Organizaciones sociales demandaron la liberación de la joven Wendy Morales tras su detención provisional el pasado 5 de Septiembre, los colectivos afirmaron que la activista de derechos humanos ha sido acusada injustamente y ha sufrido arbitrariedades en el proceso.
Entre las arbitrariedades expuestas por las organizaciones está: la falta de acceso de la defensa técnica a la información para la estrategia jurídica en el proceso, la violación a su derecho de defensa y la inexistencia de indicios que incriminen a la joven en los hechos que se atribuyen.
Ante ello y luego de que el juez del caso decretará detención provisional para Morales la defensa técnica solicitó una audiencia especial para la revisión de las medidas otorgadas la cual ha sido programada para este 21 de septiembre.
Para las organizaciones sociales la audiencia especial es la prueba para observar la funcionalidad para la aplicación de justicia de dicho sistema.
“El día de mañana el sistema judicial tiene la oportunidad de rectificar su error y poder presentar de una manera más transparente y honesta la situación”, dijo Gustavo Martínez, miembro del Comité de Afrodescendiente de El Salvador (AFROES).
Dennis Muñoz, abogado defensor, afirmó que a Wendy le sobran suficientes arraigos, tanto laborales, académicos y domiciliares para que se pueda creer que dentro del proceso ella pueda entorpecer la investigación y muchos en pensar establecer un posible peligro de fuga.
Por otra parte el grupo de colectivos unidos por el caso de Morales comentan que el hecho representa la estigmatización y criminalización de las juventudes populares ya que le restan impacto a casos de mayor impacto (Caso Raíz Martínez, Caso Flores y destinarios, caso FECEPE entre otros), afectando el futuro de muchos jóvenes que están en la situación de Wendy pues en el proceso se vulnera el derecho a un proceso justo y al principio de constitucionalidad de presunción de inocencia.
Leonel Herrera, director de Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS), expresó que la detención de la joven es un acto injusto que la Fiscalía y el sistema de justicia pueden corregir y con ello enfatizó sobre la preocupación en cuanto a la persecución judicial sobre los defensores de derechos humanos.
“Nos preguntamos y queremos advertir sobre ese peligro de que aquí se vaya a estar inventando cualquier escaramuza para perseguir judicialmente a activistas de derechos humanos”¦ a gente que trabaja por el bien común, no estamos afirmando, estamos advirtiendo de ese riesgo”, acotó Herrera.
Este 21 de septiembre las organizaciones esperan un resultado favorable tras la audiencia especial para la revisión de medidas.
"Esperamos que mañana el resultado sea favorable si se le niega las medidas sustitutivas se apelará ante la Cámara de lo Penal de San Miguel para revertir el caso y de no haber resultados en todas estas instancias, no descartan medidas internacionales como irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", puntualizó Muñoz, abogado defensor.
Entre las acciones colectivas para exigir la pronta libertad de Wendy Morales está el desarrollo de la concentración #JusticiaparaWendy este 21 de septiembre a las 4:00 de la tarde en la Plaza al Divino Salvador del Mundo.
Wendy Morales, el caso de la joven acusada de una posible extorsión
La vida de Wendy Morales cambió un lunes 5 de septiembre cuando la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en la residencia que compartía con su familia en Quezaltepeque por una supuesta denuncia de violencia intrafamiliar, luego por tráfico de drogas y finalmente argumentando la detención de la joven por su supuesta participación en una extorsión.
Allá en el año 2012, Wendy era la dueña de un número telefónico de la compañía Tigo El Salvador, ella abrió una cuenta de Tigo Money para hacer un retiro, lo realizó y luego de meses Wendy desechó el chip (como cualquier otro ya no lo utilizó).
En el 2014 empleando su número telefónico un hombre se identificó como miembro de la Mara Salvatrucha y amenazó de muerte a un lugareño de Jocoaitique si no cancelaba $500 de extorsión, entre negociaciones la víctima acordó depositar $150 y el dinero fue retirado en un Tigo Money de Plaza Mundo Soyapango.
Luego de su detención, Morales fue trasladada a San Francisco Gotera, Morazán, al juzgado de paz de Jocoaitique y tras la presentación de bitácoras de mensajes de la extorsión, la denuncia y los números telefónicos involucrados el juez decidió que la joven siguiese en detención provisional durante los 4 meses en la que se llevará a cabo la investigación.
Tras su detención sus abogados afirmaron que existe una parcialidad y se ha vulnerado el artículo 270 del Código Procesal Penal y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
“En este caso no se ha recabado prueba de descargo contra Wendy y en particular tuvo que haber existido una nota de recibido del producto (que se supone)”¦ del depósito que hizo la víctima al número de Wendy. A su vez no existe el contrato con el cual se acredita que Wendy tenía legamente el número y tampoco se ha establecido la ubicación de antenas del GPS en donde se encontraba Wendy en ese instante y hay un punto bien importante Fiscalía tuvo que comprobar que Wendy recibió esta plata”, dijo el abogado defensor.
Ante las irregularidades del proceso colectivos, organizaciones y compañeros han denunciado las anomalías del caso por medio de la campaña #Justicia para Wendy.
Hasta el momento Wendy Morales es la única persona procesada por el hecho y mientras dure la investigación la joven se mantendrá en las bartolinas de Osicala, Morazán.
