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lunes, 18 de octubre del 2021

ONU pide a Argentina no reducir penas a genocidas

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina discute la aplicación de una ley que podrí­a reducir las condenas a criminales militares

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Seis expertos de la ONU le advirtieron a Argentina que la reducción de sanciones por crí­menes de lesa humanidad, con “la aplicación del beneficio 2×1”, donde cada año de detención preventiva sin condena cuenta doble. Según los expertos, esto “implica grandes riesgos respecto a la obligación del Estado de asignar penas apropiadas y proporcionales a las personas condenadas por estos delitos”, reza el comunicado enviado al gobierno argentino.

“La liberación anticipada de una persona condenada por crí­menes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a los estándares internacionales, constituye un agravio a las ví­ctimas”, argumentaron los cinco expertos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, y el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantí­as de no repetición.

Cabe recordar que el 3 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró aplicable la ahora derogada Ley 24.390, conocida como “2×1”, para casos de crí­menes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), pero nueve dí­as después, tras una gran movilización nacional, el Congreso aprobó otra ley que dispuso que el “2×1” no es aplicable para este tipo de crí­menes.

Sin embargo, la Corte se apresta a emitir un nuevo fallo, y ha convocado a las partes interesadas en otro caso para que se expresen sobre el empleo de la nueva ley, reabriendo el debate. Esta es una oportunidad aprovechada por la ONU para recalcar “que al reducir la severidad de las penas impuestas, desconociendo la especí­fica gravedad de estos delitos, viola los principios que exigen proporcionalidad de las sanciones y podrí­a generar una situación de impunidad de hecho”.

“La búsqueda de beneficios y privilegios para quienes han sido declarados responsables de este tipo de violaciones es difí­cil de entender para las ví­ctimas y para la sociedad, y socava los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las ví­ctimas”, afirmó la ONU.

“No solo porque estos delitos son particularmente graves, sino también, porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difí­cil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, esta lejos de ser ganada”, recapitularon los expertos.

Finalizaron exhortando “al gobierno argentino a reducir la demora en los juicios por crí­menes de lesa humanidad y fortalecer las instituciones que dan apoyo a estas causas”.

En datos aportados por la Argentina a la ONU en marzo de 2017, eran 2780 las personas imputadas por crí­menes de lesa humanidad, de las cuales 750 estaban condenadas, 794 procesadas (inculpadas), 45 prófugos, y 467 fallecidos. De los 1044 que permanecí­an detenidas, 518 han pasado al régimen de “prisión domiciliaria” por razones de salud o por haber cumplido 70 años, como habilita la ley 26.472, mientras que solo 187 de los 750 condenados tienen condena firme.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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