Por Alessia Genoves
“Lavado de dinero” por más de $2 millones de dólares implican al circulo familiar del expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), José Miguel Antonio Menéndez Avelar, popularmente conocido como “Mecafé”. Documentos y testigos han reiterado señalamientos en su contra, de acuerdo con recientes declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmando la adquisición de cantidades dinerarias; así como su participación en la licitación irregular del “Puente San Isidro”, resultando beneficiado en obtención de una “aeronave”.
$1,868,104.39 dólares corresponderían, exclusivamente, al monto no justificado que implican a Mecafé en hechos relativos a los de “enriquecimiento ilícito”. 16 irregularidades lo implican en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que detalla, además, la adquisición del ex-funcionario en el pago irregular de tarjetas de crédito, y la apertura de cuentas bancarias, en nombre de “propiedades offshore”, en Guatemala, El Salvador y los Estados Unidos.
Aumento Patrimonial
Mecafé representó la presidencia del Cifco durante los años 2009 al 2011, durante la administración del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009-2014). Sin embargo, la FGR sostiene que algunas de las irregularidades en su contra habrían tenido lugar desde el inicio de su administración, por lo que las pruebas se remiten desde ese período.
Algunos de los indicios lo implican con la participación de licitaciones irregulares en proyectos de construcción de obra pública. Particularmente, la FGR giró denuncias en su contra, bajo los cargos de “ casos especiales de lavado de dinero” (art. 5, lit b, Ley Especial de Lavado de Dinero y Activos), en hechos que lo implican, a su vez, en la comisión de delitos relacionados con el enriquecimiento ilícitos.
Las primeros pruebas se habrían confirmado al término de la deposición de su cargo. Mecafé habría sido sometido a la rendición de informes de su situación patrimonial, a través de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Su situación de ingresos y gastos habría implicado, inclusive, a otros tres miembros de su familia en el flujo irregular de “$3,035,337.18 dólares”. Ante el hallazgo, fue sometido ante la justicia, debiendo rendir explicaciones y pruebas de descargo ante la Cámara Primera de lo Civil.
Sin embargo, la resolución de la cámara determinó que su núcleo familiar debía responder $2,084,742.96 dólares al Estado, ya que su origen no fue justificado. En el proceso, se habría deducido la participación de su esposa, Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, de quién correspondería un incremento patrimonial, del saldo total no justificado, por $59,760.95 dólares, que se dedujeron en depósitos y préstamos bancarios irregulares. Al mismo tiempo, su hija Fátima Yanira Menéndez de Baires no pudo justificar otros $133,415.70 dólares; ni su hija Andrea Vanessa Menéndez Henríquez una suma de $23,461.92 dólares del monto total.
Mecafé
Los otros “$1,868,104.39 dólares” corresponderían al aumento patrimonial no justificado de Mecafé. En última instancia, algunas de las pericias lo implican en la adquisición de una aeronave, de modelo “Beechcraft King Air” y placas “90-TG ADL” , el vehículo estaba valuado en más de $1 millón de dólares; y su origen correspondería con el de una dádiva, adquirida desde el año 2013.
Pero el origen de la dádiva era ilícito, según lo sostiene la FGR. Algunas actas de reuniones, de la Comisión Evaluadora de Ofertas detallaban la certificación irregular de la empresa “Servicios Calificados de la Construcción (SERDELCO S.A)”, en el año 2013. La empresa solicitaba su participación en la construcción del Puente San Isidro, localizado en la “zona norte de La Libertad con el departamento de Chalatenango”. El precio de la construcción era de “$8,487,716.94 dólares”, de acuerdo con los ofertantes; y se llevó a cabo, sin que éstos contaran con los permisos requeridos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Sin embargo, su incremento capital también implicaría el encubrimiento de sus acreedores, con la apertura de “cuentas offshore”. Algunos de los testigos habrían declarado que Mecafé habría sido el apoderado legal en la apertura de una cuenta del banco de origen panameño, a través de la empresa Mossac Fonseca, cuyas oficinas tenían cede en Antiguo Cuscatlán.
Por otra parte, la pertenencia y el uso adquirido de la aeronave habría sido constatado por la FGR, basándose en documentos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que harían constar al menos “47 vuelos de su uso”. Y, entre otras cosas, el Ministerio Público a través adquirió documentación que indicaba que, a través de la empresa Cosase “pagaba la gasolina de éste avión”
Hasta la fecha, el proceso que se ventila en el Juzgado 1º de sentencia habría ventilado los alegatos de la FGR, sin omitir 2 pruebas de descargo en favor de la defensa de Mecafé. La resolución final culminará en el mismo tribunal, en las próximas semanas.
En el proceso, las autoridades determinarán su participación en el delito de “casos especiales de lavado de dinero y activos” (art. 5), que prescribe una sanción de “ocho a doce años y multa de cincueta a dos mil quieniestos salarios mínimos mensuales”. Particularmente, la FGR busca que la resolución judicial establezca que Mecafé habría adquirido, poseído y utilizado bienes, “sabiendo que derivan de actividades delictivas con la finalidad de legitimarlas” (art. 5, litb), según detalló a la prensa.
