En un nuevo giro dentro del polémico entramado político y carcelario salvadoreño, Osiris Luna, exdirector de Centros Penales y actual viceministro de Seguridad de El Salvador, ha vuelto a ser centro de atención internacional.
Según un reportaje publicado recientemente por el diario The New York Times, Luna habría intentado negociar con diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en San Salvador un asilo de lujo en territorio estadounidense, a cambio de entregar información comprometedora sobre los supuestos pactos entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las principales pandillas del país.
De acuerdo con el artículo del medio neoyorquino, Luna realizó dos visitas a la embajada estadounidense en agosto de 2020. Durante esos encuentros, habría ofrecido testificar sobre cómo se habría negociado una tregua con las pandillas —incluidas la MS‑13 y Barrio 18 de manera consensuada y con conocimiento de altos funcionarios del Ejecutivo. Como parte de la negociación informal, Luna habría mostrado a los diplomáticos una captura de pantalla en su celular que, según él, probaba el ingreso de un alto mando pandillero a un penal bajo su supervisión directa.
La revelación cobra relevancia no solo por su contenido, sino por la figura de quien la protagoniza. Osiris Luna ha sido señalado en reiteradas ocasiones por corrupción y abuso de poder. Está incluido en la Lista Engel, un listado oficial del gobierno de Estados Unidos que identifica a personas involucradas en actos de corrupción y socavamiento de procesos democráticos en Centroamérica. Además, investigaciones de El Faro lo vinculan directamente con las negociaciones clandestinas con pandillas que presuntamente buscaban reducir los homicidios a cambio de beneficios penitenciarios.
La supuesta intención de Luna —según The New York Times era canjear esa información por un “asilo dorado”, una especie de protección especial en EE. UU. para él y su familia, lo cual le permitiría abandonar El Salvador con inmunidad y garantías personales. Sin embargo, el prestigioso diario norteamericano indica que los diplomáticos que lo recibieron se mostraron escépticos ante su propuesta, dado su historial y la falta de credibilidad que pesa sobre él.
El reportaje del New York Times, que también ha sido reseñado por medios salvadoreños como El Diario de Hoy, se publica en un momento político especialmente delicado. El gobierno de Bukele ha promovido una narrativa de mano dura contra las pandillas y ha capitalizado políticamente su régimen de excepción, con miles de capturas y altos niveles de aprobación popular.
Pero las acusaciones de pactos secretos con estos grupos criminales —denunciados por El Faro desde 2020— han erosionado su imagen ante la comunidad internacional. El intento de Luna de cambiar lealtades y ofrecer testimonio contra Bukele a cambio de refugio pone en evidencia no solo las fracturas internas dentro del oficialismo, sino también el alto costo personal y político que tienen estos pactos ocultos con estructuras criminales. Su propuesta a la embajada podría interpretarse como un desesperado intento de escapar de las posibles consecuencias legales que podrían avecinarse, en caso de que haya un cambio de postura internacional respecto al régimen salvadoreño.
En este contexto, el episodio también deja al descubierto una dura verdad: incluso quienes diseñaron o ejecutaron la política de pactos con pandillas parecen dispuestos a traicionar a sus aliados, si eso significa salvar su pellejo. Y aunque Estados Unidos no ha confirmado públicamente la versión del Times, el silencio diplomático no ha impedido que el tema adquiera dimensión global.
La figura de Osiris Luna, ya empañada por múltiples escándalos de corrupción —incluyendo el manejo irregular de fondos destinados a alimentos para reos, según investigaciones periodísticas y de la Fiscalía—, queda aún más debilitada ante este intento de negociación tras bambalinas.
De confirmarse plenamente lo revelado por The New York Times, este episodio podría marcar un punto de inflexión en la narrativa de seguridad del gobierno de Bukele. Una cosa es castigar a los pandilleros; otra, muy distinta, es haber pactado con ellos y ahora enfrentar la posibilidad de que sus propios funcionarios testifiquen en su contra para obtener beneficios personales fuera del país.
