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martes, 07 de diciembre del 2021

Naturalización de la impunidad en El Salvador

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Nuestra historia se encuentra plagada de crí­menes y brutalidades que dominan nuestra narrativa y que podemos comprobar citando algunos ejemplos:

La masacre del Sumpul en marzo/80 que reportó 300 asesinados a manos del ejército, la del Junquillo, en Morazán, en marzo/81, donde paramilitares y militares masacraron a la población; la de la Quesera, en octubre del mismo año, en la que se asesinó a 500 civiles; la del Mozote donde las fuerzas especiales ejecutaron a 1000 campesinos; o la de Santa Elena, Usulután, donde militares asesinaron a 40 personas, etcétera.

Estas y otras matanzas recogidas en el Informe de la Comisión de la Verdad (UN, 1993, en total, 58 casos), develan como el asesinato selectivo y en masa fue practicado por el estado salvadoreño entre los años de 1971 al 1991, y 1 más endilgada a la anterior guerrilla, que es la de Mayo Sibrián.

De éste caso son señalados miembros del ERP, de corriente Polpotiana y luego vueltos revisionistas, como responsables del vejamen.

A la inversa, el Estado es señalado en dicho informe como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable del 99% de los crí­menes del conflicto armado, y condenado en reiteradas ocasiones por incumplimiento para con ví­ctimas y sobrevivientes.

Se deben añadir las atrocidades de escuadrones de la muerte, impunes como los anteriores y en relación con la ley de amnistí­a, decretada de inmediato al finalizar el conflicto armado y derogada recientemente, que no tuvo otro propósito que el de arropar a ejecutores, pero sobre todo invisibilizar a los responsables intelectuales de los mismos, miembros de los sectores dominantes y oligárquicos de El Salvador.

Estos montan ahora y a través de sus agentes otra campaña contra la reapertura del Caso Jesuitas, emblemático también y uno de los más mediatizados por el grado de indignación internacional que provocó en el marco de su ejecución, y que debido a las implicaciones del mismo fue generador de la infame Ley de Amnistí­a, cuya ausencia indefectiblemente endilgarí­a responsabilidad intelectual al Ejecutivo de la época, que como otros, están implicados en casos en los que el Estado fue verdugo o torturador, que practicó la desaparición además del asesinato de quienes se resistieron y protestaron ante el opresor, levantándose en armas, siendo ésta la única ví­a que quedó ante el desenfreno y la bestialidad del Estado y sus ejecutores.

Estos argumentan que reabrir los casos es “reabrir heridas ya cerradas”, lo cual es falso porque solo ví­ctimas y sobrevivientes pueden cegar tales hechos.

Las heridas siguen ardientes, porque se niega justicia re victimizando al demandarla, burlándose los victimarios de su reclamo, torciendo historia y manipulando la ley, lo que debe conjurarse al instalar la institucionalidad garante para acceder a ella, así­ como el debido proceso, lo que es improbable por la relación de fuerzas que impiden tal posibilidad ahora.

La justicia es utópica, pero vital para la convivencia y fundamental para viabilizar al estado.

Una regla para los victimarios que apenas comprende ahora el señor Montano.

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