El derecho a la verdad consiste en el conocimiento pleno de los actos, partícipes y las circunstancias alrededor de graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones, secuestro de menores o torturas. En pocas palabras, saber qué pasó.
Es un derecho que obliga a los Estados a proteger y garantizar los derechos humanos, efectuar investigaciones eficaces, y brinda reparación por daños. Uno de los componentes de la investigación es el acceso a los archivos, como insumo para identificar qué ocurrió, como ocurrió.
La negativa a la diligencia encabezada por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para buscar archivos militares por la masacre de 978 personas en El Mozote (1981) confirma el secretismo y la negación de lo ocurrido, como parte de un patrón de conducta asumido por el ejército.
La diligencia judicial se remonta a octubre de 2019 cuando el juez Guzmán pidió copia certificada del documento ‘Plan de la Campaña Militar 1980-1992, en defensa de la libertad y la democracia’, y el ‘documento del plan de la ‘Operación Rescate’, realizada en el departamento de Morazán, en el mes de diciembre de 1981’.
También requirió archivos de las unidades militares de todo el país, en los que se resguarden documentos correspondientes a planes militares de campaña o planes militares de operaciones especiales realizados durante el período de 1980 a 1982.
La negativa a brindar información era previsible. El ministerio de Defensa ha asumido el mismo argumento de la defensa de los procesados por la matanza, al sostener que la apertura de los archivos militares pone en riesgo la seguridad nacional.
En los últimos seis meses es la segunda ocasión que ocurre algo así. La anterior fue en el mismo lugar. En marzo pasado, como parte de una diligencia programada, comisionados del Instituto de Acceso a la Información pretendían acceder a los archivos militares como seguimiento a una apelación que hizo la Universidad de El Salvador a la negativa de la entrega de datos sobre operativos contra la institución entre 1970 y 1995.
Hay otro antecedente: en mayo de 2014 la Fuerza Armada negó a fiscales el ingreso a instalaciones militares para incautar archivos en un caso relacionado a tráfico de armas.
La situación deja de ser un caso aislado, y niega la posibilidad de ejercer el derecho a saber, que conlleva a descubrir la verdad.
El incidente hecho constar en un acta por el Juez Guzmán, se da a pocos días de que Favian Salvioli, Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, presentara ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo un conjunto de recomendaciones para terminar de resolver las secuelas del conflicto armado y aportar a la democratización del país.
El documento asigna una serie de recomendaciones a los órganos del Estado, en función de que exista una debida rendición de cuentas de lo sucedido en la historia reciente del país.
En particular al Ejecutivo le recomienda mantener el registro continuo y exhaustivo de todas las víctimas del conflicto armado, para proceder a la reparación integral de cada una. Este registro debe ser elaborado sin que haya exigencia de necesidad de pruebas de victimización, restrictivas u otro tipo de requerimientos.
La propuesta plantea que haya montos de indemnización ajustados a la canasta básica vigente. Incluye como parte de un programa de reparación, acceso universal gratuito y permanente a los sistemas de salud, incluida la mental; y acceso a educación en todos los niveles.
El rol de ejército en este contexto es concreto.Garantizar el acceso efectivo a los archivos que requiera la justicia, el gobierno o las víctimas; remover nombres, monumentos u otras formas de exaltación de militares acusados de violaciones a los derechos humanos, y honores oficiales.
