Desde el contexto de la firma de los Acuerdos de Paz la nación no logra articular una correlación política y social para avanzar en los cambios estructurales, principalmente en materia económica y social que tanto se necesitan para trascender.
La crítica condición de impago doméstico a la que -de manera perversa y calculada- fue llevado el país en abril de este año, fue el resultado del acérrimo y alevoso bloqueo que sufren las finanzas públicas por parte de la insensata dirigencia del partido Arena, en estrecha coincidencia con descontextuadas resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional.
El suceso arrastró todo un nubarrón de amenazas y graves consecuencias para las finanzas públicas y privadas, que seguirán, en tanto prevalezca el clima de absurda polarización por ese mismo sector; constituyendo un ataque artero en el momento en el que es demostrable que nuestra nación ofrece cifras alentadoras de recuperación y crecimiento de los eslabones de la cadena productiva.
Las reacciones y corolarios derivados de esta reiterada amenaza, han puesto de manifiesto el grado meticuloso de estudio, control y seguimiento que llevan sobre nuestras finanzas las diversas calificadoras de riesgo y los organismos nacionales e internacionales dedicados a los temas financieros.
El carril social es inseparable del progreso económico y de la evolución de las finanzas públicas, por esta razón de la misma forma y con el mismo rigor, nuestro país también es objeto de medición del más estricto estudio en materia socioeconómica. Por ejemplo, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) que se llevó a cabo durante 2016, es un instrumento de gran solidez científica que ha venido evolucionando y cobrando mayor calidad, con la experiencia y trayectoria de realizarse desde 1975 por el Ministerio de Economía, a través de Digestyc, en estrecho monitoreo y seguimiento de organismos internacionales.
La EHPM ha ampliado la confianza y certeza en las mediciones, al contar con una base de datos de carácter público desde 1990, con una base muestral que se actualiza cada cinco años, convirtiéndose en una sólida herramienta para el establecimiento de prioridades; y, en consecuencia, de la proyección, planeación y evaluación de políticas públicas en función del desarrollo. También ha estado enfocada en los nuevos compromisos de la agenda establecida en el marco de Naciones Unidas para el combate a la pobreza y que en consecuencia debe ser objeto del compromiso activo de todos los sectores.
Son cinco los parámetros que miden el índice de pobreza multidimensional: la evolución de la educación, las condiciones de la vivienda, el trabajo y seguridad social, la calidad del hábitat y la seguridad alimentaria. La rigurosidad de esta muestra investigativa cubrió de manera sobrada 19,968 viviendas agrupadas en 1664 segmentos con 12 viviendas cada uno.
Los resultados publicados muestran un claro y esperanzador progreso producto de la decisión, compromiso y empeño gubernamental en los últimos años, con un alto grado de inversión en la agenda social, principalmente durante las dos últimas administraciones de gobierno. Este compromiso de haber sido acompañado por un fuerte e influyente grupo de empresarios -adversos a la inversión social- se hubiese multiplicado con mejores indicadores.
No obstante la falta de acompañamiento de esa parte del empresariado, hay avances significativos en las condiciones de vida de la población: clara disminución de la pobreza multidimensional tanto urbana en un 1.1%, como rural en un 2.4%; ampliación de la cobertura nacional del agua potable hasta el 88.4%, alcanzado la urbana el 95.4% -siendo en el AMSS la mayor con el 97.6 %- y en el área rural el 76.2 %; en cuanto a la cobertura en todo el territorio de la red eléctrica, llega al 96 %, correspondiendo a lo urbano el 98.3 % y al rural el 91.8%, el AMSS tiene el 98.9 % de la región con energía eléctrica. Además, la pobreza monetaria se redujo del 34 % al 32.7 %.
Debemos realizar y estudiar concienzudamente todas las mediciones necesarias para conocer en detalle el estado de nuestra sufrida población; pero por modernos, útiles y efectivos que parezcan los más diversos diagnósticos, la utilidad de estas mediciones será mayor si logramos ponerlas en función de lograr las transformaciones de fondo en materia socioeconómica.
Desde el contexto de la firma de los Acuerdos de Paz la nación no logra articular una correlación política y social para avanzar en los cambios estructurales, principalmente en materia económica y social que tanto se necesitan para trascender, pues al final lo que se administra es una sucesiva cadena de crisis que se reproduce de manera cíclica, el debate y los puntos de contradicción son los mismos, necesitamos dar un salto de calidad.
Necesitamos acelerar la marcha poniéndonos a tono con las exigencias de progreso, al ritmo del crecimiento del resto de países en vías de desarrollo de la región, esto demanda puntos de encuentro con la sociedad, con prioridad con sectores populares. No hay nada oculto bajo el cielo, hoy la población con las nuevas vías de información tiene bajo la lupa la voluntad que muestren las fuerzas económicas, políticas y sociales que quieran unirse para construir un mejor El Salvador.
