Tres comités de derechos humanos de la ONU aplaudieron la decisión del actual gobierno argentino presidido por Alberto Fernández de derogar un decreto de su predecesor, Mauricio Macri, que permitía la expulsión acelerada de migrantes sin el debido proceso. El decreto había sido muy criticado por violar el derecho a la unidad familiar, el principio del interés superior del niño, niña y adolescente y el principio de no devolución, reza un comunicado difundido en Ginebra.
La medida se instauró enero de 2017. Introdujo la detención obligatoria y un procedimiento de deportación sumaria para los migrantes que hubieran entrado en Argentina sin obedecer las disposiciones administrativas, así como para los migrantes con antecedentes penales por cualquier delito, incluidas infracciones menores o expedientes en los que la sentencia aún no fuera firme, estimó la ONU. El 4 de marzo pasado, el decreto derogado (70/2017) fue sustituido por el 138/2012, que toma en cuenta las recomendaciones de la ONU.
El decreto cuestionado redujo el plazo para recurrir una decisión de expulsión a tres días laborables, ofreciendo un acceso muy limitado a la asistencia jurídica gratuita para que la persona expulsada pudiese impugnar la decisión. Los Comités de la ONU que vigilan la observancia de lo dispuesto por órganos de tratados en Naciones Unidas ratificados por la Argentina, son en la presente oportunidad los relativos a Trabajadores Migratorios (CMW), Derechos del Niño (CRC) y Tortura (CAT), los cuales habían expresado en sus últimos informes sobre Argentina, su profunda preocupación por la promulgación y aplicación de este decreto y recomendaron su derogación.
"El decreto violaba el principio del debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa de los migrantes. Tenía escasa o ninguna consideración por los vínculos familiares y el interés superior del niño, niña y adolescente. Tampoco ofrecía el tiempo suficiente para que Argentina examinara el posible riesgo de tortura al que se enfrentaba la persona deportada en el país al que se la enviaba", afirmaron los expertos independientes que integran los aludidos tres comités de la ONU.
Según la información aportada en Ginebra, desde la aprobación del decreto en 2017, el número de deportaciones se había duplicado, y al menos 125 expulsiones habían sido impugnadas porque podían haber vulnerado el derecho a la unidad familiar. La mayoría de los procedimientos estaban relacionados con madres o abuelas que fueron separadas de sus hijos pequeños dependientes o quedaron al cargo de sus nietos. Treinta y dos de los casos eran de madres solteras y muchas habían sido víctimas de violencia doméstica.
"Esperamos que Argentina revise los casos de personas expulsadas en violación del principio de unidad familiar y revoque las órdenes de expulsión y de prohibición de entrada para permitir la reunificación de las familias separadas", reclamaron los expertos de la ONU. "El gobierno argentino ha actuado correctamente al derogar el decreto, y celebramos su decisión. No es sólo una forma de evitar que se ocasionen más daños a los migrantes y sus familias, sino también una forma de realinear las políticas migratorias del país con sus obligaciones en materia de derechos humanos", subrayaron los expertos.
Los tres comités de la ONU recuerdan a los Estados la importancia de cumplir con las observaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Alentaron también a la Argentina, y a todos los demás Estados que han asumido voluntariamente el respeto de las tres convenciones mencionadas, que dichos comités supervisan su aplicación, a seguir protegiendo los derechos humanos de todos los migrantes y sus familias, de acuerdo con sus obligaciones y normas internacionales.
