En la gestión estatal para atender la Pandemia del COVID-19 en El Salvador, no parece haber acuerdos o consensos que sería necesarios ante la situación de emergencia que vive este país y el mundo.
Entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han reflejado públicamente las contradicciones y las tensiones generadas que dan preocupaciones más de las ya existentes en la sociedad con la enfermedad que cubre al globo terráqueo a gran velocidad.
En las últimas horas el presidente Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales un mensaje calificado como "duro" por varios observadores y analista políticos.
Dice Bukele: "La Sala de lo Constitucional acaba de delegar al procurador inconstitucional (Apolonio Tobar, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos) para que tutele la cuarentena y ordena quitarnos todas las facultades para hacer que se cumpla. El chiste se cuenta solo".
Y continúa el mensaje: "NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño. No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución".
El mandatario añadió que "Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir. Cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. Por más tinta y sellos que tengan".
Finalmente el presidente aclara que "el Gobierno de El Salvador continuará ejecutando el Decreto Ejecutivo 19 al 100 %. Dios nos de sabiduría".
Contradicciones con la Sala
La Sala de lo Constitucional ha estado fallando por recursos de Habeas Corpus en favor de personas que han incumplido la cuarentena y que de acuerdo a decretos presidenciales se les ha "recluido" en los llamados centros de contención por supuestamente representar un peligro de contaminación del COVID-19 para la sociedad en general.
No obstante, el alto tribunal ha expresado reiteradamente que "sólo una ley formal, cumpliendo con los requisitos exigidos en la medida cautelar de este proceso, puede imponer a las personas un confinamiento o internamiento sanitario forzoso en caso de incumplir la cuarentena domiciliar ordenada por el gobierno".
E indica más adelante: "El derecho a la salud y su carácter de bien público deben observarse tomando en cuenta el respeto al resto de derechos fundamentales (lo que comprende la libertad e integridad física de las personas), debido a que todos los derechos son indivisibles e interdependientes como lo ha sostenido este Tribunal (sentencia de inconstitucionalidad 7-2012, de 16/12/2013)".
Y agregó que "lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución antes referida (apartado C.2); y lo reafirma el art. 7 de la Carta Democrática Interamericana. Aunque los derechos pueden ser ponderados para justificar limitaciones a su ejercicio, para que dichas limitaciones sean válidas, esa ponderación constitucionalmente debe realizarla la Asamblea Legislativa y no el Órgano Ejecutivo por sí mismo".
El detalle es que el órgano legislativo, dominado en su mayoría por la oposición al gobierno de Bukele, ha dicho consecutivamente que no apoya medidas de Excepción de las garantías constitucionales, sino decretos de emergencia con los cuales el gobierno tendría suficientes elementos para combatir la pandemia, que en el mundo ha infestado a más de dos millones de personas y ha provocado la muerte de casi 140.000 personas.
Otros estragos que ha provocado el COVID-19 es el colapso de los sistemas de salud pública en EE.UU, España, Italia, Francia e Inglaterra.
