Los diputados de la Asamblea Legislativa que conforman la Comisión Política realizaron este lunes una consulta general respecto de la nueva y polémica ley de reconciliación nacional, que está siendo discutida desde hace algunos meses en el Órgano Legislativo, pero que ha recibido duras críticas de la sociedad civil y de la comunidad internacional; incluso ha sido catalogada como una “nueva amnistía de facto”.
Para este proceso fueron invitados organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas del conflicto armado, universidades, así como representantes de la Iglesia Católica, de la Fuerza Armada y entidades jurídicas para aportar sus insumos a la Comisión.
Durante el proceso, el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, cuestionó el artículo 21 de la ley, la cual establece que los archivos de la Comisión de la Verdad no servirán como objeto probatorio en los procesos, ya que daría lugar a una inconstitucionalidad, pues este punto no concuerda con lo establecido en la sentencia de la sala de lo Constitucional en 2016.
“El sistema judicial se estaría limitando de un información oportuna y pertinente que le serviría para orientar, fundamentar las investigaciones, los juicios y las sanciones. Una limitación que atenta contra las obligaciones constitucionales”, explicó Escalante, mientras apuntó que la propuesta presentada por la Mesa Contra la Impunidad no cuenta con dicha deficiencia.
Sobre esa misma línea, Sofía Zamora, representante de la Universidad de El Salvador cuestionó la creación de un archivo de memoria histórica que plantea esa misma sección de la ley, debido a los antecedentes de denuncias contra instituciones como la Fuerza Armada por destrucción de documentos oficiales.
Ante este punto, el diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla cuestionó que la Comisión ha sido “condenada públicamente por actores que destruyen y construyen los hechos históricos de El Salvador”.
Del lado de la Fuerza Armada, el Coronel Luis Alvarado, de la Asociación Causa Justa, denunció que hay “fuerzas oscuras” que quieren condenar a agentes que lo único que hicieron fue “defender la institucional del país” durante un ataque.
“Se pretende llevar a los juzgados civiles a los soldados que lo que hicieron fue defender a la patria. Los derechos constitucionales se han manipulado”¦. que beneficio le trae a nuestro país continuar con esta situación de inestabilidad jurídica”¦ nosotros como miembros de la institución armada estamos siendo atacados por fuerzas oscuras”¦ cuando el único pecado fue cumplir con nuestra misión”¦ lo que quieren hacer es lucrarse de la fuerza armada que lo único que quisieron hacer es defender la institucionalidad”, enfatizó Alvarado.
Durante su intervención, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez realizó un llamado a tener “cuidado con abrir la caja de pandora” y pidió que la Comisión que discuta la normativa no sea conformada por personas que tengan “conflicto de intereses”. “La postura del arzobispado de San Salvador, la comisión debe estar conformada por personas que no sean juez y parte para evitar conflicto de intereses, debe garantizar el derechos de las víctimas, la iglesia está en favor de las víctimas”, añadió.
Este espacio de consulta fue abierto luego de que los parlamentarios intentarán aprobar esta nueva ley durante la última sesión plenaria, pero las críticas de la sociedad civil y de organizaciones internacionales como las Naciones Unidos y la Embajada de los Estados Unidos hicieron que retrocedieran en su decisión.
