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sábado, 08 de mayo del 2021

“No tienen el coraje de pedirnos perdón”, dijo ví­ctima de masacre El Mozote (I)

Los militares acusados en este proceso enfrentan tres nuevos delitos. La audiencia es el fiel reflejo de la persistente polarización y una enorme brecha que no se ha podido franquear.

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Marí­a del Rosario López Sánchez perdió a 24 miembros de su familia en diciembre de 1981. Todos murieron a manos de los militares del Batallón Atlacatl, durante la peor matanza contra civiles desarmados en la América Latina del siglo XX: la masacre de El Mozote y sitios aledaños.

Esta semana, las ví­ctimas y los militares acusados de organizar esa atrocidad volvieron a la sala donde se desarrolla el juicio para determinar responsabilidades y sanciones sobre la masacre de El Mozote. López Sánchez ““sobreviviente a la masacre”“ y el general Juan Rafael Bustillo ““uno de los imputados”“, fueron más allá de la formalidad en el juicio y expresaron discursos que parecí­an haber esperado décadas para salir.

Como parte del desarrollo del juicio, el 18 de julio se celebró en el juzgado de San Francisco Gotera una audiencia con los imputados. El juez Jorge Guzmán, quien está encargado del caso, incorporó tres delitos: desplazamiento forzado, desaparición forzada de personas y tortura. Los tres son considerados delitos de lesa humanidad en convenios que el Estado salvadoreño está obligado a cumplir. Guzmán también agregó a un nuevo acusado: el coronel Gabriel Contreras, jefe de operaciones del Estado Mayor en el perí­odo que ocurrió la masacre.  En cuanto a la desaparición forzada de personas, se sumó el caso de las hermanas Carmelina y Ana Julia Ramí­rez Mejí­a, desaparecidas también en esos dí­as.

En el transcurso de la audiencia, los imputados tuvieron la oportunidad de referirse a estas nuevas acusaciones. Durante su intervención, Bustillo se extendió: “Solo a nosotros se nos culpa y eso es muestra de que esto está parcializado”, se quejó. Luego recordó que no se ha metido a juicio al FMLN, “en especial al ERP (una de las facciones de la guerrilla), comandado por (Ernesto) Villalobos”, insistió. Luego recordó que habí­a niños reclutados para grupos armados y que, al enviarlos a misiones, terminaban “carbonizados”. El juez Guzmán intentaba detenerlo, pues el general gesticulaba con sus manos y prácticamente estaba gritando. Bustillo aseguró que alzaba la voz porque tení­a problemas auditivos. Después se golpeaba el pecho mientras insistí­a en que tení­a más cosas por decir: “todo esto que llevo aquí­ dentro”, decí­a.

David Morales, parte de la querella, señaló al juez que percibí­an “gestos amenazantes en forma presencial” por el comportamiento de Bustillo.

Hacia el final de la sesión, Marí­a del Rosario López pidió la palabra. “Que agradezcan que andan libres y no están presos. Hay quienes por robarse una vaca están en la cárcel”, dijo. “Nos acusan que por dinero estamos en esto, pero no. Lo que pedimos es justicia”, exclamó.   El juez Guzmán le solicitó dirigirse al tribunal, no a los militarse que estaban sentados en el salón. López gira su cuerpo y sigue hablando. “Ellos no tienen el coraje de pedirnos perdón”¦ Han pasado 38 años y estas heridas no se pueden curar. Que se abstengan de acusarnos, porque en lo que hizo la guerrilla no tenemos nada que ver”, exclamó López, de 72 años.

Algunos de los militares emitieron sonidos de burla después de que López habló. “Juuuum”, se escuchaba entre ellos. “Terengaza”, comentó otro, al final.

López Sánchez, cuando sucedió la tragedia, se escondió en una cueva. Vivió allí­ cinco años. Después regresó al caserí­o, donde vive todaví­a.

Cuando estaba saliendo de la sala de audiencias, les dijo a otras mujeres que la acompañaban: “Esta es la oportunidad que estaba esperando. Y por fin lo dije”.

Otras intervenciones

El general Guillermo Garcí­a, exministro de Defensa en los albores de la guerra, está entre los imputados. “La Fuerza Armada de El Salvador cumplí­a su función Constitucional”, dijo Garcí­a, un argumento que ha esgrimido en varias ocasiones. “De haber perdido a un familiar, pariente, amigo, conocido”¦ Todos los salvadoreños hemos perdido”, indicó y señaló que más de 11,000 soldados murieron en todo el conflicto. Luego sugirió que “en vez de estar en esta polémica, deberí­amos estarnos reconciliando por el bien del paí­s”.

Dorila Márquez, sobreviviente, representante de las ví­ctimas y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos El Mozote, tuvo la oportunidad de expresarse y defendió que en esos caserí­os donde ocurrió la matanza no estaban involucrados con la guerrilla.  “A él (Bustillo) no le hubiera gustado que le masacraran a su familia”, comentó. Ella es uno de los rostros más conocidos en la lucha por lograr justicia. “No nos vuelva a acusar de esa forma, porque no nos dimos cuenta de nada”, sentenció Márquez.

El juicio por la masacre de El Mozote y sitios aledaños inició en marzo 2017.  Guzmán ha sido una pieza clave para obligar a una investigación exhaustiva de las operaciones militares en esa época. Sin importar la resistencia del Ministerio de Defensa a entregar o crear los archivos, tal cual lo manda la ley, Guzmán sigue exigiendo información para aportar en el proceso.

Antes de este juicio, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre El Salvador, sentenció en 2012 que el Estado es responsable por la masacre de El Mozote.

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