Por Alessia Genoves
Mareros registrados en bases de datos serán detenidos en la Fase Extracción. Ésta declaración la compartió el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro; y refiere al registro de bases de datos de maras y pandillas, elaborada en los últimos 20 años. Cuantificarían unos 76,000 pandilleros en libertad, delos que 58,621
51,924 presuntos pandilleros han sido procesado con orden de prisión preventiva, según declaró el ministro. La cifra representa una proporción del 88.5%. Sin embargo, él mismo habría declarado, en la entrevista matutina Frente a Frente, que cerca de 2,000 personas habían sido liberadas, al no hallarles implicaciones con agrupaciones terroristas; es decir, una proporción aproximada del 3.41%.
4,071 denuncias sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos justifican reiteradas denuncias por instituciones como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), y otras. Sostienen la incertidumbre sobre los balances de la reducción de homicidios, pese a que la Policía Nacional Civil (PNC) enumera 250 días sin homicidios. Las denuncias han llegado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Registro de pandilleros
Cercos militares sitiarán pandilleros. Ésta es la interpretación general que hace Villatoro, sobre el destino utilitario de los cercos militares que se implementarán en la quinta fase del Plan Control Territorial. El objetivo de la estrategia de seguridad consiste en detener a las maras y pandillas identificadas en un registro de información, que habría creado desde las últimas 2 décadas.
“Todos los procedimientos se hacen con información de inteligencia, son 20 años de datos, nosotros vamos a extraer quirúrgicamente a estos pandilleros, es bien difícil que aparezca un homeboy que no estaba identificado”, asegura Ministro Villatoro.
Comasagua (La Liberatad) fue el escenario de la implementación de cercos militares, para la detención de pandilleros y colaboradores responsables del asesinato de un ciudadano local. El operativo que inició desde el pasado 1 de octubre, culminó a los cinco días con la captura de 40 sujetos presuntamente pertenecientes a la clica Witber Locos, de la Mara Salvatrucha.
“No es que andamos, como querían decir unos al principio de esta campaña de guerra en contra de las pandillas, que nosotros andábamos capturando por apariencias, por cómo se vestían; cómo caminaban si se ponían nerviosos. Lo cierto que tenemos los perfiles completos de los que nos hacen falta capturar. Y eso es lo que, al final, que al salvadoreño de bien que no tiene ninguna vinculación”, concluye Villatoro.
Entre otras cosas, Villatoro aseguró que la quinta fase del PCT implica el incremento de operativos militares. Hasta la fecha, el personal militar se cuantifica en un número aproximado de 70,500 activos; en suma de 9,900 de reserva. El presupuesto, hasta el año 2022, se cuantificaba en unos $420,000,959 dólares, que equivale a un 0.89% del Producto Interno Bruto (PIB), Sin embargo, de ese total, hasta el mes de junio vinculaban a tareas de seguridad pública unos 13,323 militares.
Delincuencia
246 días sin homicidios se cuantifican durante la administración del presidente Nayib Bukele, en el gobierno. 146 días sin homicidios, asimismo, se registran desde la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; es decir, cerca del 59% de los reportes de la PNC. En el mismo reporte, se hace constar una reducción de hasta el -78.3% de los 478 homicidios acontecidos en 2022, respecto a los 2,208 del año 2019.
123 investigaciones de homicidios se acumularían desde la FGR, desde marzo al mes de septiembre de 2022. La cifra contrastaría, sin embargo, a los 478 homicidios reportados durante el año 2022, por la PNC. Los datos los divulgó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia; quien además detalló que entre los años 2019 a marzo 2022, se investigarían cerca de 5,222 homicidios, una cifra que contrasta con los cerca de 3 mil homicidios observados por ContraPunto, hasta esa fecha.
Sin embargo, en los años 2014 al 2018, el Ministerio Público Fiscal investigarían unos 23,258 homicidios perpetrados. El período de análisis no corresponde al gobierno del presidente Nayib Bukele, sino al de su predecesor, el ex-presidente Salvador Sánchez Cerén, que se caracterizó por ser el más violento en la historia del país.
Villatoro, en los últimos informes de balance, indica que durante el Régimen de Excepción se habría incurrido en el decomiso de 1,932 armas de fuego; así como en la expropiación de 2,358 vehículos y en 14,700 teléfonos celulares.
Denuncias
Los resultados del PCT son cuestionados por organizaciones sociales, debido a la continua declaración en reserva de información sobre los operativos en la Guerra, y las cifras de homicidios. 4,071 denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos justifican el trámite de diferentes denuncias interpuestas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
ONU, desde la Comisión Contra la Tortura (Cat, por sus siglas en inglés), estableció una serie de demandas a El Salvador. Entre otras cosas, también exige la divulgación de informes actualizados; entre tanto, las organizaciones demandantes señalan sus cuestionamientos a los resultados de seguridad, al no disponer de dicha información.
Mientras que la CIDH demanda la participación del Estado, para esclarecer las controversias referidas en las demandas de las organizaciones sociales, la ONU exige a El Salvador la reforma de las normativas penales establecidas en el Régimen de Excepción, de conformidad con la normativa internacional.
CAT, en consecuencia, “abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por periodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”. El imperativo, según indicó, estaba influenciada con los reportes de las organizaciones citadas.
No obstante, titulares del Gabinete de Seguridad argumentaron que la ampliación en los plazos de detención incrementaban las facultades y resultados de investigación. Ésta condición se encontraría legalizada en el Régimen de Excepción, que establece los 15 días de detención; y en la interrupción de las garantías constitucionales; con precisión, en el artículo 13, inciso 3 de la Ley Superior.
Esto quiere decir que, de acuerdo con el imperativo de la ONU, sería necesario enmendar la Constitución, para reducir el plazo de 72 horas que establece, por las 48 horas, de la organización.
Otra serie de demandas, establecidas por la ONU, se referían al esclarecimiento de 90 presuntas muertes en centros penales. El dato lo divulgó Saravia, quien además indicó que las investigaciones en curso no implan al gobierno salvadoreño, ni a sus dependencias institucionales, en dichas responsabilidades. Al mismo tiempo, demandó el cumplimiento de los derechos a favor de las personas LGBT, tal y como lo ha venido haciendo.
