Por Benjamín Cuéllar
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los órganos competentes en nuestro sistema regional de derechos humanos; se encarga de conocer y tramitar “asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados” parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alguna gente los confunde. Pero a la segunda llegan casos después de conocerlos la primera, que ejerce siete funciones; entre estas, la de “preparar los estudios e informes que considere convenientes” para cumplir el resto. En ese marco, además de su informe anual, la Comisión Interamericana elabora informes de país. Sobre el nuestro, ha emitido cuatro.
Hace casi quince años escribí un texto solicitado por la Fundación para el Debido Proceso Legal y publicado en el libro titulado “Víctimas sin mordaza. El impacto del sistema interamericano en la justicia transicional en América Latina: los casos de Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú”. En el encabezado del primer apartado de mi modesta contribución, decía que la relación entre el referido sistema y nuestro país había sido ‒de 1969 a 1992‒ “difícil”. Hubo que calificarla de forma “políticamente correcta”; pero durante ese casi cuarto de siglo, tal relación fue mucho más que eso. El primer informe de la CIDH, finalizado en abril de 1970, fue elaborado luego de una visita al territorio nacional y al hondureño que inició diez días antes de estallar la guerra entre ambas comarcas. Es la primera y, hasta ahora, la única vez en la historia de estos informes que se incluyen dos países.
El siguiente sobre El Salvador también se conoció antes de otra confrontación armada: la interna, que inició el 10 de enero de 1981 con la primera “ofensiva final” del entonces recién nacido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y su incipiente ejército guerrillero. En alguna medida, este conflicto bélico se desató tras malograr dos oportunidades para evitarlo. La primera tiene que ver, precisamente, con la segunda visita de la Comisión Interamericana para examinar la situación de derechos humanos; tuvo lugar del 9 al 18 de enero de 1978 y el informe respectivo se conoció comenzando 1979.
Ante sus graves conclusiones y atinadas recomendaciones, la respuesta fue rechazar “los cargos” sobre las “pretendidas violaciones” de derechos humanos que le endosaban, pues en su “mayoría” obedecían “a razones políticas y a la existencia en el país de una seria crisis” que estaba tratando de superar. “Si algunos abusos de autoridad ‒alegó en su patética defensa‒ puedan haberse cometido, existen las leyes y tribunales competentes; no pretende el Gobierno auspiciar la impunidad de ningún culpable”. No cumplió, pues, lo recomendado. La otra posibilidad desaprovechada que quizá pudo evitar la guerra, quién sabe, fue la que asomó con el golpe de Estado triunfante del 15 de octubre de 1979 pero rápidamente revertido por ‒ahora que están de moda‒ “fuerzas oscuras”.
Después, a dos años de la firma de la paz, fue publicado en 1994 otro informe. De este, destaca el abordaje de dos asuntos cruciales relacionados justamente con lo que ese régimen derrocado llamó eufemísticamente “abusos de autoridad”: la Comisión de la Verdad y la amnistía aprobada cinco días después de la presentación del informe público de la primera, denominado “De la locura a la esperanza”. Esperanza que se esfumó al fortalecer con la segunda la impunidad protectora de los perpetradores de la barbarie, que se suponía superada; impunidad que ha permanecido presente durante treinta años ‒de enero de 1992 a la fecha‒ favoreciendo a responsables de graves atrocidades contra la dignidad humana antes y durante la guerra, delincuentes de “cuello blanco” y políticos mafiosos, de todos los colores y sabores.
Finalmente, hace unos días la Comisión Interamericana presentó otro informe sobre la situación de los derechos humanos acá. Pasaron décadas y sigue reportando violencia e impunidad, entre otros males que nos aquejan; su efecto ‒concluye‒ “es especialmente grave sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos, comúnmente afectados por hechos de violencia sexual, amenazas, extorsiones”.
Ciertamente, por el momento, en tal escenario no se incluyen hechos graves motivados políticamente. Aun así, este documento llama a preocupación. Pero en adelante, tal como va el país y la crispación prevaleciente en el país desde la última visita de la CIDH a finales del 2019, puede que esta ‒a raíz de sus denuncias‒ pase a ser considerada como parte de las “fuerzas oscuras” que “conspiran” contra el régimen actual.
