Por: Francisco Martínez.
La población total de El Salvador se estima en 6,325,827 personas, de las que el 61.7% reside en áreas urbanas y 38.3% en áreas rurales, 53.3 % son mujeres con un índice de masculinidad de 0. 88, o sea 88 hombres por cada 100 mujeres (84 en las zonas urbana y 94 en la zona rural) (EHPM 2021).
Con tal característica poblacional, 3,370,080 mujeres y 2,955,747 hombres, las políticas públicas de El Salvador deberían tener una orientación clara hacia la inclusión de más mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, de tal forma que se visibilice su realidad, se atiendan sus necesidades, se garantice su realización en la vida y se permita a las mujeres el desarrollo pleno de sus aspiraciones de desarrollo.
En el ámbito laboral es abrumadora la desventaja de las mujeres frente a sus pares hombres, evidenciando una desigualdad estructural de oportunidades, téngase en cuenta el periodo 2009 a 2019, donde la participación laboral anual para las mujeres fue del 47.3% en promedio interanual, y, del 80.6% promedio interanual para los hombres (OIT 2020), en 2021, esa relación de participación fue 79.8 para los hombres y 46.9 para las mujeres, la inactividad laboral fue del 20.2% para los hombres y del 53.1 % para las mujeres (EHPM 2021); esa diferencia en el acceso a la actividad laboral y particularmente a las remuneraciones laborales, es crucial para el desarrollo de relaciones de equidad en la sociedad salvadoreña; no hay equidad entre mujeres y hombres a pesar de los importantes progresos en los marcos normativos e institucionales que promueven formalmente mayor equidad. No puede existir igualdad entre desiguales.
Las mujeres enfrentan una mayor vulnerabilidad laboral. Con menos acceso a trabajo asalariado que es el que proporciona mejores condiciones laborales; y con una mayor inserción al trabajo por cuenta propia, que es el de menores ingresos y no proporciona seguridad jurídica laboral, ni protección social.
La menor participación en trabajos formales, una mayor participación en trabajos autónomos e informales, y mayor nivel de inactividad laboral; aunado a menor participación en la actividad educativa y menos participación e incidencia directa en los espacios políticos de toma de decisiones, genera para las mujeres salvadoreñas un ciclo de inequidad continuada con impacto intergeneracional.
Del total de las personas ocupadas por rama de actividad económica, una de cada tres ocupados son mujeres que representan el 37.2 por ciento. Una de cada diez mujeres ocupadas no recibe salario en efectivo.
Las mujeres ocupadas están más concentradas en Industria Manufactura (120,573), Comercio, Hoteles y Restaurantes (222,632); Servicio Doméstico (112,524); Enseñanza (44,748); Servicios Comunales y Salud (63,764). En estos tres últimos son mayoría frente a los hombres.
Las mujeres acceden a seguro médico en una proporción del 23.2 frente al 26.2 del acceso por parte de los hombres. La escolaridad media de las mujeres laboralmente activas es de 9 años frente a 8.4 años de los hombres; en el segmento de personas con más de 13 años de estudio, las mujeres representan el 18.4 de ocupadas por sobre el 12.3 de los hombres.
La brecha salarial es constante en los ingresos promedios, para los diferentes segmentos según años de estudio aprobados, así, a nivel nacional la brecha es de 14.3 pero la diferencia es bastante significativa en los diferentes agrupamientos según los distintos años de escolaridad para mujeres y hombres, esta brecha sólo se reduce a la mitad de la media nacional para las mujeres con 13 o más años de escolaridad, pero no deja de ser negativa, como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 1: Brecha de ingresos hombres y mujeres, según nivel escolaridad (2021)
Al hacer el análisis de los salarios según los grupos ocupacionales, la situación presenta un escenario similar, excepto en los grupos de trabajadores agropecuarios, y, técnicos y profesionales de nivel medio, que es, para 2021, donde la brecha es negativa para los hombres frente a sus pares mujeres, pero es negativa para las mujeres en fuerza armada; directores, funcionarios; profesionales, científicos e intelectuales; empleados de oficina; comerciantes y trabajadores de servicios; artesanos y operarios; operadores de maquinaria y en trabajadores no calificados. Esta situación se muestra en el siguiente gráfico
Gráfico 2: Brecha salarial según grupo ocupacional (2021)
Los datos muestran que persisten las disparidades de ingresos y remuneraciones entre hombres y mujeres. Estas brechas salariales afectan a las mujeres independientemente a los años de escolaridad que tengan; y también, esta situación de inequidad se evidencia al tener en cuenta los salarios para los diferentes grupos ocupacionales. Estas brechas de ingreso y salarios deben ser objeto de un análisis en políticas públicas en los espacios de decisión política, para determinar los factores que están anclando o profundizando este nivel de desigualdad para las mujeres.
