El procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, indicó que es necesario reivindicar los derechos para los pueblos indígenas, ya que consideró que se tiene una deuda histórica con este sector de la sociedad salvadoreña.
Tobar brindó esta postura durante el 89 aniversario del asesinato del líder indígena, Feliciano Ama, en 1932 a manos del régimen militar del expresidente de la República, Maximiliano Hernández Martínez.
El 22 de enero de 1932, en los municipios de Juayúa, Tacuba, Izalco, y Nahuizalco, inició una masacre perpetrada por militares quienes asesinaron a personas indígenas, hombres y niños arriba de los doce años que usaban refajo, vestían cotón o hablaban el Nahuat, incluyendo al líder indígena, quien fue capturado y ejecutado públicamente.
A criterio del ombudsman salvadoreño, lo anterior pone en evidencia que los pueblos indígenas en el país fueron víctimas de un genocidio-etnocidio, durante el régimen de Martínez, el que los mantuvo por décadas en la miseria y despojados de sus herencias ancestrales como la tierra, dicha práctica sistemática, atroz e inaceptable, fue el resultado de una estrategia deliberada para silenciar, dispersar y aterrorizar a los pueblos indígenas de la zona occidental.
Por lo tanto, dijo que esto llama a la reflexión sobre la situación actual de los Pueblos Indígenas de El Salvador, en la que persiste, -por parte del Estado-, la aplicación de políticas carentes de enfoque multicultural, lo que ha contribuido a su invisibilización, situación que la procuraduría constató en el marco de la pandemia COVID-19 , a raíz de la falta de respuesta oportuna y conforme a su cosmovisión, ante el impacto que esta causó en ámbitos de su vida, como la economía, seguridad alimentaria, derecho a la salud, trabajo de la tierra, acceso a la educación intercultural, etc.
“Los Pueblos Indígenas, continúan siendo víctimas de resistencia a sus procesos reivindicativos, ejemplo de ello, es la pendiente firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, el cumplimiento y aplicación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PLANPIES), la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas; y la pendiente consulta de la Ley Secundaria para los Pueblos Indígenas de El Salvador”, indicó Tobar.
Ante esto, sostuvo que es necesario velar por el respeto y garantía del derecho a la verdad, el acceso a la justicia, de no repetición de hechos como los ocurridos en enero de 1932; y la obtención de reparaciones integrales adecuadas a favor de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares.
Además, indicó que es necesario la discusión de la Ley Secundaria sobre Derechos de Pueblos Indígenas, ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Asimismo, acompañar las justas reivindicaciones promovidas por los pueblos Nahua, Lencas y Kakawiras, como personas defensoras de sus derechos, especialmente los relacionados a su identidad, participación, la buena gobernanza y el cuido a la Madre Tierra y recursos naturales.
