Comprometidos con legislar a favor de todos los sectores de la población, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa modificaron, con 73 votos, la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios que se brindan a los veteranos del conflicto armado.
“En El Salvador, una de las deudas heredadas después del conflicto armado y los Acuerdos de Paz es el tema de los excombatientes y veteranos de guerra. Durante 30 años, este sector se manipuló y nunca se buscó responder a sus demandas”, señaló el diputado de Nuevas Ideas, Geovanny Zaldaña.
Estas reformas permitirán la creación del Fondo Rotativo, a través del cual el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes financiará iniciativas productivas, de vivienda y de consumo por medio del otorgamiento de líneas de crédito.
El fondo se creará con un monto inicial de $5 millones, provenientes del Presupuesto General de la Nación, y podrá ser alimentado por las utilidades e intereses generados, así como por donaciones, recursos de cooperaciones, financiamiento, entre otros.
“Los veteranos tuvieron que esperar 30 años para que un gobierno les cumpliera. Les vamos a dar capital semilla por más de $5 mil no reembolsables. También, diplomados vocacionales para que se especialicen”, sostuvo el legislador William Soriano.
Además, para ampliar el número de beneficiarios, se incluirán a todas las personas que formen parte de los registros elaborados por el Ministerio de Gobernación y la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).
“Con estas reformas se está definiendo a quiénes se les puede llamar ‘excombatientes’ y ‘veteranos’. Esa fue una de las quejas que tenían, porque muchos no estaban en el padrón y recibían beneficios”, apuntó el parlamentario Rubén Flores.
Con los cambios en la normativa, los veteranos tendrán la facultad de designar a la persona que deseen que los sustituya como beneficiaria en caso de muerte, sin la obligación de que esta sea su cónyuge o integrante de su familia como lo establece actualmente la ley.
Las modificaciones además indican que el beneficio de pensión será incompatible con cualquier otro tipo de compensación que se otorgue con fondos públicos. Esto para optimizar los recursos financieros del Estado y garantizar el cumplimiento de las prestaciones que se brindan.
