”, así como la importancia de que los proyectos de ley respeten la Constitución. También se consideró el seguimiento que ha dado la Sala de lo Constitucional a su sentencia de julio 2016, que expulsó a la Ley de Amnistía General (1993) del ordenamiento jurídico salvadoreño.
En ocasiones anteriores, la PDDH se ha pronunciado en contra del anteproyecto de ley de reconciliación, “porque claramente riñe con los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos”, consignó el comunicado.
