Por Alonso Rosales
La postura de Human Rights Watch (HRW) y de otras organizaciones de derechos humanos resulta no solo pertinente, sino urgente, frente a las recientes denuncias sobre operaciones de la Marina de los Estados Unidos en el Caribe, acciones que —según señalamientos de diversas fuentes y analistas— habrían permitido el uso de fuerza letal contra embarcaciones bajo criterios discrecionales y sin supervisión judicial efectiva.
Si estas actuaciones fueran confirmadas, constituirían una peligrosa concentración de poder en un cuerpo militar: una autoridad que decide, ejecuta y sanciona en el mismo acto, lo que en la práctica equivaldría a convertir a la Marina en juez, fiscal y ejecutor. Este tipo de prácticas, ampliamente criticadas por HRW, contraviene principios fundamentales del derecho internacional y de la tradición jurídica democrática estadounidense.
Contexto legal: lo que está en juego
Las normas internacionales —incluidos tratados ratificados por Estados Unidos— establecen límites claros sobre el uso de la fuerza letal fuera de un conflicto armado.
El derecho internacional de los derechos humanos, aplicable en operaciones de seguridad fronteriza o marítima, exige:
- Necesidad estricta en el uso de fuerza letal.
- Proporcionalidad frente a la amenaza.
- Debido proceso y supervisión judicial antes de privar a una persona de la vida.
- Rendición de cuentas posterior a cada operación letal.
Adicionalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque Estados Unidos no siempre los reconoce plenamente como vinculantes, establecen estándares universales que cualquier Estado democrático debe respetar.
En este marco, las organizaciones han señalado que convertir la interdicción marítima en una operación de “neutralización inmediata” sin proceso previo podría equivaler a ejecuciones extrajudiciales, figura ampliamente prohibida y condenada en el derecho internacional.
Contexto político: seguridad, populismo y militarización
El debate no puede desligarse del clima político contemporáneo. Diversas administraciones estadounidenses han reforzado el discurso de “mano dura” contra el crimen organizado transnacional. En ese contexto, las operaciones antinarcóticos en el Caribe suelen convertirse en símbolos de fuerza para consumo político interno, especialmente en periodos de alta polarización.
El problema es que ese impulso político puede derivar en la militarización de funciones que tradicionalmente corresponden a autoridades civiles, como la Guardia Costera, fiscales federales o tribunales competentes. Cuando la política de seguridad se formula desde la lógica del “enemigo” y no desde la del “Estado de derecho”, aparecen los excesos que hoy denuncian HRW y otras ONGs.
No debe sorprender que estas organizaciones levanten la voz: la historia demuestra que cuando los militares actúan sin control judicial, los derechos humanos siempre terminan pagando el precio.
Una advertencia necesaria
La reacción de HRW y de las demás ONGs no es un capricho ideológico ni un ejercicio retórico. Es una advertencia seria sobre los riesgos de permitir que un Estado —por poderoso que sea— opere fuera de los límites que él mismo se ha impuesto a través de su Constitución y de los tratados internacionales.
La seguridad nacional no puede servir como excusa para borrar la frontera entre legítima defensa y sanción extrajudicial. En un mundo cada vez más tenso, el respeto al derecho internacional es no solo un deber, sino una garantía mínima de que la fuerza del Estado no se convierta en un instrumento arbitrario.
En este sentido, la postura de HRW y de las organizaciones de derechos humanos es no solo acertada, sino indispensable. En tiempos en que el poder militar tiende a expandirse sobre áreas tradicionalmente civiles, alguien debe seguir recordando que la ley —y no la fuerza— es la que sostiene la legitimidad de un Estado democrático.
