No fue el primer organismo al servicio de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en América Latina, pues el 4 de octubre de 1973 el cardenal Raúl Silva Henríquez anunció la creación del Comité de Cooperación para la Paz en Chile tras el golpe militar “pinochetista”. Más conocido como el Comité Pro Paz, este cerró sus puertas el 31 de diciembre de 1975; pero al siguiente día tomó esa estafeta la Vicaría de la Solidaridad. Por si no lo fue, el Socorro Jurídico Cristiano (SJC) estuvo entre los primeros: nació en El Salvador el 15 de agosto de 1975. De esa “herramienta útil” echó mano el IV arzobispo de San Salvador, como buen pastor, para defender a su pueblo crucificado.
Monseñor Romero inició su “diario” personal el 31 de marzo de 1978 relatando que “la reunión más importante” de ese día, fue la que tuvo “con abogados y estudiantes de derecho convocados para proponerles las dificultades con que la Iglesia” tropezaba “al pedírsele una ayuda jurídica, legal, en tantos atropellos de los derechos humanos”. Era el SJC. Roberto Cuéllar, director y fundador de este, se enorgullece de ser el primer personaje mencionado en ese histórico documento; también por ser el último, mencionado con nombre y apellido el 19 de marzo de 1980 cuando su jefe le pidió atender a representantes de una organización popular.
No eran pequeños los desafíos para esa alianza entre Romero y la oficina humanitaria. Por ejemplo, había que entrarle a la causa penal por el asesinato de Rutilio Grande y sus dos acompañantes, con todos los riesgos que eso entrañaba; también hubo que solicitar a la Asamblea Legislativa amnistía para las personas detenidas por fuerzas represivas en el departamento de Cuscatlán, días atrás. El 14 de abril, Romero se refirió a “este impulso esperanzador de los hombres de la ley que quieren colaborar con un sentido más noble de su noble profesión” tras haber encontrado ‒a altas horas de la noche‒ al equipo del SJC “trabajando con mucho entusiasmo”. Para él era “una organización de juristas” que florecería “en una gran esperanza de nuestro pueblo”. Y así fue.
Cuenta Cuéllar que “nunca bajó su mirada crítica ante nadie cuando se trataba de hechos y señalamientos por las graves violaciones contra la dignidad humana cometidas por agentes gubernamentales, especialmente en contra de los derechos de los más pobres”. Asimismo, señala que en la célebre homilía del 23 de marzo de 1980 ‒a horas de su magnicidio‒ el arzobispo denunció la agresión contra un oficial de la Guardia Nacional cometida por miembros de grupos de izquierda que ocuparon la iglesia “El Rosario” en el centro capitalino. “Quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él en asuntos de derechos humanos ‒asegura‒ aprendimos que su denuncia fue inclaudicable”: “sin reparos, sin reserva alguna, oponiéndose al germen de la violencia de cualquier grupo que provocara violaciones contra la persona humana”.
Por eso lo mataron. “Es importante ‒aseguró Robert White, embajador estadounidense en esos tiempos aterradores‒ que entendamos que monseñor Romero no solo es un prelado salvadoreño martirizado, sino también un símbolo del heroísmo en el hemisferio occidental y en todo el mundo civilizado. Él está reverenciado como un líder espiritual muy dotado, quien pagó con su vida por decir la verdad de los vínculos entre la oligarquía salvadoreña, los militares salvadoreños y los ‘escuadrones de la muerte’. Y no perdonó a los Estados Unidos, por patrocinar y apoyar la opresión militar”.
Pero además de mártir, fue un adelantado a su tiempo; un profeta de eso que ahora los sesudos especialistas denominan “justicia transicional”. El 28 de agosto de 1977 la sintetizó así: “Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”.
Luis Pérez Aguirre dijo que los defensores de derechos humanos “hablamos demasiado sobre nuestras ideas, nuestras concepciones políticas y nuestros análisis de la realidad, mientras dejamos a las víctimas con su palabra atragantada en la boca”. Quienes a más de cien años del natalicio y más de cuarenta del martirio de san Romero de América decimos defender derechos humanos, deberíamos volver a los orígenes de ese servicio retomando su ejemplo y el del Socorro Jurídico Cristiano pues la realidad actual exige imaginación y pasión por encima de “misión” y “visión”. Hoy se va a necesitar aún más y sería de tanta utilidad, precisamente, para las víctimas; esas que decimos son el centro de nuestro quehacer.
