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martes, 19 de octubre del 2021

ONU pide a El Salvador revisión urgente de legislación del aborto

El Salvador no debe aplicar sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asisten en ello, ya que tales medidas obligan a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros, y debe garantizar que se respeten el secreto profesional del personal médico

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Polí­ticos instó hoy a El Salvador “a que revise de manera urgente su legislación con respecto al aborto para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo”, indica un documento difundido en Ginebra. 

Integrado por 18 expertos independientes, elegidos mediante el voto secreto de los paí­ses que han ratificado el citado Pacto, el Comité agregó que el aborto asimismo se justifica “cuando llevar a término el embarazo podrí­a ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable”. 

Estos expertos -que no cobran sueldo, solo los viáticos para viajar donde la ONU los convoca, no actúan de acuerdo a las creencias o polí­ticas de su paí­s de origen o de residencia, sino según su conciencia- estimaron además que El Salvador debe “suspender de forma inmediata la criminalización de las mujeres por el delito de aborto”.   

Elegidos por sus capacidades académicas y experiencia en la materia, los expertos añadieron que el Salvador “debe también revisar todos los casos de mujeres que han sido encarceladas por delitos relacionados con el aborto, con el objetivo de asegurar su puesta en libertad, y garantizar a estas mujeres el acceso a asistencia jurí­dica y el cumplimiento del debido proceso”.

El Salvador “no debe aplicar sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asisten en ello, ya que tales medidas obligan a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros, y debe garantizar que se respeten el secreto profesional del personal médico y la confidencialidad de las pacientes”, subrayaron los expertos del Comité, presidido por un japones, y secundado por tres vicepresidentes de Egipto, Israel y Montenegro.

Al Comité le preocupó recibir “informes relativos a la resistencia de las Fuerzas Armadas a permitir el acceso a los archivos históricos” sobre “la investigación de violaciones durante el conflicto armado” y “el reducido número de casos que se han reabierto “¦ así­ como la falta de avances en las investigaciones y procesamientos”, en particular “la lentitud en la localización de las personas desaparecidas y en otorgar a las ví­ctimas una reparación integral”.

La ONU exhorto a El Salvador a “garantizar la total protección, seguridad personal e independencia del Fiscal General y su Oficina, incluyendo  la total implementación de las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tomar las medidas necesarias para prevenir actos de intimidación contra funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil que están investigando estos casos”.   

En este contexto, cobra importancia la inquietud del Comité “por el aumento del número de personas asesinadas por la Policí­a Nacional Civil y las Fuerzas Armadas y “¦ por las denuncias sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así­ como por la existencia de “escuadrones de la muerte” que operan dentro de la Policí­a y las Fuerzas Armadas”, con el agravante de “la impunidad de dichos presuntos crí­menes” “¦ y “el elevado porcentaje de estos casos que son desestimados”.

“El Comité está preocupado por las denuncias e informaciones de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policí­a, fuerzas armadas y otros funcionarios públicos”, resalta el documento de la ONU, que incluye la intranquilidad de los expertos “que el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados promovido por el Consejo Nacional de la Judicatura pueda no garantizar suficientemente la independencia y competencia de la judicatura”, al igual que la transparencia y el escrutinio público”.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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