Los menores ingresos, la falta de inserción y de continuidad laboral de las mujeres a lo largo de la vida productiva afectan su posibilidad efectiva de pensión al momento del retiro laboral, y condicionan su posición de poder y de negociación frente a los hombres, limitándole en sus decisiones y acciones. Además de no reconocerse adecuadamente su aporte a la economía del país.
En promedio, 12 de cada 100 mujeres son analfabetas, (11 de cada 100 en mujeres con edades entre 30 y 59 años y 34 de cada 100 en mujeres mayores de 60 años); la tasa de participación escolar para personas de 4 años y más, es de 23.2 para las mujeres frente al 25.9 de los hombres; la escolaridad promedio del país en población de 6 años y más, es de 7.1 años de escolaridad, 7.0 para las mujeres y 7.2 para hombres. Las mujeres dedican en promedio 38 horas al trabajo doméstico mientras los hombres sólo 13 horas. (EHPM 2021)
El combate a la violencia de género una prioridad pública
Es necesario promover la reflexión sobre el problema de la violencia en el hogar y los feminicidios, para esto, se requiere de una “Política interinstitucional de El Salvador para prevenir, intervenir y acabar con la impunidad en la violencia contra las mujeres” que garantice la no revictimización, la seguridad y la reparación del daño a las víctimas de la violencia y discriminación en todas sus expresiones.
La política a impulsar debe evitar ser vista sólo como una respuesta de “campaña electoral”, por lo que debe responder a un interés nacional del desarrollo humano, contra la discriminación, por la integración y la cohesión social.
En lo inmediato, debe trabajarse prioritariamente en:
• La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género; y
• La mejora de la respuesta institucional a las víctimas de violencia de género a través de la coordinación y el trabajo en redes.
¿Qué hacer? Mayor inclusión de las mujeres para más igualdad
Es de asegurar que se retome un tema pendiente en la agenda nacional: la importancia de las mujeres para el cambio social y el desarrollo humano sostenible
Acciones sugeridas:
- Una ley especial de igual paga para hombres y mujeres, en iguales categorías laborales;
- Corregir las barreras de entrada al empleo para que más mujeres trabajen remuneradamente;
- Otorgar una subvención estatal por cada empleo dado a mujeres en concursos de oposición laboral, conforme igualdad de capacidad y competencias;
- Promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de las decisiones políticas;
- Incrementar en cantidad y calidad la participación de las mujeres en la economía, visibilizando, reconociendo y estimulando el aumento de su aporte;
- Impulsar acciones de promoción, incentivos y facilidades para la inclusión de las mujeres en los diferentes niveles educativos;
- Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías para contribuir al cierre de la brecha digital;
- Crear condiciones institucionales, metodológicas y de infraestructura para asegurar la educación y salud sexual y reproductiva;
- Implementar una campaña nacional para que hombres y mujeres compartan las tareas del hogar y cuido de la familia, para reducir la sobrecarga de trabajo para las mujeres;
- Potenciar las acciones del Estado contra la discriminación de niñas y mujeres.
Más inclusión, más educación, más empleo decente, más ingresos y más poder político para una igualdad real de mujeres y hombres.
