La noche del 13 de julio del 2016 estábamos en un saloncito del Museo de Arte de El Salvador. Nos encontrábamos compartiendo, con las persona asistentes al evento, los resultados de una investigación que realizamos sobre los grupos armados ilegales en nuestro país; a mí me correspondió examinar “los instrumentos más atroces de la violencia que conmovió al país durante los últimos años”, tal como definió la Comisión de la Verdad a los “escuadrones de la muerte”.
El resto del equipo investigador lo integraron Lilian y Pedro, ambos de apellido Martínez. Ella realizó un monitoreo de medios sobre ejecuciones extrajudiciales, con los respectivos análisis estadístico y periodístico sobre las mismas; él estudió las políticas públicas y la legislación nacional relacionada con su combate, a fin de elaborar las recomendaciones pertinentes para el Estado.
Entonces, mientras me dirigía a la concurrencia comenzó a vibrar mi teléfono y alguien empezó a hacerme señas que ni por cerca entendía; mucho menos imaginaba cuál era el motivo para que las hiciera. Tenía que ser algo extraordinario y así fue. Lo supe cuando dejé de hablar. Abrí los mensajes que me mandó y otros que encontré, enviados por periodistas. Así me enteré de algo por lo que tanto habíamos luchado: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC-CSJ) acababa de mandar al carajo la mal llamada Ley de amnistía general para la consolidación de la paz, aprobada 844 días atrás: el 20 de marzo de 1993.
Semanas después, remando contra corriente, iniciamos la batalla con el único objetivo de derrotarla; eso sí, conscientes de que dicha cruzada no sería nada sencilla. Entonces presentamos, el 11 de mayo de 1993, nuestra primera demanda de inconstitucionalidad; el 20 del mismo mes, esta fue declarada “improcedente”. Nuestros alegatos eran ‒según la SC-SJC‒ “cuestiones puramente políticas […] ajenas al conocimiento de los tribunales de justicia”; admitirla, sostuvo, afectaría “el equilibrio e independencia de poderes sabiamente establecido por la Constitución” y perturbaría “la paz social”.
Ante semejante realidad fáctica ‒la de tapar con la sucia cobija de la impunidad a los perpetradores de tanta atrocidad ocurrida en el país‒ había que pensar, soñar y trabajar para ver qué hacíamos en el largo camino que nos tocaría recorrer en aras de reivindicar la dignidad de las víctimas. Pocos años después nos planteamos la necesidad de lograr que el tema estuviera presente en la agenda nacional, a como diera lugar. Así fue que en 1996 se nos ocurrió impulsar el Festival “Verdad”, el cual concretar oficialmente en 1998; así se realizó por primera vez y financieramente no nos fue muy bien que digamos.
Pero será “que la necedad de asumir al enemigo” y de “vivir sin tener precio”, esa a la que Silvio le cantó, nos invadió entonces o quizás ya nos había poseído desde mucho antes. El caso es que seguimos hasta llegar a hacer de esa cita anual convocada por el dolor y la lucha de las víctimas, una institución dentro y fuera del país. Once años después del inicio del Festival “Verdad” surgió el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, cuyo impacto nacional e internacional debe ser reconocido sin regateo alguno al haber sido objeto de tesis académicas y reflexionado en foros como ‒por ejemplo‒ el de la octava Conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales denominada “Las luchas sociales por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”.
Lo anterior sirvió para ir “alineando los astros” hasta lograr con la última y definitiva demanda de inconstitucionalidad que presentamos el 20 de marzo del 2013, exactamente dos décadas después de aprobada, que la SC-CSJ expulsara hace cinco años esa infamia del cuerpo normativo nacional. Cuando me preguntaron entonces si consideraba esa sentencia un triunfo, mi respuesta fue que sí; pero aseguré que se iniciaba una nueva lucha: la de lograr su cumplimiento. Hoy, en eso estamos.
Después de las audiencias de seguimiento para verificar qué tanto se había avanzado, realizadas entre julio del 2017 y octubre del 2020, la respuesta es una: nada. Por eso, el recién pasado 24 de junio, desde Víctimas Demandantes (VIDAS) y la Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED) le solicitamos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos legislativa una reunión de trabajo para consensuar el necesario proceso de consulta, discusión, elaboración y aprobación de la Ley nacional para la dignificación de las víctimas y la sociedad salvadoreña, con base en los parámetros establecidos al respecto por la SC-CSJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya nos notificaron que próximamente sus integrantes retomarán el asunto. Mientras seguiremos neceando…
