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domingo, 09 de mayo del 2021

Minerí­a y relaciones de poder, una combinación sospechosa

El paí­s reclama garantí­as y compromisos de todos los aspirantes a dirigir la nación, cerrando filas a ese negocio

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Es difí­cil pensar en que un grupo de magnates internacionales (del calibre de Slim, Clinton y Giustra) quiera invertir en razones sociales de una empresa salvadoreña por puro amor a la filantropí­a, cuando hay antecedentes de otros paí­ses en los que han invertido pero han recibido algo a cambio como la explotación del oro, minerales, piedras preciosas, petróleo…, a merced de su medio ambiente y de las condiciones sociales de los habitantes cercanos.

Al menos hay 29 zonas identificadas con oro en la zona norte de El Salvador, una nada despreciable tentación para quienes se dedican a extraerlo utilizando cianuros e incalculables metros cúbicos de agua, además de la destrucción de la flora y la fauna del lugar. Ese desgaste ambiental es el que se evitó el pasado 29 de marzo en el Congreso salvadoreño cuando se aprobó la Ley de Prohibición de la Minerí­a Metálica, un triunfo que así­ como se hizo, se puede deshacer.

El mero acercamiento de Frank Giustra, un magnate de la minerí­a que buscó al precandidato presidencial del partido ARENA, Carlos Calleja , es por sí­ sólo motivo para pensar que quiere ir tras el oro salvadoreño, o al menos, despierta sospechas y alarmas de querer hacerlo.

La Ley Antiminerí­a se aprobó con 69 votos y consta de 11 artí­culos. Sin embargo, por ser una ley secundaria, se requieren sólo 43 votos para derogarla, algo que no es impensable teniendo en cuenta que si ARENA gana la aritmética legislativa en 2018, la visita de Giustra podrí­a surtirle el efecto que busca, eliminar los obstáculos para la extracción del oro e inclinar la gobernabilidad ambiental a su favor.

Al parecer, el loby de Giustra en Colombia le ha implicado una buena porción en la explotación del petróleo en dicho paí­s sudamericano.

Sin embargo, el mismo Calleja ha asegurado ser ambientalista y “rechazar la minerí­a metálica”, pero lo que la población requiere son compromisos firmes de todos los polí­ticos, más que declaraciones que después caen en saco roto. El Salvador recordará la maniobra secreta con que el paí­s fue dolarizado. 

El Salvador reclama garantí­as contra esta cuestionada actividad económica, así­ como a  todos los aspirantes a dirigir la nación busquen la equidad y la justicia, cerrando filas en contra negocios que vulnerarí­a más el medio ambiente salvadoreño; una simple declaración de ambientalista en boca de un empresario aspirante a la Presidencia será objeto de dudas.

Es ahí­ cuando la población electora debe conocer los trasfondos de ese tipo de acercamientos para poder decidir en 2018 a qué tipo de diputados le dará el poder de sentarse en un curul para que decida el rumbo de una nación vulnerable.

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