Los diputados continuaron con su misión de seguir removiendo sólo las irregularidades del pasado, esto al escudriñar los US$100 mil que la anterior gestión de la Asamblea Legislativa asignó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (Procomes), de la cual han sido dirigentes las exdiputadas del FMLN, Blanca Flor Bonilla y Alma Cruz.
Según documentos oficiales, los fondos iban canalizados para ejecutar un proyecto de prevención de la violencia en El Salvador.
El hallazgo está contenido en el examen especial que la Dirección de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas de la República (CCR) practicó al uso que la organización no gubernamental (ONG) hizo del dinero, y cuyo informe —de nueve páginas— está publicado desde el mes pasado en el Portal de Transparencia del ente contralor.
Procomes obtuvo los US$100,000 en 2017, en el segundo gobierno del FMLN, como parte del anterior esquema de asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación que hacían las anteriores legislaturas a las ONG por medio de la comisión de hacienda, presidida en ese momento por Lorena Peña, fundadora de otra ONG, Las Mélidas, y exdiputada del FMLN.
Luego de la asignación y aprobación del presupuesto general de la nación, los recursos fueron transferidos por Educación a Procomes como parte del convenio DNPPS-13/17, que fue suscrito entre ambas instituciones. El proyecto de prevención de la violencia inició el 6 de abril de 2017 y finalizó el 31 de diciembre de ese año.
La cartera de Educación era dirigida en ese entonces por Carlos Canjura, nombrado en el cargo por Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente de la república con la bandera del FMLN, ahora nacionalizado nicaragüense, señalado por actos de corrupción en El Salvador y prófugo de la justicia.
Según la auditoría, cuando la ONG suscribió el convenio con Educación, se comprometió, según consigna el numeral 5 del acuerdo, a entregarle oportunamente los informes técnicos y financieros y las liquidaciones del proyecto; sin embargo, incumplió esos términos.
De hecho, bajo la cláusula octava, Procomes se comprometió a llevar a cabo «la liquidación de cierre a más tardar 30 días después de finalizado el convenio». Pero ya han transcurrido cuatro años y seis meses, y sigue sin documentar y evidenciar cómo utilizó los $100,000, según la CCR.
La no entrega de los informes también fue confirmada y criticada, según la auditoría, por el Ministerio de Educación por medio de la Gerencia de Contabilidad y Dirección Nacional de Prevención de Programas Sociales, de esa cartera de Estado, ahora conocida como Socios Estratégicos.
“La falta de liquidación de los fondos por parte de la ONG Procomes obedece a que el presidente y representante legal de la ONG omitió documentar y evidenciar ante el Mineducyt [Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología] el uso de los fondos según documentación completa, ordenada y de acuerdo con las normas y leyes establecidas para tal fin. Como consecuencia, no se ha evidenciado la liquidación de fondos hasta por US$100,000”, se lee en la página 4 del informe contralor.
Previo a la publicación del examen especial en el Portal de Transparencia, Procomes envió una nota a la CCR para desvirtuar el reparo y argumentó que “las liquidaciones se han realizado de conformidad a los lineamientos establecidos, los cuales están respaldados por la documentación de soporte”.
En una segunda nota, la ONG reiteró que la liquidación de los $100,000 se «efectuó de conformidad a los Lineamientos y Consideraciones Generales para Revisión y Liquidación de Transferencias de Fondos para implementadoras de Servicios Educativos (PS) por Modalidad de Gastos»; por lo tanto, dijo que «este señalamiento no se debe de considerar en el borrador de informe».
La Corte de Cuentas explicó que la información que fue remitida por Procomes al Ministerio de Educación estaba incompleta en el informe técnico y financiero del uso de los fondos públicos, y además fue entregada fuera del plazo de los 30 días que establecía el convenio.
“A la fecha de la emisión del presente informe, los fondos transferidos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (Procomes) para ejecutar el proyecto se encuentra pendiente de liquidación por la suma de $100,000 por la falta de documentación de conformidad a la normativa de dicho convenio”, reiteró la CCR en el informe que publicó el mes pasado.
El expediente del caso pasará a manos de una de las siete cámaras de la Corte para que emita una sentencia condenatoria por el incumplimiento del convenio en relación con el manejo de los fondos públicos entregados a la ONG.
La comisión especial de la nueva Asamblea Legislativa que fue creada para investigar los fondos públicos entregados a las ONG por las anteriores legislaturas reveló a mediados del año pasado que Procomes recibió al menos $2 millones.
Como parte de las indagaciones, citó en dos ocasiones a Blanca Flor Bonilla, en su calidad de representante de Procomes, para que explicara el uso de todos los fondos que recibió de las anteriores legislaturas; sin embargo, nunca se presentó.
La comisión dijo públicamente que la exlegisladora del FMLN en la Asamblea y en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y también exalcaldesa de Ayutuxtepeque (San Salvador), había huido del país y presuntamente se radica en México.
Las oficinas de Procomes y de otras seis organizaciones no gubernamentales fueron allanadas en noviembre de 2021 por presuntas irregularidades en el uso de fondos que recibió de la vieja Asamblea.
