Es difícil pensar en que un grupo de magnates internacionales (del calibre de Slim, Clinton y Giustra) quiera invertir en razones sociales de una empresa salvadoreña por puro amor a la filantropía, cuando hay antecedentes de otros países en los que han invertido pero han recibido algo a cambio como la explotación del oro, minerales, piedras preciosas, petróleo…, a merced de su medio ambiente y de las condiciones sociales de los habitantes cercanos.
Al menos hay 29 zonas identificadas con oro en la zona norte de El Salvador, una nada despreciable tentación para quienes se dedican a extraerlo utilizando cianuros e incalculables metros cúbicos de agua, además de la destrucción de la flora y la fauna del lugar. Ese desgaste ambiental es el que se evitó el pasado 29 de marzo en el Congreso salvadoreño cuando se aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, un triunfo que así como se hizo, se puede deshacer.
El mero acercamiento de Frank Giustra, un magnate de la minería que buscó al precandidato presidencial del partido ARENA, Carlos Calleja , es por sí sólo motivo para pensar que quiere ir tras el oro salvadoreño, o al menos, despierta sospechas y alarmas de querer hacerlo.
La Ley Antiminería se aprobó con 69 votos y consta de 11 artículos. Sin embargo, por ser una ley secundaria, se requieren sólo 43 votos para derogarla, algo que no es impensable teniendo en cuenta que si ARENA gana la aritmética legislativa en 2018, la visita de Giustra podría surtirle el efecto que busca, eliminar los obstáculos para la extracción del oro e inclinar la gobernabilidad ambiental a su favor.
Al parecer, el loby de Giustra en Colombia le ha implicado una buena porción en la explotación del petróleo en dicho país sudamericano.
Sin embargo, el mismo Calleja ha asegurado ser ambientalista y “rechazar la minería metálica”, pero lo que la población requiere son compromisos firmes de todos los políticos, más que declaraciones que después caen en saco roto. El Salvador recordará la maniobra secreta con que el país fue dolarizado.
El Salvador reclama garantías contra esta cuestionada actividad económica, así como a todos los aspirantes a dirigir la nación busquen la equidad y la justicia, cerrando filas en contra negocios que vulneraría más el medio ambiente salvadoreño; una simple declaración de ambientalista en boca de un empresario aspirante a la Presidencia será objeto de dudas.
Es ahí cuando la población electora debe conocer los trasfondos de ese tipo de acercamientos para poder decidir en 2018 a qué tipo de diputados le dará el poder de sentarse en un curul para que decida el rumbo de una nación vulnerable.
