La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo internacional de justicia que tiene jurisdicción en El Salvador, ordenó al Estado salvadoreño detener el avance del anteproyecto de la llamada Ley de Reconciliación en su versión actual, es decir, la que está en la Asamblea Legislativa.
En un documento fechado este martes, 28 de mayo, la CIDH resolvió “requerir al Estado de El Salvador, de conformidad con lo dispuesto (“¦) que, para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas del caso Masacres de El Mozote y sitios aledaños, suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de “˜Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”™, que en estos momentos está en estudio en la Asamblea Legislativa”. También dio medidas provisionales a las víctimas de la masacre de El Mozote.
La carta está firmada por Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente de la CIDH y por Pablo Saavedra, secretario del mismo organismo.
En 2012, la CIDH responsabilizó al Estado salvadoreño por los daños y graves violaciones perpetradas durante la guerra contra más de 1,000 personas en El Mozote y sitios aledaños, más otras atrocidades como violaciones sexuales. Además de aceptar la responsabilidad, el Estado salvadoreño asumió otros compromisos, como “cumplir con su obligación de investigar, identificar y, en su caso sancionar” lo ocurrido en El Mozote y “respecto de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador”.
En este sentido, el organismo internacional de justicia estableció que la Ley de Aministía General ya no debía representar un obstáculo para este fin. Así, se exigió además que las autoridades salvadoreñas debían “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores”, se lee en la misiva dirigida al Estado.
Quienes primero alzaron las voces de alarma fueron los representantes de las víctimas. Luego de considerar sobre lo que informaron los representantes, el equipo de la CIDH concluyó que la propuesta que tienen los diputados de la ley de reconciliación “podría afectar la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, y desde luego, las que corresponden a la masacre en Morazán.
Así, de acuerdo al documento enviado por la Corte, el Estado salvadoreño deberá informar sobre cómo ha dado seguimiento a esta resolución, a más tardar, el 14 de junio. Los representantes de las víctimas y el equipo de la CIDH también deberán complementar la información.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informó esta tarde que resolución responde a que el derecho a la justicia de las víctimas de El Mozote corre “grave riesgo”, debido a la discusión que los diputados del Parlamento salvadoreño han estado llevando a cabo las últimas semanas, indicó Gisela de León, directora jurídica del CEJIL.
“La Corte otorga estas medidas provisionales debido a que el derecho a la justicia de las víctimas de la masacre se encuentra en grave riesgo, debido a la discusión que se ha tenido las últimas semanas sobre la adopción de una Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador. Si bien fue ordenada por la Sala de la Constitucional (“¦) esta ley que se está discutiendo tiene una serie de disposiciones que atentan contra los estándares internacionales en materia de derechos al acceso a la justicia”, precisó de León.
De acuerdo con la representante del CEJIL, los apartados de la normativa que atentan contra el derecho internacional son: la disposición que indica la selección de casos, no respeta el principio de proporcionalidad de la pena a la gravedad de los hechos y que no se respeta los estándares sobre prisión preventiva.
Para director del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, Benjamín Cuéllar, esta medida es una “acción preventiva” para frenar los intentos de aprobación de una nueva amnistía por parte de los legisladores que vaya en contra de los estándares internacionales.
“Esta es una medida de prevención. Están previniendo que no se vaya a aprobar una amnistía contraria a los estándares internacionales e impida que el Estado salvadoreño cumpla con sus obligaciones internacionales. Además que no viole los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional (“¦) en unas palabras están deteniendo lo que esta gente estaba haciendo en la Asamblea Legislativa”, indicó Cuéllar, mientras detalló que esta va a ser definitiva en la próxima sesión plenaria de la CIDH.
¿Aprobarán la ley?
Durante la tarde el lunes y del martes, persistieron los rumores de que los diputados aprobarían la propuesta de ley de reconciliación nacional, es decir, esta misma que la CIDH exige detener.
Sin embargo, diputados como Norman Quijano (ARENA, presidente de la junta directiva de la Asamblea) y Damián Alegría (FMLN) desmintieron que estuviese cerca la aprobación de la nueva ley. Sí se convocó a sesión plenaria para el miércoles, pero esta nueva ley en particular no estaba dentro de la agenda, lo cual no impide que se pueda introducir en el transcurso de la plenaria como dictamen, para su posterior discusión pública y votación.
*Con aportes de Jorge Medina
